La operación de Illarra se reactivará este verano tras adaptar el proyecto a la sentencia

Así lo aseguró la concejala de Urbanismo, Nekane Arzallus, en respuesta a una interpelación formulada este mes por el grupo Elkarrekin Podemos. El proyecto debe subir los porcentajes de vivienda pública hasta el 75%, frente al 40% previsto antes del fallo judicial, con lo que la operación edificará 185 viviendas protegidas (135 sociales y 50 tasadas) y 65 libres.

El TSJPV estimó parcialmente el recurso presentado por la asociación de vecinos del barrio de Lugaritz-Aiete-Ibaeta contra la modificación del PGOU que redensificaba Illarra y villa Ereski con más viviendas y trasladaba de unas parcelas a otras los estándares de zonas verdes exigidos por ley. El principal correctivo que la sentencia aplicaba al planeamiento municipal tiene que ver con la consideración de Illarra como un suelo urbanizable, no como suelo urbano, lo que conlleva la aplicación de una proporción del 75% de vivienda protegida (55% sociales y 20% tasadas) y no del 40% (20% sociales y 20% tasadas), como estaba prevista por el proyecto municipal. El proyecto de urbanización existente antes de la sentencia es válido y no habrá que cambiarlo.

Villa Ereski (52 pisos libres) «pasa de ser una actuación de dotación a una actuación integrada» y tendrá ahora un 40% de las viviendas con algún tipo de protección pública, pero a diferencia de Illarra su adaptación requerirá de la tramitación del correspondiente Programa de Actuación Urbanizadora (PAU) y de un nuevo proyecto de urbanización.

A preguntas de la concejala de Elkarrekin Podemos Arantxa González, la delegada de Urbanismo explicó que se han llevado a cabo numerosas reuniones con todos los agentes implicados en el desarrollo urbanístico de estos dos ámbitos de Igara y Aiete, «habiéndose acordado básicamente los términos en los que debía redactarse el documento de adaptación de la modificación del PGOU a la sentencia». En el caso de Illarra, «se mantendrá la titularidad de las parcelas de la reparcelación vigente y se reordenan en la calificación pormenorizada las diferentes parcelas destinadas a viviendas libre, social o tasada hasta alcanzar los porcentajes citados, absorbiendo en las parcelas asignadas al Ayuntamiento la práctica totalidad del producto residencial protegido», indicó Arzallus.

Primeras viviendas

Urbanismo cree que en uno o dos meses puede ser aprobado el documento de adaptación a la sentencia, que «está siendo analizado en sus últimos aspectos de detalle por los servicios de Arquitectura, Jurídico y de Gestión del Departamento de Urbanismo», lo que permitiría este mismo verano empezar a construir las primeras viviendas libres de Illarra.

Las consecuencias económicas de la sentencia aún tardarán en conocerse. El estudio de viabilidad económico-financiero «es, por su mayor complejidad, la parte con menor grado de elaboración», indicó la delegada de Urbanismo. «No se dispondrá de dicha valoración económica de forma totalmente ajustada y precisa hasta que se proceda a la subsiguiente reparcelación económica derivada del reajuste de la nueva calificación pormenorizada en las parcelas adjudicadas».