San Sebastián

La Guardia Municipal de San Sebastián sanciona a 53 grafiteros en dos años con multas entre 200 y 500 euros

Según explica el concejal de Seguridad, Bomberos y Protección Civil, Martin Ibabe, cuando los agentes descubren a una persona haciendo un grafiti, pintada, tag (firma) o similar, esta se puede enfrentar bien a una sanción administrativa, bien a una imputación de un delito de daños, cuya instrucción iría por la vía penal. La distinción entre una y otra vía se hace en función de si se ha cometido un delito, como por ejemplo entrar en una propiedad privada para realizar el grafiti, o del importe de los daños ocasionados.

«Hacer un grafiti puede suponer un delito de deslucimiento o un delito de daños, que van por la vía penal. Estos supuestos se dan cuando los grafitis se realizan en espacios con cierta repercusión, por ejemplo la fachada de un colegio, institución o edificio público como un polideportivo. Las pintadas a los trenes y autobuses van también por la vía penal», señala el delegado del PNV, quien advierte de que «la principal diferencia es que el deslucimiento se aplica cuando la superficie que se mancha se puede limpiar más o menos fácilmente» y lleva acarreada una sanción económica de uno a tres meses, que varía en función de los ingresos del infractor. Los castigos por delito de daños son más graves y conllevan penas de prisión -que suelen ser inferiores a dos años-, aunque por lo general terminan en el pago de una multa porque los imputados suelen llegar a acuerdos para evitar la cárcel.

Cuando la infracción se tramita por la vía administrativa, las sanciones que se pueden aplicar son las recogidas en la ordenanza de Civismo y en la Ley de Seguridad Ciudadana. Estas infracciones son las relacionadas con grafitis hechos en muros, paredes, muros de la autovía o las trincheras de Euskotren o Renfe. La ordenanza de Civismo fija multas de entre 200 y 500 euros, mientras que la Ley de Seguridad Ciudadana contempla sanciones de hasta 600 euros. En caso de que se aplique la primera, el Ayuntamiento podría imputar al responsable del grafiti, además, el coste de las facturas de limpieza para los casos más graves.

Ibabe recuerda que la ordenanza municipal establece en su artículo 45 que «quedan prohibidas las pintadas, tanto en la vía pública como en fachadas de edificios públicos o particulares, mobiliario urbano, arbolado, estatuas, monumentos y, en general, sobre cualquier elemento del paisaje de la ciudad, así como los grafitis y las rayaduras en los mismos ámbitos». La normativa acepta como excepciones «los murales dibujados sobre vallas de solares, cierres de obras, paredes medianeras y similares, siempre que se obtenga previamente autorización municipal y se cumplan sus especificaciones».

Asimismo, en la ordenanza se recoge que «cuando un edificio público o elemento del mobiliario urbano haya sido objeto de pintadas, colocación de papeles, rayado de cristales, pegado de carteles o cualquier otro acto que lo deteriore, el Ayuntamiento podrá imputar a la empresa o persona responsable el coste de las correspondientes facturas de limpieza y acondicionamiento, al margen de la sanción que corresponda».

El responsable de Seguridad, Bomberos y Protección Civil añade que durante el pasado año la Guardia Municipal redactó 53 informes por grafitis que permitieron identificar a 37 personas y tramitar 33 actas con propuesta de sanción. En lo que va de 2023, se han completado 33 informes por el mismo motivo, con 29 identificados y 20 propuestas de sanción. Todas estas actuaciones se han saldado con sanciones por la vía administrativa.