Los grafiteros han pagado cerca de 10.000 euros en multas en los últimos cuatro años

El trabajo de la Guardia Municipal ha permitido recaudar en los últimos cuatro años cerca de 10.000 euros en sanciones por incumplimiento de la Ordenanza de Civismo, que prevé multas que oscilan entre los 201 y los 500 euros por emborronar paredes, persianas de garajes o establecimientos públicos y mobiliario urbano.

Así, en 2018 las arcas municipales ingresaron por este concepto 3.250 euros, en 2019 fueron 2.700 euros, en 2020 2.900 euros y hasta el pasado mes de septiembre se habían cobrado 500 euros, si bien «todavía faltan muchos expedientes por tramitar y la cifra aumentará a final de año», según detalla el concejal de Seguridad Ciudadana, Martin Ibabe.

El delegado del PNV explica que «no todas las sanciones» llegan a cobrarse y que, aparte de la multas, el consistorio también repercute a los responsables de las pintadas el coste de su limpieza.

Además, hay que tener en cuenta que algunos de estos casos se tramitan por la vía penal. La diferencia con la vía administrativa se debe al importe de los daños causados o por incurrir en hechos tipificados en el Código Penal como entrar sin permiso en una propiedad privada.

Entre los delitos que se le pueden imputar a un grafitero está el de deslucimiento de un bien, cuando se mancha con pintura que puede fácilmente limpiarse, hecho que puede acarrear multas de una cuantía variable en función de los ingresos del infractor. Si el grafiti es más difícil de quitar y requiere de una intervención más profunda, al autor se le puede acusar de un delito de daños que conlleva penas de prisión inferiores a 2 años, lo que se traduce también en una sanción económica.

A los grafitis que han seguido la vía administrativa se les aplica la Ordenanza de Civismo o la Ley de Seguridad Ciudadana –por ejemplo, si se hacen en los muros de las carreteras o las trincheras ferroviarias– y todos acaban con una multa, de 600 euros en el caso de la legislación vasca.

Ibabe cifra en 44 las detenciones de grafiteros practicadas en 2020, cifra que este año se alcanzó en verano. En 2018, las personas identificadas por este motivo fueron 61 y en 2019, algunas más.

«Es un tema que nos hastía a todos», subraya el concejal de Seguridad Ciudadana, quien recuerda que «no siempre es posible» sustituir las sanciones por trabajos en beneficio de la comunidad, por ejemplo, limpiando grafitis, fórmula propuesta por el PP en las comisiones de Pleno y que serviría a los autores de las pintadas para tomar conciencia del daño que causan con sus acciones.

El Ayuntamiento tiene varios programas de este tipo en marcha, pero el borrado de grafitis es «un tema complejo», apunta Ibabe. «Hay que tener en cuenta que el procedimiento de borrado de grafitis conlleva el uso de productos tóxicos e inflamables. En ocasiones, la pintada se encuentra en altura o en zonas de difícil acceso. Una cosa es que el grafitero se suba por su cuenta y riesgo, pero otra muy distinta es que lo haga por orden de la administración. O puede estar sobre elementos protegido como una escultura, por lo que permitir que alguien no experto participe puede ser contraproducente y provocar justo el efecto contrario al de restauración que se busca», argumenta.

Terminar con esta lacra es una tarea inabarcable, ya que a la vez que las brigadas municipales despejan una pared se está creando un lienzo en blanco en el que los gamberros del spray sueñan con dar rienda suelta a su casi siempre escaso talento. La persecución policial tampoco tiene fin, por muchas horas que le dedique la Guardia Municipal.

«El Ayuntamiento tiene un plan a todos los niveles. Es un trabajo en conjunto de la administración, pero sobre todo es un tema educacional. No voy a ocultar que estamos ante un problema significativo que requiere de importantes recursos públicos», afirma Ibabe.