«Si hace falta, haremos un piquete para impedir que desahucien a Victoria»

Victoria Noriega tiene 63 años, lleva más de veinte viviendo en una VPO de Benta Berri y en septiembre tendrá que abandonar su piso por el impago de cuatro meses de alquiler a finales del pasado año. Testa, socimi propiedad del fondo estadounidense Blackstone que gestiona esta promoción del Gobierno Vasco, le lleva hoy a juicio para desahuciarle, a pesar de que la mujer se ha ofrecido a saldar la deuda pendiente, de 3.000 euros.

Noriega percibe la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), una cantidad con la que difícilmente puede abonar los 800 euros mensuales que le cobran por la VPO. Sin embargo, sí podría asumir los 450 que cuestan otros pisos desocupados de la misma promoción y que por tamaño se ajustan mejor a sus necesidades.

Pero, según denuncian desde Stop Desahucios, el fondo Blackstone no ha respondido a ninguna de estas propuestas de solución. «Solo quieren llegar a juicio», lamenta Noriega, que cuenta con el apoyo de la plataforma encabezada por la Tambor de Oro Rosa García. El viernes se concentraron frente a la sede del Departamento de Vivienda, en la calle Andia, y esta mañana la acompañarán en la vista oral que se celebra en San Sebastián.

García asegura que «si hace falta, impediremos el desahucio con un piquete», al tiempo que critica al Gobierno Vasco por permitir que sea el propietario actual de estas viviendas protegidas «quien decida a dedo quién entra a vivir en ellas, seguramente priorizando su capacidad económica».

El caso de las 510 viviendas protegidas de Benta Berri es complejo. Se trata de una promoción de VPO de alquiler construida en 1998, pero el Gobierno Vasco dejó en manos de la promotora la gestión de las viviendas y esta se las vendió en 2016 a Testa, hoy adquirida por Blackstone. El suelo es propiedad pública y el fondo está obligado a mantener las condiciones de arrendamiento hasta 2028, cuando pasarán a ser de alquiler libre.