Denuncian al Ayuntamiento de Donostia por «prevaricación» por el acceso a la villa de Xabi Alonso en Igeldo
Haritzalde y Ekologistak Martxan acusan al consistorio y han remitido el escrito a Fiscalía por «usurpar bienes públicos» en el uso del camino del depósito municipal de agua para llegar a la vivienda
Las asociaciones ecologistas Haritzalde y Ekologistak Martxan Gipuzkoa han presentado una denuncia ante la Fiscalía de Gipuzkoa contra el Ayuntamiento de Donostia y la empresa propietaria de Villa Txalin por «prevaricación y usurpación de bienes público» en relación a la utilización del camino de entrada al depósito municipal de agua de Igeldo, único acceso a la vivienda. El chalet está situado en el paraje de Txalin, en el barrio donostiarra de Igeldo, y es propiedad de la empresa Tavaro XXI S.L. cuya administradora única es Nagore Aranburu, mujer de Xabi Alonso, exfutbolista de Real Sociedad y Real Madrid.
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Según explican ambas entidades, la licencia de construcción del chalet que se ha construido en Igeldo fue anulada por los tribunales por no cumplir los requisitos de tipología rural, sentencia que está recurrida tanto por el Ayuntamiento y como por la promotora ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. «Pero junto a esa ilegalidad había otras que no se resolvieron expresamente», advierten en referencia a la autorización especial de uso del camino que da acceso al depósito de agua, que no es de uso público, en favor de la empresa propietaria de la villa. Esta autorización, que según las asociaciones denunciantes «ya era ilegal porque la ley solo permite dar esas autorizaciones especiales a usuarios relacionados con el servicio municipal de aguas», caducaba a los cuatro años, el día 21 de marzo de 2025, y era improrrogable por el artículo 92 de la Ley de Patrimonio.
«Intuyendo que tanto el Ayuntamiento como Tavaro XXI no iban a cumplir con ese plazo y pretenderían 'olvidar' esa caducidad, en marzo de este año se notificó al Ayuntamiento la entonces próxima caducidad de la concesión, advirtiéndole de su obligación de recuperar la plena posesión del camino y la imposibilidad de que los dueños del chalet siguieran haciendo uso de él», señalan.
«Como era previsible -añaden-, el Ayuntamiento no ha hecho nada al respecto y el camino sigue siendo utilizado, ilegalmente, como acceso a la vivienda. Por ello, ante este intento municipal de, con su pasividad voluntaria, encubrir la ilegalidad del chalet, ambas asociaciones hemos denunciado al fiscal la situación, entendiendo que se han producido dos posibles delitos: uno de prevaricación, por parte del responsable de recuperar la plena posesión del camino, que en principio sería el concejal de Mantenimiento Urbano, por ser ese departamento el que concedió la autorización especial, y otro por el delito de usurpación de bienes públicos del artículo 245.2 del Código Penal, que estarían cometiendo la empresa al seguir utilizando un camino ajeno y de propiedad pública, pese a carecer de título para ello».
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