San Sebastián

La compra de los cuarteles de Loiola arranca el proyecto de nuevo barrio «central» en Donostia con 1.700 VPO

Eso sí, evidenció que apostar por este desarrollo urbano supone «dar prioridad a esta operación por encima de otras cuestiones», y que «si hemos puesto el esfuerzo de todos los ciudadanos al servicio de este objetivo, tenemos que ser conscientes de que también será así en los próximos años».

Con la parcela ya en manos del consistorio se activa el contador del proyecto para levantar un nuevo barrio en la margen noreste del río Urumea. Una reurbanización que aumentará la capacidad habitacional de la capital de Gipuzkoa con 1.700 nuevas viviendas, todas de protección pública (VPO y tasadas) y, por lo tanto, con prioridad para ciudadanos de la propia ciudad, toda vez que está previsto que antes de fin de año se apruebe un cambio legislativo en Euskadi que establece que para poder acceder a una VPO hay que llevar empadronado un mínimo de tres años en el municipio (ahora se exige solo uno).

Se trata de la operación urbanística más importante que se plantea en la capital de Gipuzkoa en los próximos años, a la espera de cómo evolucione la de Auditz Akular, que acogería más de 3.000 viviendas pero requiere procesos y plazos más largos.

El nuevo barrio, que se levantará sobre 17,5 hectáreas de superficie, acogerá igualmente equipamientos públicos aún por determinar y permitirá conectar de manera más ágil esa parte del municipio (Loiola y Txomin) con la zona alta de la ciudad. Está previsto construir dos nuevos puentes sobre el Urumea y un vial inclinado que comunicará el nuevo enclave con Intxaurrondo.

A este respecto, Goia no concretó qué tipo de instalaciones y equipamientos se proyectan en ese enclave, pero sí adelantó su apuesta por que el nuevo barrio aporte una «nueva centralidad» a la ciudad, a lo que contribuiría que acoja «equipamientos de ciudad, pensados para toda Donostia, no solo para el barrio». En esa misma línea señaló que los nuevos terrenos «pasarán de ser un ámbito cerrado a uno abierto, más accesible, mejor conectado y con nuevos servicios no solo para los habitantes del barrio y de los anexos Loiola y Txomin, sino para todos los y las donostiarras».

Pero para todo eso habrá que esperar. Como mínimo un lustro. Posiblemente al menos una década. Lo que se hizo este miércoles fue suscribir la compraventa y el cambio de titularidad de los terrenos. La firma corrió a cargo del alcalde, Eneko Goia; y de María Ángeles Cano, directora gerente del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), entidad gestora del patrimonio de Defensa. En el acto estuvieron presentes diversos concejales y la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia. Respecto al pago y de forma gráfica, Goia explicó que Cano «se ha llevado un cheque por la cantidad pactada, descontando 5 millones de euros que se abonaron ya como fianza en el momento en que se firmó el convenio».

El primer edil donostiarra calificó esta operación como «hito histórico», equiparándola con otras adquisiciones de la ciudad al Ejército en el pasado como el Monte Urgull o el campo de entrenamiento de Ondarreta, derribando las murallas. «Nuestra historia con los militares es de larga tradición y va muy ligada a los desarrollos de la ciudad. Y este va a ser el siguiente paso, muy importante».

En este caso, puso en valor que la creación de un nuevo barrio «nos va a ayudar a seguir dando pasos para dar solución a uno de los problemas que más preocupan hoy a las y los donostiarras, como es la vivienda».

Con los terrenos ya en poder del Ayuntamiento, el siguiente paso será que el Ejército abandone ese espacio y se traslade a unas nuevas instalaciones. Defensa tiene cuatro años de plazo a contar desde este miércoles para desalojar el enclave. Ese periodo puede ampliarse a cinco años «si Defensa lo necesita y siempre que la prórroga esté suficientemente justificada», añaden fuentes municipales.

Durante ese tiempo el Ayuntamiento irá avanzando en el diseño y la planificación del nuevo barrio, en el que lo previsible es que participen también el Gobierno Vasco y el Estado. Los terrenos de los cuarteles forman parte de la docena de enclaves que Donostia ofreció al departamento de Vivienda del Ejecutivo de Vitoria sobre los que colaborar para multiplicar la oferta de vivienda protegida en la ciudad. Ambas instituciones deberán firmar en su momento un acuerdo de cesión de terrenos y definir qué parte gestiona cada una. No se descarta que en la promoción de VPO participe también el Estado a través de la Entidad Estatal de Suelo (Sepes), que ya colaborará en el desarrollo urbanístico de los terrenos que ahora albergan la cárcel de Martutene (Txomin Enea II).

La concreción de cómo será el nuevo barrio vendrá a través de un concurso internacional de ideas en el que se espera acudan urbanistas de prestigio mundial. En cualquier caso, ya existe un primer boceto encargado a un grupo de arquitectos locales que habla de un «urbanismo asimétrico» que abandone la tipología clásica de edificios manzana; una trama viaria en forma de cruz que generará cuatro ámbitos residenciales totalmente peatonales; y una arquitectura que propicie la máxima integración paisajística con el parque de Ametzagaina y con el Urumea. Entre los ejemplos de transformación urbana que se han analizado para coger ideas para Loiola están los de la Isla de Nantes, Burdeos o Rotterdam.

María Ángeles Cano valoró por su parte el ejemplo de «colaboración interinstitucional y compromiso con la ciudadanía», que representa esta operación, y recalcó que el Invied «trabaja con el objetivo de gestionar de forma eficiente el patrimonio del Ministerio de Defensa, facilitando la modernización de nuestras infraestructuras y contribuyendo, al mismo tiempo, al desarrollo de las ciudades».