Áncora pide blindar en el Peppuc dos de los doce edificios de los cuarteles de Loiola
Ni Diputación ni Gobierno Vasco han presentado propuestas de protección sobre estas construcciones en la revisión en curso del catálogo municipal
El acuerdo alcanzado en el debate de los Presupuestos Generales del Estado para que el año que viene culmine la venta al Ayuntamiento de los terrenos de los cuarteles militares de Loiola ha abierto el debate sobre qué tipo de ordenación urbanística se llevará a cabo y si el nuevo barrio que emerja será algo completamente diferente a lo que conocemos hasta ahora. Paralelamente, algunas voces empiezan a reclamar que lo nuevo no acabe con todo vestigio de las actuales instalaciones militares, que han marcado la fisonomía de Loiola durante casi un siglo.
Entre estas últimas voces, la plataforma de defensa del patrimonio Áncora señaló ayer a DV que es partidaria «como Diputación y Gobierno Vasco» de que se incluyan estos edificios en el catálogo del Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido (Peppuc), ahora en proceso de revisión.
El portavoz de Áncora, Alberto Fernández D'Arlás, indicó que los cuarteles «tienen un valor patrimonial indiscutible en su conjunto y pensamos que deberían incluirse en el Peppuc en grado B». Es decir, proteger no solo su imagen exterior (fachadas) sino su interior. Ante la imposibilidad práctica de conservar todos los edificios en su integridad, la asociación apuesta por «preservar solamente dos de los doce pabellones», los dos edificios principales con fachada monumental con vistas al río, «los dos únicos construidos en piedra» y que disponen de «ornamentación artística en su interior», incluyendo «un ancho vestíbulo de estilo plateresco».
Áncora reconoce que esta petición en concreto no fue incluida en sus alegaciones presentadas al proceso de revisión del Peppuc, donde solo se hacía «una reflexión genérica solicitando la protección de varios equipamientos urbanos», pero «sin incluir especificaciones útiles para los cuarteles de Loiola». El colectivo admite que el proceso de venta de los terrenos les ha cogido con el pie cambiado también a ellos, dado que de haber sospechado la inminencia de la transformación de los terrenos habrían desarrollado más su propuesta de protección. Áncora argumenta que Diputación y Gobierno Vasco se han mostrado en diferentes momentos partidarios de proteger los cuarteles, pero el hecho es que no han formulado peticiones en la revisión del Peppuc en curso. Así lo confirmaron fuentes del departamento de Cultura de la Diputación y del Ayuntamiento.
El Departamento municipal de Urbanismo explicó que responderá a las alegaciones presentadas al Peppuc y pidió no adelantar acontecimientos sobre un proceso de ordenación urbanística que será prolongado en el tiempo y que no empezará hasta que se materialice una enajenación de los suelos cuya negociación aún no ha empezado.