La Audiencia Nacional no prohíbe la comida a favor de presos de ETA en Bilbao pero manda vigilar si se humilla a las víctimas

La Asociación Dignidad y Justicia (DyJ) pidió el jueves a la Audiencia Nacional que prohiera esa comida al entender que la misma incurre en «un delito de humillación a las víctimas y sus familiares y de enaltecimiento del terrorismo».

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama indica en su resolución que «no ha lugar» a la solicitud de la asociación, al considerar, al igual que la Fiscalía, que «no existe constancia alguna que permita afirmar, con la exigencia que en Derecho se requiere para poder restringir los derechos fundamentales de los ciudadanos, reconocidos constitucionalmente, que se haya producido o que se vaya a producir delito alguno en la comida convocada».

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional señala que deberá ser la autoridad gubernativa competente, en este caso las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad, quien deba decidir si las convocatorias denunciadas se ajustan a la normativa para su celebración. No obstante, el juez Calama subraya que si en el control y seguimiento de la comida de homenaje a los presos etarras se producen actos que pudieran constituir ilícitos penales se proceda por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a identificar y, en su caso, detener a sus autores e instruir las correspondientes diligencias.

Tras conocer el auto, el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, ha lamentando que el juez se ha limitado a transcribir el informe de la Fiscalía, que hace «caso omiso» a su denuncia. Ha censurado que se les acuse de utilizar hipótesis subjetivas y suposiciones de que se va a cometer un delito con carácter previo, un «planteamiento va en contra de la doctrina de la Audiencia Nacional».

«Todos los juzgados de la Audiencia Nacional han prohibido en alguna ocasión estos actos durante 18 años de denuncias consecutivas por los mismos hechos. Incluso el Ayuntamiento de Bilbao llegó a prohibir a los organizadores participar en las fiestas durante dos años en el año 2009, incautando a las txoznas de kaskagorri y Txori barrote material propagandístico de ETA», ha resaltado. A su juicio, si durante 18 años seguidos se comete el delito de humillación a las víctimas después de anunciarlo, «este año no será distinto».

«La Fiscalía obvia una realidad que se ha producido durante tantos años consecutivos. Espero no tenga que ver con no causar malestar a los socios proetarras del Gobierno. Mientras, los proetarras se siguen riendo de los demócratas y sobre todo de las víctimas del terrorismo», ha zanjado Portero.

Según expresó el jueves la asociación, la finalidad de esta comida «no es otra que la de loarles, recordarles y presentarles como modelo de lucha a seguir para la consecución de unos objetivos políticos, como es el alcanzar un estado independiente, socialista y euskaldun, vanagloriándoles y glorificando su pasado terrorista».

Además, la asociación añadió que «no cabe sino considerarse como un acto de humillación y vejación hacia las víctimas, pues tienen que soportar año tras año, como se les loa y exalta a los asesinos de sus familiares, convocando este tipo de actos y demás actos de recuerdo, homenaje y reivindicación de sus derechos de manera suntuosa y ampliamente publicitadas en el tiempo, pidiendo su libertad con la exoneración de su condena».

DyJ solicitó a la Audiencia Nacional que se oficie a la Guardia Civil para que envíen informes «sobre la realidad de la convocatoria», la identidad de los convocantes y que se proceda a llamar como investigados a los mismos por su participación en los hechos denunciados.