La Audiencia de Gipuzkoa confirma la condena de inhabilitación de 18 años a Urchueguía por el caso Somoto
En un acuerdo con la Fiscalía, la exalcaldesa de Lasarte-Oria reconoce delitos «continuados» de prevaricación y malversación de caudales públicos
Ana Urchueguía, alcaldesa socialista de Lasarte-Oria entre 1986 y 2010, ha sido inhabilitada para el ejercicio de todo cargo público durante 18 años por ... delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos por irregularidades en los fondos municipales destinados a proyectos de cooperación en Somoto (Nicaragua). La Audiencia Provincial de Gipuzkoa confirma la condena y pone fin a 15 años de proceso judicial.
El abogado de la defensa, Jose María Múgica, explica que Urchuegía ha avalado este martes en la Audiencia de Gipuzkoa el documento de conformidad acordado en abril con la Fiscalía y el resto de acusaciones en el que reconoce los delitos cometidos. De esta forma, la sentencia se hace firme al estar las dos partes de acuerdo en no presentar recurs ante una instancia superior.
El acuerdo entre Urchueguía y la Fiscalía reconoce que la exalcaldesa cometió entre 2000 y 2009 delitos «continuados» de prevaricación y malversación de caudales públicos por las subvenciones a Somoto, municipio de Nicaragua hermanado con la localidad guipuzcoana. El escrito, de 23 páginas, menciona 81 expedientes «al margen y prescindiendo del procedimiento legal» de concesión de subvenciones y otros 39 casos, así como desviaciones de fondos.
Pacto para evitar la cárcel
A tenor de este pacto, conseguido por Urchueguía con la Fiscalía y con las otras dos acusaciones personadas en la investigación penal abierta en un juzgado de San Sebastián desde 2015 a cambio de su confesión, la exalcaldesa ha evitado el juicio y la cárcel. Las acusaciones particulares en el caso han sido ejercidas por el exalcalde de Lasarte-Oria, Pablo Barrio, de EH Bildu, y el propio Ayuntamiento, que está regido por el socialista Agustín Valdivia.
El acuerdo alcanzado por todas las partes recoge de forma expresa que se aplique el delito de malversación de acuerdo con la última reforma del Código Penal aprobada por las Cortes a finales de 2022 en su artículo 433, de manera que se evita la pena de prisión porque «no se ha probado que doña Ana Urchueguía se apropiara de cantidades destinadas a las subvenciones», que se beneficiara en ese sentido para un enriquecimiento ilícito, o que las «múltiples desviaciones» de dinero público generaran «daños o entorpecimientos graves al servicio al que estuvieren consignadas». La prevaricación, que supone la adopción de medidas administrativas injustas a sabiendas de que lo son, nunca ha llevado asociada la pena de prisión.
El caso de Urchueguía salió a la luz pública hace ya más de una década, cuando afloraron denuncias por los vínculos entre Lasarte-Oria y Somoto y surgieron informes internos de la Intervención municipal que advertían de anomalías de gestión en una competencia que la alcaldesa se había arrogado en exclusiva en 2000.
El PSE de Gipuzkoa comunicó el pasado 2 de mayo a la dirección federal del partido, en Ferraz, la decisión de suspender cautelarmente de militancia a la exalcaldesa de Lasarte-Oria. Urchueguía militaba desde hace 41 años en el PSE.
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