Las diputaciones vascas se abren a nuevas medidas para atraer a un socio a la reforma fiscal

Una reforma, defendieron, que en su conjunto bajaría los impuestos «a un millón de contribuyentes vascos». Las diputaciones piden «responsabilidad» a la oposición ante «una propuesta equilibrada», aunque los partidos respondieron ayer que esta última oferta es insuficiente. Hay tiempo todavía de negociación y ninguna de las partes quiere dar por cerrada cualquier opción.

El acuerdo, de momento, se resiste y se ha atascado esta semana tras el preacuerdo que las bases de Elkarrekin Podemos finalmente rechazados, a lo que se suman los vetos de los socialistas al PP o la enmienda a la totalidad de EH Bildu. Las tres diputadas de Hacienda, la guipuzcoana Itziar Agirre, la vizcaína Itxaso Berrojalbiz y la alavesa Itziar Gonzalo, aseguraron ayer que la batalla no está perdida e hicieron un «llamamiento al diálogo».

Esta última propuesta vuelve a mover las piezas del tablero, apenas unos días después de que el PNV lanzara un últimatum para tratar de sumar apoyos. Los jeltzales lanzaron una última oferta que se basa en las medidas acordadas en el preacuerdo que cerraron junto a los socialistas con Podemos y que finalmente fue rechazado por el partido morado tras las divisiones internas en el partido. Los morados exigen un cambio «estructural» y EH Bildu ha señalado directamente que no tiene en cuenta una oferta que se ha trabajado con otro partido. El PP tampoco compra una reforma modificada con la izquierda confederal. En todo caso, las diputadas reiteraron que serán «generosas en el esfuerzo por llegar a un acuerdo».

Las máximas responsables económicas de los tres territorios desgranaron los cambios que ha sufrido el proyecto tras las autoenmiendas que jeltzales introdujeron para convencer a Elkarrekin Podemos. Las diputadas explicaron que se ha ampliado la obligación de declarar de los 19.000 hasta los 20.000 euros y que el incremento de la deducción de alquiler de vivienda habitual al 35% así como su límite hasta 2.800 euros, entre otros añadidos. La reforma fiscal impulsada por PNV y PSE beneficiaría, según las propias diputaciones, «a 1.038.841 contribuyentes» de Euskadi, 76.265 de ellos autónomos y 119.904 menores de 36 años. Unos datos con los que los Gobiernos forales quieren hacer ver las bondades de su norma y con los que pretenden presionar a la oposición para que alguno de los partidos vascos mueva ficha.

Berrojalbiz pidió a EH Bildu, PP y Podemos que «dejen de lado las estrategias partidistas» y les tendió la mano para negociar. La responsable vizcaína aclaró que el proyecto de PNV y PSE sigue adelante y exigió que los grupos de la oposición «expliquen con datos por qué están en contra de la norma».

En la continuada defensa que hizo del proyecto, destacó que la «revisión fiscal» que promulga es «una norma que ayuda a los más necesitados». De las tres diputadas presentes, fue la más incisiva en la apelación a las demás formaciones, cuando curiosamenta es la única que no requiere el apoyo de ninguno, porque en Bizakia el gobierno de PNV y PSE cuanta con la mayoría absoluta, no así en Gipuzkoa ni en Araba.

Ante la posibilidad de un escenario en el que la reforma fiscal se aprobase en Bizkaia y no en los otros dos territorios, generándose así una desarmonización, las diputadas prefirieron no mojarse. «En el momento en el que celebremos las comisiones veremos en qué punto estamos, todavía nos quedan semanas de trabajo», explicó Agirre. Aproximadamente un mes de margen. Además, la alavesa Gonzalo matizó que «los acuerdos se alcanzan muchas veces en el último minuto».

Sobre las dudas que ha habido en las últimas semanas con la recaudación, Berrojalbiz defendió que, aunque la previsión es que con estas medidas presentadas ayer se recauden 200 millones menos, hay que «que poner las luces largas». En este contexto, criticó que las enmiendas de EH Bildu, «lejos de recaudar los 800 millones de más que dicen», según las estimaciones forales, se recaudaría «450 millones de euros menos». A pesar de las críticas, Berrojabil cerró su intervención remarcando el objetivo de negociar «sin vetos ni exclusiones», y advirtiendo a la oposición de que si mantiene el 'no' debarán «explicar por qué no aprueban una norma que beneficia a la gente de a pie».