El reto de traspasar el muro de la cárcel

A la cárcel de Martutene solo le quedan dos años de vida, ya que está previsto que en la primavera de 2023 se inaugure la prisión de Zubieta. El traspaso a Euskadi de la competencia incluye un acuerdo por el que el Gobierno español se encargará de la construcción del nuevo centro penitenciario, que fue adjudicada por el Ministerio de Interior por un importe cercano a los 39 millones de euros. Los trabajos deberán ejecutarse en 22 meses y, una vez construida la cárcel en 2023, el Gobierno central se la traspasará al vasco para que la gestione. En ese momento, los terrenos que ahora ocupa la cárcel de Martutene volverán a ser titularidad del Estado.

La transferencia también recoge que el Gobierno Vasco asumirá los cerca de 600 funcionarios y el personal laboral que hoy trabaja en las tres cárceles vascas.

Ana Marín es educadora de presos en Martutene. Fue una de las primeras mujeres formadoras que pisaron esta cárcel. Han pasado 25 años desde entonces, cuando el centro penitenciario era todavía un mundo de hombres. Marín ha trabajado siempre de la mano de Iresgi, una asociación dependiente de la Diputación de Gipuzkoa cuyos profesionales «desarrollamos programas de intervención sociocultural, laboral y deportiva en el centro desde el año 1992».

Tanto ella como sus compañeros promueven la participación y la inclusión del preso para mejorar sus habilidades sociales, encaminadas a iniciar relaciones en el exterior. Marín lleva las áreas socio-cultural y laboral, y habitualmente realiza con los reclusos diferentes actividades y cursos formativos como educación emocional, también trabaja en la búsqueda de empleo o en el desarrollo de habilidades sociales. Otras educadoras, por su parte, se involucran en otras áreas más físicas como impartir clases de gimnasia o de yoga. «El caso es que no paramos... Solemos organizar concursos y certámenes literarios en los que participan muchos internos. Ahora, por ejemplo, con motivo de la celebración del Día del Libro, estamos con la campaña 'un preso, un libro'», relata.

Hasta que llegó la pandemia, las salidas programadas al exterior eran una de las actividades fundamentales del programa carcelario, pero el Covid-19 les ha obligado a reinventarse: «No podemos salir y todo se hace más duro, por eso hay que ingeniárselas aquí dentro», confiesa esta hernaniarra de 52 años, que tiene muy claras las necesidades del lugar en el que trabaja. Por eso, pide al Gobierno Vasco que cuando comience en octubre a gestionar Prisiones, convierta los centros penitenciarios en lugares «más habitables y estén más humanizados, porque ahí es donde viven los presos».

Recuerda también que Martutene está muy bien comunicado gracias al transporte público que utilizan los presos que salen a diario, los trabajadores y las familias, y se pregunta qué ocurrirá cuando la cárcel se traslade a Zubieta. «Allí no sé cómo lo vamos a hacer», señala. Pide asimismo inversión en formación, «que las personas presas salgan de aquí con las herramientas necesarias para poder hacer un vida normal», e inversión en sensibilización social. Pero, sobre todo, reclama al lehendakari que ofrezca información: «Existe muchísima incertidumbre porque nadie sabe qué va a ocurrir a partir de octubre. Ni los presos, ni sus familias, ni los trabajadores ni las asociaciones que cooperan con la cárcel. Nadie sabe nada de momento, y nadie quiere que se tire por la borda todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora».

Que los políticos que van a gestionar la transferencia hablen de un modelo penitenciario más humano es esperanzador. Un mensaje que comparto porque es por lo que trabajamos en Martutene». Aún así, a Miriam Iparraguirre le gustaría que las instituciones vascas se comprometieran más. Que cuando tomen las riendas se centren en el verdadero objetivo, que es la reinserción, y que para ello impliquen a la sociedad. «Es una cuestión compleja. Por eso es importante que se reconozca el trabajo que ya estamos haciendo, y que se cuente con los profesionales que llevamos años luchando por esto y que estamos cualificados», afirma. En este sentido, los resultados de ese esfuerzo hablan por sí solos: en Martutene el 46% de los reclusos está en régimen abierto; es decir, de los 218 penados, 101 están en algún tipo de régimen abierto. «Aunque la cifra es mejorable, las cosas se están haciendo bien».

Y es que Iparraguirre lleva más de 32 años implicada en la inserción de las personas presas. Como trabajadora social, se ocupa de conocer la situación socio-familiar y laboral de cada recluso, de detectar las carencias y necesidades y de atender al interno en su estancia en prisión. Forma parte de la Junta de Tratamiento, órgano que lleva a cabo los itinerarios o seguimientos para la inserción y que se encarga de hacer las clasificaciones penitenciarias.

Salaberria trabaja para que la salida del penado se haga en las mejores condiciones posibles. Toda la vida laboral de esta donostiarra de 53 años ha transcurrido en Martutene. Confiesa que le gusta lo que hace: «A veces es muy duro porque tratas con gente que sufre, pero también es gratificante ver que muchas personas salen adelante». Y algo que considera urgente es «modernizar la administración en cuanto a las nuevas tecnologías. Vamos atrasados en la digitalización».

A los abogados nos afecta de lleno el estado de los locutorios, que son los espacios donde visitamos a los reclusos, donde hablamos e intercambiamos información con ellos. Y los que tenemos en la cárcel de Martutene son una auténtica vergüenza». Eduardo Bolea, abogado donostiarra de 65 años, y que lleva más de 35 en la profesión, dice que la situación de esos lugares es a día de hoy «terrible». Cuenta que los locutorios están viejísimos, que solamente hay dos, y que muchas veces los teléfonos para comunicarse con los presos no funcionan. A su juicio, «un auténtico desastre».

Como todos los letrados, Bolea se relaciona con sus representados a través de un cristal y, si el teléfono está estropeado, «no podemos hacer nada. También puede ocurrir que un funcionario de Prisiones tenga que hacer gestiones con un determinado interno en la cabina y nos toque esperar mucho porque son cuestiones que no se solucionan en dos minutos... Es desesperante». Este abogado penalista pide al Gobierno Vasco que se renueven esos espacios. Que se hagan más habitables. En cualquier caso, supone que en la nueva cárcel de Zubieta, que se inaugurará en 2023, «las cosas serán diferentes y los abogados podremos contar con una mayor privacidad, y sin tener que escuchar los gritos de los locutorios de al lado».

Bolea reclama, asimismo, algo que, de entrada, sabe que será difícil de conseguir: los vis a vis, los cara a cara con los reclusos. Considera que sería, sin duda, «lo mejor para todos». A la cabina los abogados deben entrar sin móvil y sin tablet... está prohibido. Solo con papel y boli. «Y así es difícil atender bien a un representado que tiene un caso de asesinato, por ejemplo. Es muy complicado preparar una defensa de esta manera, la comunicación es casi imposible», se lamenta.

Es el capellán de la cárcel de Martutene desde hace cinco años, y desde hace más de veinte dirige Loiola Etxea, lugar donde reside y un espacio de intervención en los procesos de reinserción social, especialmente penitenciaria. «Nuestra labor no se limita solo a realizar una labor asistencial en el interior del penal. También es necesario facilitar ese difícil tránsito del recluso hasta que deja de serlo. Apoyar a sus familias hasta que sus vidas se vayan normalizando y romper el aislamiento social que supone estar en prisión. Porque la salida de una cárcel es un reto, es descubrir que la vida sigue y que hay que enfrentarse al día a día», confiesa Martin Iriberri. Pero deja claro que esta tarea no es solo suya, sino también la de tantos voluntarios implicados en la labor social de la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis.

Jesuita navarro de 51 años, Iriberri considera que las alternativas a las penas de prisión están en la sociedad, en la calidad de los recursos con los que puedan contar los internos para reinsertarse y en la superación de los estereotipos sociales en torno a ellos; es decir, «hay que mejorar la situación penal pero, sobre todo, que la sociedad sea capaz de dar segundas oportunidades». Por eso reclama al Ejecutivo de Urkullu la aplicación de recursos de apoyo a las personas que salen libres.

A su juicio, se debe flexibilizar la ejecución penal, asegurar que la suspensión de la condena permita a la persona una nueva oportunidad, aunque puntualiza que «esto no quiere decir que delinquir salga gratis ni que la reparación a las víctimas no sea importante». Y, ante todo, hace un llamamiento a las instituciones porque «si los sistemas de bienestar social, todos, acompañaran a estas personas, se evitarían muchos delitos».

Patricia Vélez López de Zubiria ha vivido en primera persona los efectos de la dispersión y ahora sigue implicada en Etxerat, la asociación de familiares de presos de ETA, trabajando en la asistencia a los familiares y la organización de los viajes en autobús a distancias largas, «una logística difícil», asegura. Sobre la transferencia de Prisiones reconoce no tener más información ni más conocimiento de lo que aparece en los medios de comunicación. Pero afirma que lo que sí sabe es de dónde vienen, «y venimos de treinta años con nuestros familiares en prisiones muy alejadas de sus casas y de sus familias, y con una ley de excepción penitenciaria en primer grado.

En este sentido, ¿qué podríamos reclamar a las instituciones teniendo en cuenta que todavía no todos nuestros reclusos están en las cárceles del País Vasco?», se cuestiona. Portavoz de Etxerat desde hace seis años y miembro del Foro Social, Vélez pide al Gobierno Vasco que «no aplique una ley de excepción penitenciaria al colectivo de presos de ETA y que les deje hacer el recorrido jurídico-penitenciario que deben». Insiste en que, de momento, la asociación no sabe cómo les afectará la transferencia, ni si los traslados de los reclusos dependerán del Ejecutivo de Vitoria o del Gobierno de Pedro Sánchez.

No obstante, esta hernaniarra de 48 años reconoce que «las cosas están empezando a cambiar», aunque su función sigue siendo la misma: la de preparar los viajes «a las cárceles del Estado español» con furgonetas conducidas por voluntarios: «Aunque mi trabajo ahora está siendo más complicado de organizar, afortunadamente, porque poco a poco se van vaciando algunas cárceles y quedan ya menos presos fuera de casa».

No quiere decir su nombre, ni su edad ni su lugar de procedencia. Se limita a contar que es un preso de Martutene que está en régimen abierto y que le quedan unos cuantos meses para salir en libertad total y poder afrontar una nueva vida tras cumplir una condena de varios años. Lleva pulsera de control telemático y tiene la obligación de pasar de 10 de la noche a 7 de la mañana en un piso tutelado.

A su juicio, la transferencia de Prisiones a Euskadi es una «urgencia» porque «esta cárcel funciona muy mal». Confía en que el Gobierno Vasco llevará a cabo una gestión «más humana, más cercana» y que se centre más y mejor en la reinserción de los internos. «Creo que Martutene no nos prepara todo lo bien que podría para volver a la vida, al día a día, para una buena reinserción social. Y si no se hace esto bien se puede reincidir y volver a delinquir». Este guipuzcoano se muestra también crítico por el estado de la cárcel, «que tiene ya muchos años y está muy vieja; no hay lugar para el deporte, no existen ni campos de fútbol, ni de atletismo, ni de nada».

Pero lo que de verdad lamenta es que «la gestión está basada en una especie de 'régimen antiguo', y mientras ciertas personas sigan formando parte de la Junta de Tratamiento, de la directiva, no habrá nada que hacer. No se puede entender por qué les cuesta tanto dar permisos, podrían sacar a mucha más gente a la calle y no lo hacen. Y esto es contraproducente». Asegura que, a veces, «más que una cárcel, Martutene se parece a un circo», algo que achaca a la manera de hacer de ese 'viejo régimen' al que se refiere. Pero dice que tiene «esperanza» y confía en que «todo cambie» en octubre, cuando se haga efectivo el traspaso y esté «en manos del lehendakari. Entonces se modernizará la manera de dirigir esta prisión».

Lleva más de 21 años en Martutene. Y es feliz por partida doble. «Trabajar en esta cárcel es placentero y San Sebastián es una ciudad preciosa», confiesa Chema Gómez, jefe de la guardia interior de funcionarios y responsable de la seguridad de la zona de reclusos. Los turnos de trabajo le permiten vivir en su ciudad natal, Alcalá de Henares: «Tenemos turnos muy compactos, trabajamos tres días seguidos y libramos cinco, y por ser funcionario y desplazado en el País Vasco tengo 16 días más, aparte de las vacaciones. Por eso no me importa desplazarme tantos kilómetros», explica.

A día de hoy, asegura, con el equipo directivo que tenemos en este centro, «sobre todo con Marian Moreno, la directora, muchos estamos encantados». Dice que no es «por hacer la pelota», pero que de los treinta años de trabajo en tres cárceles diferentes «es la mejor directora que he tenido nunca». En este sentido, a la pregunta de qué le gustaría cambiar o mejorar cuando el Gobierno Vasco tome el mando de Prisiones responde «seguir como estamos. Es verdad que la cárcel está vieja. De esto no hay duda. Pero el equipo, el centro y cómo funciona... no cambiaría nada, me gustaría seguir igual. Por supuesto pediría que nos mantengan los turnos y la cadencia de libranzas». Lo que sí echará de menos en la nueva cárcel de Zubieta es la residencia: «Es la única desventaja, que aquí tenemos una zona de residencia para los funcionarios y esto se va a acabar. En la nueva prisión no habrá. Perderemos ese 'privilegio' de vivir a cinco minutos del trabajo, pero es así».

Lo único que preocupa a este madrileño de 60 años es que desde octubre el Ejecutivo vasco «pueda exigir algún perfil de euskera a los funcionarios. No podría mantener una conversación fluida... En ese caso, sin duda me plantearía marcharme, por mucho que lo lamente».