El PSOE reconoce no haber «arropado lo suficiente» a las mujeres que denunciaron por acoso a Salazar

En la formación, y singularmente entre las feministas, se respira desde hace días una fuerte indignación, disgusto y zozobra. El hecho de que las cosas se hayan hecho así de mal en un asunto del que el PSOE siempre ha hecho gala y que forma parte de sus señas de identidad -cuando, tras los escándalos de 'Tito Berni' o de los audios que recogen el trato denigrante hacia las mujeres de el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, más celo se debería haber guardado-, ha provocado un verdadero incendio, que ahora se intenta sofocar.

Las sospechas de que desde el núcleo duro del partido se ha tratado de proteger a quien, hasta su dimisión el pasado 5 de julio, cuando se conocieron los primeros testimonios en su contra, era uno de los hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez planea en el ambiente.

En las conversaciones de los socialistas ha estado estos días muy presente la amistad entre Salazar, la actual secretaria de Organización, Rebeca Torró (de la que hubiera sido nombrado adjunto de no estallar el escándalo) y el matrimonio formado por Antonio Hernando y Anabel Mateos, ella adjunta de Torró y él ahora secretario de Estado y miembro de la ejecutiva, tras ser el número dos del gabinete del presidente. Sánchez los eligió en la renovación de la dirección que acometió en julio, en su intento de pasar página del 'caso Cerdán'.

Las secretarias y responsables de Igualdad en los territorios, el Congreso y el Senado, están convocadas a una reunión presencial para abordar el asunto después de haber mantenido el miércoles por la noche una cita telemática con la secretaria federal, Pilar Bernabé, que concluyó, según admiten varias de ellas, de manera insatisfactoria. Muchas esperaban a ese próximo encuentro para obtener explicaciones más claras y soluciones. La nota de hoy pretende servir de aperitivo.

«Lamentamos no haber arropado suficientemente a las personas que han presentado las denuncias. Nos duele que haya sucedido», asegura la comunicación, en la que Ferraz admite que «el contenido de las denuncias publicadas detalla comportamientos repugnantes, intolerables e incompatibles con los valores del Partido Socialista» y reivindica que, el mismo día en el que se tuvo conocimiento de las acusaciones, Salazar «fue apartado de todos sus cargos y responsabilidades».

Esa es una a versión ligeramente distinta de la ofrecida en su momento, cuando se aseguró que había sido el entonces secretario de Coordinación Institucional de la Presidencia del Gobierno y secretario de Acción Electoral en el PSOE quien voluntariamente había presentado la renuncia. La número dos del partido, María Jesús Montero, llegó a poner en valor, de hecho, que «el compañero» había dado un paso atrás cuando tan solo había sido «citado en un artículo de prensa» y «no había ninguna concreción respecto a qué exactamente se estaba denunciando».

En la nota difundida este viernes, en la que se explica de manera somera cómo funciona el protocolo antiacoso aprobado por la ejecutiva en mayo (poco más de un mes antes de que se conocieran las acusaciones contra Salazar) se hace un relato cronológico, aunque esquemático, de los hechos y se asegura que el hecho de que en el sistema no aparezcan las denuncias -algo que alarmó a las denunciantes hace unas semanas, cuando tras saber de una comida de la ministra Pilar Alegría con el exidirigente al que señalaron quisieron saber cómo iba al proceso- no significa que se hayan eliminado sino que «para salvaguardar la confidencialidad» , pasados 90 días desde su registro, quedan ocultos (se «ofuscan»).

También se remarca que las denuncias se pueden realizar por cauces distintos al informático, como ocurrió en el caso del alcalde de Torremolinos, Antonio Navarro, contra el que la Fiscalía abrió este jueves diligencias preprocesales. En ese caso, tras ser informada por la ejecutiva provincial de Málaga, la ejecutiva federal dio traslado en junio al órgano antiacoso, que fue quien inició los trabajos y se puso en contacto con la denunciante. Con todo, seis meses después, y como ocurre con el 'caso Salazar', tampoco la comisión antiacoso había resuelto nada. Montero, que hoy no quiso hablar de estos temas, sí admitió la víspera que los tiempos del partido son «excesivamente largos».

Ferraz aduce que ese órgano «desarrolla sus funciones de forma independiente y autónoma respecto del resto de los órganos de la organización y no puede recibir instrucciones de ningún tipo». Y se excusa: «Somos el primer partido en España que cuenta con un protocolo frente al acoso sexual. Y somos conscientes de que al ser un sistema innovador precisa de mejoras continuas».

Aun así, la dirección del partido promete «tolerancia cero» contra los acosadores y asegura que las denuncias contra Salazar, están siendo «analizadas y contrastadas» y que el trabajo de la comisión se recogerá en un informe que también incluirá «la propuesta de medidas a adoptar» por parte de la secretaría de Organización. Dado que el investigado se dio de baja como militante la semana pasada, ya no podrá ser suspendido, como ocurrió hoy mismo con Navarro. Pero muchas mujeres exigían que, pese a todo, no se diera carpetazo al asunto porque lo que sí puede bloquearse es su futuro regreso al partido.