El PSE da de baja a Urchueguía por malversar y el PNV exige a los socialistas que pidan perdón

El Partido Socialista suspenderá cautelarmente de militancia a la exalcaldesa de Lasarte-Oria, Ana Urchueguía, tras admitir esta una serie de «delitos de prevaricación y malversación de fondos», sin enriquecimiento personal, en un pacto alcanzado con la Fiscalía, por el llamado caso Somoto que investigaba desde hace unos años presuntas irregularidades en la concesión de los fondos de cooperación entre la localidad guipuzcoana y este municipio nicaragüense. El PSE de Gipuzkoa ha comunicado esta decisión a la dirección federal del partido, en Ferraz, en el que Urchueguía militaba desde hace 41 años.

El asunto va a tensar en especial las relaciones entre el PSE y el PNV, que ha exigido a los socialistas que pidan perdón por los hechos. Los jeltzales, que ofrecieron sus disculpas tras la sentencia del caso De Miguel, acusan a los socialistas de «promover y proteger» a Urchueguía durante años.

En todo caso, el pacto debe ser visado en una vista oral por la Audiencia de Gipuzkoa, que evitará su entrada en prisión, y supone la aplicación de la última reforma del Código Penal en relación con la malversación de fondos atenuada, que no implica enriquecimientos personales ilícitos pero sí un absoluto descontrol en el manejo de los fondos públicos, con subvenciones a dedo fuera de los mecanismos de control, a sabiendas de que se conculcaba la legalidad.

El acuerdo entre Urchueguía -alcaldesa socialista de Lasarte-Oria entre 1986 y 2010- y la Fiscalía reconoce que la primera cometió entre 2000 y 2009 delitos «continuados» de prevaricación y malversación de caudales públicos por las subvenciones a Somoto, municipio de Nicaragua hermanado con la localidad guipuzcoana. El escrito, de 23 páginas, menciona 81 expedientes «al margen y prescindiendo del procedimiento legal» de concesión de subvenciones y otros 39 casos, así como desviaciones de fondos.

Según este pacto -conseguido por Urchueguía con la Fiscalía y con las otras dos acusaciones personadas en la investigación penal abierta en un juzgado de San Sebastián desde 2015- a cambio de su confesión, la exalcaldesa evitará el juicio y la cárcel: será condenada, una vez que el pacto sea visado por la Audiencia de Gipuzkoa, a 18 años totales de inhabilitación y a una multa simbólica de 2.160 euros. Las acusaciones en el caso eran el exalcalde de Lasarte-Oria, Pablo Barrio, de EH Bildu, y el propio Ayuntamiento, que en este momento está regido por el socialista Agustín Valdivia, que aspira a la reelección.

El pacto alcanzado por todas las partes recoge de forma expresa que se aplique el delito de malversación de acuerdo con la última reforma del Código Penal aprobada por las Cortes a finales de 2022 en su artículo 433, de manera que se evita la pena de prisión porque «no se ha probado que doña Ana Urchueguía se apropiara de cantidades destinadas a las subvenciones», que se beneficiara en ese sentido para un enriquecimiento ilícito, o que las «múltiples desviaciones» de dinero público generaran «daños o entorpecimientos graves al servicio al que estuvieren consignadas». La prevaricación, que supone la adopción de medidas administrativas injustas a sabiendas de que lo son, nunca ha llevado asociada la pena de prisión.

El caso de Urchueguía salió a la luz pública hace ya más de una década, cuando afloraron denuncias por los vínculos entre Lasarte-Oria y Somoto y surgieron informes internos de la Intervención municipal que advertían de anomalías de gestión en una competencia que la alcaldesa se había arrogado en exclusiva en 2000.

Los socialistas de Lasarte-Oria aseguraron este martes que «no ha habido apropiación de dinero público» en un comunicado emitido en el que manifiestan su «máximo respeto» a las decisiones judiciales. «En todo momento ha sido interés del PSE-EE esclarecer las posibles dudas existentes en relación a la cooperación que el Ayuntamiento de Lasarte-Oria mantuvo entre 2000 y 2008 con el pueblo de Somoto en Nicaragua».

El PSE relata que el 1 de marzo de 2010, Urchueguía dimitió de alcaldesa y recuerda que, a partir de ese momento, el gobierno socialista del Ayuntamiento liderado por Jesús Zaballos, que asumió la alcaldía el 5 de marzo de 2010, contrató una auditoría externa con la empresa Deloitte para su fiscalización y constituyó una comisión de investigación donde se aprobaron unas conclusiones que reconocían haberse producido diversas irregularidades administrativas durante dicha gestión. «No ha habido apropiación de dinero público», asegura el PSE.

«Sin quitar importancia a la gravedad de los hechos enjuiciados, el PSE-EE de Lasarte-Oria quiere destacar que en el acuerdo se señala expresamente que Ana Urchueguía no se apropió de cantidades destinadas a las subvenciones y tampoco las desviaciones de dinero público generaron daños o entorpecimientos graves al servicio al que estuvieren consignadas ya que fueron empleadas en Somoto», precisaron.

Urchueguía tiene 71 años y está totalmente fuera de la política. Fue juntera por Gipuzkoa, exsenadora, exdelegada del Gobierno Vasco en Chile y Perú con el lehendakari Patxi López y fue edil de Hernani al inicio de la Transición hasta la constitución de Lasarte-Oria como municipio independiente.

La noticia trascendió a última hora del lunes e irrumpe de forma inesperada en la recta final de una precampaña electoral de perfil bajo en Gipuzkoa para el próximo 28 de mayo. De hecho, el PNV exigió este martes a los socialistas que «pidan perdón» a través de una nota de su grupo de concejales en el Ayuntamiento de Lasarte-Oria. «Después de 16 años de trabajo político y denuncia judicial se ha demostrado que teníamos razón, que ha habido una utilización ilegal de fondos públicos», señalaron en un comunicado.

En esta nota, difundida a media tarde de este martes, los concejales del PNV censuran a la dirección del PSE de no tener la «diligencia debida» tras las denuncias formuladas por otros partidos «frente a las flagrantes irregularidades que se estaban cometiendo». En el escrito, señalan que el PSE «muy al contrario contribuyó a la protección y la promoción» de Urchueguía aun cuando «era público que sus gestión de los fondos de cooperación era éticamente reprobable a la luz de la documentación audivisual explícita de sus andanzas en Somoto en el verano de 2007».

El PNV acusa también al Gobierno Vasco de Patxi López de «dar vía de escape» a Urchueguía al nombrarle delegada del Ejecutivo autónomo en Chile y Perú en 2010. Los jeltzales reclaman a la dirección del PSE que pida «perdón» a las ONGs, asociaciones y activistas que trabajan por la cooperación al desarrollo y que se vieron «injustamente salpicadas por las actuaciones irregulares de Urchueguía, que contó con la protección de su partido».