La exalcaldesa de Lasarte-Oria llega a un acuerdo con la Fiscalía para eludir la prisión por el 'caso Somoto'
El pacto reconoce delitos de malversación de fondos sin enriquecimiento personal y, si es visado por la Audiencia, supondrá la inhabilitación de Ana Urchueguía durante 18 años y una multa simbólica
Ana Urchueguía, la que fuera alcaldesa socialista de Lasarte-Oria entre 1986 y 2010, ha alcanzado un acuerdo en las últimas semanas con la Fiscalía en el que reconoce que cometió entre 2000 y 2009 delitos «continuados» de prevaricación y malversación de caudales públicos por las irregularidades en los fondos municipales dirigidos a proyectos de cooperación en Somoto (Nicaragua), municipio con el que está hermanada la localidad guipuzcoana. En particular, el escrito menciona a 81 expedientes «al margen y prescindiendo del procedimiento legal» de concesión de subvenciones y a otros 39 casos, así como desviaciones de fondos respecto a sus destinados inicialmente planteados.
Según este pacto -logrado por Urchueguía con la Fiscalía y con las otras dos acusaciones personadas en la investigación penal abierta en un juzgado de San Sebastián desde 2015- a cambio de su confesión, evitará el juicio y la cárcel: la exalcaldesa será condenada, una vez que el pacto sea visado por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, a 18 años de inhabilitación y a una multa simbólica de 2.160 euros. Las acusaciones en el caso eran el exalcalde de Lasarte-Oria, Patxi Barrio, de EH Bildu, y el propio Ayuntamiento, que en este momento está regido por el socialista Agustín Valdivia, que aspira a la reelección.
Nuevo Código Penal
El pacto alcanzado por todas las partes recoge de forma expresa que se aplica el delito de malversación de acuerdo con la última reforma del Código Penal aprobada por las Cortes a finales de 2022 en su artículo 433, de manera que se evita la pena de prisión porque «no se ha probado que doña Ana Urchueguia se apropiara de cantidades destinadas a las subvenciones» y que se beneficiara en ese sentido para un enriquecimiento ilícito, o que las «múltiples desviaciones» de dinero público generaran «daños o entorpecimientos graves al servicios al que estuvieren consignadas». La prevaricación, que supone la adopción de medidas administrativas injustas a sabiendas de que lo son, nunca ha llevado asociada la pena de prisión.
El caso de Urchueguía salió a la luz pública hace ya más de una década, cuando afloraron denuncias por los vínculos entre Lasarte-Oria y el municipio nicaragüense de Somoto y surgieron informes internos de la intervención municipal que advertían de algunas anomalías de gestión en una competencia que la alcaldesa se había arrogado en exclusiva en 2000.
Urchueguía tiene 71 años y está totalmente fuera de la política. Fue también juntera por Gipuzkoa, senadora, exdelegada del Gobierno Vasco en Chile y Perú con el lehendakari Patxi López y concejal de Hernani al inicio de la Transición hasta la constitución de Lasarte-Oria como municipio independiente.
