El PNV reclama la gestión de la Seguridad Social como eje de la negociación para apoyar a Sánchez

El propio presidente del EBB, Andoni Ortuzar, ha declarado recientemente que en esta y en otras materias se debe llegar a un acuerdo como condición previa para que su partido dé sus cinco votos a Sánchez en el Congreso, un apoyo indispensable para que el presidente en funciones permanezca en La Moncloa.

La reclamación viene de antiguo. La transferencia del régimen económico de la Seguridad Social ha sido una exigencia permanente de los jeltzales al tratarse de una competencia recogida en el Estatuto de Gernika. Considerada como una de las piezas clave del autogobierno, sin embargo, los sucesivos ejecutivos del Estado la han ido retrasando.

Este arrastrar los pies también incluye a Sánchez quien relegó el trasvase en el primer calendario de transferencias, aunque fue incluida posteriormente en el marco de las negociaciones para propiciar su investidura en 2019. El 20 de febrero de 2020 la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, presentó al lehendakari un cronograma que marcaba un plazo de dos años para cerrar una treintena de traspasos. La previsión era que a mediados de 2021 deberían estar transferidas todas las competencias pendientes, a excepción de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Este traspaso, el más complejo técnica y políticamente, se relegó al última lugar del calendario, pero con el compromiso de que su «estudio» se iniciaría entre junio y diciembre de 2021.

Esta inclusión en el cronograma, aunque fuera de refilón, fue la gran novedad respecto al plazo que Sánchez presentó un año antes, aunque finalmente también acabó siendo papel mojado.

El PNV ha decidido que hasta aquí hemos llegado y ahora el 'expediente Seguridad Social', que había quedado sepultado debajo de los demás, situarlo encima del montón como prioritario. Además, exigirá que el nuevo calendario cuente con garantías porque, en palabras de Ortuzar, «no puede pasar que quede en agua de borrajas, como los anteriores. Sin esta premisa, no habrá un 'sí' del PNV al candidato socialista».

Uno de los principales problemas es evitar el enorme encontronazo político que supondría cruzar la línea roja que supone la ruptura de la caja única de la Seguridad Social. Sin embargo, la reclamación que se realiza desde el PNV no conlleva abrir ese melón, sino que se ciñe a demandar la gestión del régimen económico, no el traspaso desde el Estado de la propia institución de la Seguridad Social y de la capacidad normativa y decisoria sobre la misma. El lehendakari ha señalado que se trataría «de la misma caja, pero con diferente cajero».

Hay expertos que recomiendan incluso que más vale que esa caja unitaria estatal no se toque porque a Euskadi las cuentas le saldrían a perder dado el envejecimiento de la población, un agujero que ronda los 4.000 millones al año.

En definitiva, se trata de reclamar lo que se recoge en la Disposición Transitoria Quinta del Estatuto, la «subrogación» de la tesorería de la Seguridad Social «dentro del carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad». Es decir, Euskadi ingresaría, gestionaría y pagaría las prestaciones, por ejemplo, las jubilaciones. También se haría cargo de trámites como las altas o bajas de las empresas o de la potestad inspectora o sancionadora. Estas labores conllevarían la incorporación del personal que hoy trabaja como empleado público en los distintos organismos estatales desde los que se realizan esas tareas, como el Instituto Nacional de la Seguridad Social, parte de la Tesorería o el Instituto Social de la Marina.

Según datos del Portal de Transparencia del Gobierno, el traspaso, a nivel laboral, afectaría en toda Euskadi a 1.598 empleados públicos. En el caso de Gipuzkoa, los involucrados serían 456 en total.

La transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social es una materia altamente sensible en términos políticos porque, si bien no se cruza la línea roja de la caja única, se presta a un debate intenso sobre agravios entre territorios. De hecho, como recordó Darías a preguntas del PP en el Congreso el 26 de febrero de 2020, otros estatutos de autonomía, además del vasco, recogen esta misma competencia, lo que obligaría a analizar la cuestión en el marco del Pacto de Toledo. En esa misma sesión el diputado popular Víctor Píriz censuró a la ministra por «entregar la llave de la caja única» al PNV.

Las críticas también provienen de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado quienes en su día advirtieron de que una decisión de esta trascendencia afecta de lleno al artículo 149 de la Constitución, «que otorga la competencia exclusiva al Estado sobre legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social».

Por tanto, un envite difícil para el PNV, pero con la llave de La Moncloa en sus manos es posible que esta vez sí se lleve el gato al agua.