El PNV lanza en solitario una reforma legal sobre el euskera y el PSE ve «incumplido» el pacto

El divorcio en esta materia es el desenlace a semanas de conversaciones al más alto nivel. Se trataba de una operación auspiciada por el PNV en respuesta a la «ofensiva judicial» que denuncia ante las sucesivas sentencias que han anulado requisitos lingüísticos en procesos selectivos de ayuntamientos y diputaciones. Los jeltzales, cada vez más presionados por EH Bildu y la comunidad euskaltzale, querían impulsar un blindaje legal, pero su socio, el PSE-EE, se mostraba reacio a acometer modificaciones porque no comparte el diagnóstico y antepone los derechos laborales a los lingüísticos.

Las opciones de acuerdo se antojaban muy lejanas desde un comienzo y así se ha acabado evidenciando. Los socialistas venían rechazando todas las propuestas que el PNV iba poniendo sobre la mesa; entre ellas, como adelantó EL CORREO, cambios en los índices de preceptividad que marcan el porcentaje de plazas del sector público en las que se debe exigir el euskera en función de la realidad sociolingüística. La paciencia de Sabin Etxea con su socio se fue agotando, así que la semana pasada ya lanzó un ultimátum, que luego retiró, para llegar a un acuerdo o, en caso contrario, avanzar por su cuenta.

Tras una última reunión celebrada este jueves, los jeltzales han movido ficha. Esteban ha llamado este viernes por la mañana a Andueza para comunicarle la intención de su grupo de registrar minutos después una proposición para reformar la Ley de Empleo Público. Se trata de la misma norma que quiere cambiar EH Bildu para que se exija el conocimiento de la lengua vasca por regla general en el acceso a todo trabajo en la Administración, una obligación que sólo se podría levantar «de forma justificada y objetiva» en plazas concretas.

La iniciativa del PNV es más contenida, aunque también implicaría importantes cambios. En concreto, propone modificar un solo artículo de la ley para añadir dos párrafos. La propuesta pasa por que cada administración determine «con máximo rigor» el porcentaje de plazas con exigencia del euskera y que no se apliquen «determinaciones generales de índices de obligado cumplimiento». El cambio pretende reforzar la «seguridad jurídica» y quitar argumentos a la Justicia para que sea más difícil anular procesos selectivos en la Administración.

Markel Olano, parlamentario y burukide del EBB encargado del área de Euskera, ha explicado que la propuesta pretende revertir el «punto flaco» de la legislación, un «talón de Aquiles» que debilitaba la seguridad jurídica de las OPE. «Es una modificación sencilla, pero va al núcleo de la cuestión», ha ahondado. El dirigente guipuzcoano se ha esforzado en todo momento por reivindicar el diálogo mantenido hasta ahora con el PSE-EE y ha insistido una y otra vez en que «no se ha roto nada» porque la tramitación parlamentaria permitirá seguir negociando.

No lo ven así en la bancada socialista. El parlamentario Pau Blasi ha salido a la palestra minutos después para censurar la decisión de los jeltzales y les ha acusado de «incumplir» el acuerdo de gobierno firmado hace justo un año: «No atiende ni a su espíritu ni a su contenido». De hecho, el dirigente socialista en ningún momento le ha querido quitar hierro a la cuestión: «Lo vemos con gravedad. No es un desacuerdo menor». Además, respecto al texto en sí, el PSE-EE cree que lejos de reforzar la seguridad jurídica, «sume a las OPE en una mayor vulnerabilidad».