PNV y PSE acelerarán para aprobar catorce leyes pendientes en el final de la legislatura

Las sesiones arrancarán en el Parlamento el 14 de septiembre con el pleno de política general. En esa sesión el lehendakari y cada grupo marcarán posiciones para el último ejercicio que, si no hay sorpresas, debería desembocar en las próximas elecciones autonómicas de 2024.

El programa legislativo acordado en 2020 por el Gobierno de Iñigo Urkullu se marcó como objetivo la aprobación de 36 leyes. A día de hoy han visto luz verde 22 y quedan pendientes 14. Además, se han tramitado otras 18 no previstas en el plan del Ejecutivo, de las que 14 han sido aprobadas por el Parlamento. Entre las que han salido adelante se encuentran algunas de gran trascendencia, como la Ley de Empleo Público, la de Igualdad, la que regula la Renta de Garantía de Ingresos o la Reforma del Tribunal de Cuentas.

Ahora bien, como se ha señalado anteriormente en cartera quedan todavía 14 normas del programa inicial del Ejecutivo y la Cámara solo dispone de ocho meses para aprobarlas. Entre ellas se encuentran algunas de profundo calado social y político, como la Ley Vasca de Educación. Esta fue aprobada por el Gobierno Vasco el 25 de abril de este año y ahora se encuentra en trámite parlamentario.

Lo que finalmente ocurra con esta norma es una incógnita. Arrancó en 2022 con buenos augurios tras haber logrado un consenso básico entre PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos. Sin embargo, con posterioridad los socialistas mostraron sus reticencias porque la ley no incluía los modelos lingüísticos y advirtieron de que podrían enmendarla si se produce una «deriva» hacia la «construcción nacional». Por su parte, Elkarrekin Podemos y el PP anunciaron que presentarían enmiendas a la totalidad. En consecuencia, solo PNV y EH Bildu respaldan la norma tal y como está redactada a día de hoy.

Otra ley 'estrella' de esta legislatura es la de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, aprobada por el bipartito en julio de 2021. Todo indica que el texto pactado entre PNV y PSE logrará un amplio respaldo en el Parlamento. De hecho, EH Bildu llegó en junio a un acuerdo con jeltzales y socialistas para apoyar la norma después de que la ponencia de la Cámara vasca decidiera aceptar varias de las propuestas de la coalición independentista, entre ellas que el Ejecutivo, a través de Gogora, forme un equipo científico profesional compuesto por referentes en materia de derechos humanos y expertos en la Guerra Civil y la dictadura franquista. El objetivo de este equipo será «investigar e identificar las vulneraciones de derechos humanos» ocurridas en Gipuzkoa, Bizkaia y Araba durante la Guerra Civil y el franquismo, entre 1936 y 1978.

En cartera quedan asimismo varias normas relevantes de contenido económico. Entre ellas se encuentra la Ley de Transición Energética y Cambio Climático. Se trata de una herramienta clave para dar respuesta tanto al objetivo marcado en el Acuerdo de París de 2015, que instaba a limitar el aumento de temperatura global a 1,5 °C con respecto a la época preindustrial y adaptarse a los efectos del cambio climático. La norma también responde a la Declaración Institucional de Emergencia Climática de 2019, en la que el lehendakari anunció «acciones urgentes y ambiciosas» para lograr una Euskadi neutra en carbono en 2050.

En este mismo orden también resulta de calado la proposición de ley sobre medidas para combatir la deslocalización empresarial, en este caso a iniciativa de EH Bildu y ahora en plazo de presentación de enmiendas. Como su propio nombre indica, se trata de dificultar que las compañías que se han asentado en Euskadi y hayan recibido ayudas públicas acaben yéndose. La norma establece la obligación de devolver el dinero recibido en los diez años anteriores. Es una propuesta controvertida y la patronal vasca ya ha manifestado su rechazo porque puede ahuyentar inversiones.

La Ley antideslocalizaciones se tramita en paralelo a la Ley Vasca de Subvenciones (como dos proyectos legislativos independientes) en el seno de la Comisión de Economía y Hacienda, aunque es previsible que ambos asuntos queden subsumidos en una única norma, la de subvenciones. Asumida ya por el conjunto de la Cámara vasca, aunque en su día PP-Ciudadanos y Vox votaron en contra de su tramitación, la propuesta está en fase de enmiendas (hasta el 8 de septiembre).

En el ámbito económico-laboral también destaca la Ley Vasca de Empleo, aprobada por el Ejecutivo de Urkullu el pasado mes de abril. El objetivo es que para julio de 2024 los desempleados tengan asignado su orientador, con la previsión de que un año después todos cuenten ya con su itinerario. También tendrán derecho a estas políticas activas los ocupados que así lo demanden.

Para cumplir con la nueva ley se está llevando a cabo una profunda reorganización de Lanbide, que cuenta con 46 oficinas (una virtual) y un millar de empleados. De ellos, cerca de 373 son orientadores y se pretende llegar a 430.