El pacto PNV-EH Bildu en Gipuzkoa a favor del derecho a decidir tensiona el debate del estatus

PNV y EH Bildu han transaccionado una iniciativa que votarán hoy en la segunda sesión del pleno de política general de las Juntas Generales de este territorio por la que abogan que el nuevo Estatuto recoja el derecho a decidir de la sociedad vasca como reflejo de su voluntad democrática libremente expresada. La propuesta pactada por ambos grupos incluye también el reconocimiento de Euskadi como nación, el respeto a la pluralidad y un emplazamiento a que la Constitución debe respetar y reconocer «los sentimientos de pertenencia de unos y de otros». La iniciativa marca el terreno al presidente del PNV, Andoni Ortuzar, en un momento en que está a punto de abrir una ronda de contactos para explorar si es factible ampliar el consenso sobre el futuro del autogobierno vasco con un nuevo pacto estatutario transversal que implique también al PSE y a la izquierda independentista.

La moción apuesta por «el pleno ejercicio de los derechos históricos del pueblo vasco como expresión institucional del derecho a decidir la libre ciudadanía a través de la cual se manifiesta la bilateralidad».

«El autogobierno vasco actual», sostiene el texto, «debe superar el marco Euskadi-Estado porque así conseguirá Euskadi garantizar la voz en todas las instituciones europeas en las que le sean reconocidas como competencia propia». La declaración reafirma en que «la actualización del autogobierno debe incluir la renovación de las competencias».

La propuesta pone de relieve un acercamiento entre el PNV y EH Bildu en Gipuzkoa pese a que Eider Mendoza, diputada general, no logró el respaldo de la izquierda independentista para sacar adelante los Presupuestos forales de este año.

La aproximación PNV-Bildu contrasta además con la apuesta por la ampliación del pacto estatutario, que los jeltzales y el PSE han encuadrado como un objetivo del programa de coalición del Gobierno Vasco en el marco de «la legalidad vigente» para ampliar el consenso del Estatuto de Gernika de 1979. El secretario general del PSE, Eneko Andueza, ha expresado la voluntad de su partido de frenar cualquier deriva autodeterminista. Fuentes de la dirección nacional del PNV apuntaron ayer que no sienten «incomodidad» por esta declaración soberanista, que sitúan en el terreno de lo simbólico y de la legitimidad ideológica de las reivindicaciones del nacionalismo.

Los jeltzales de Gipuzkoa liderados por Joseba Egibar se muestran históricamente más proclives a un entendimiento previo con la izquierda independentista que termine por 'mover' al PSE. La moción en favor del derecho a decidir está firmada por la portavoz de EH Bildu en las Juntas, Maddalen Iriarte, y por la portavoz jeltzale, María Eugenia Arrizabalaga.

Esta propuesta se materializa una semana después de que la diputada general defendiera en su discurso ante el pleno de política general de las Juntas el derecho a decidir como principio democrático. «Tenemos que contar con estructuras de Estado e institucionalizar el derecho a decidir», señaló Mendoza. Esta mención en la intervención suscitó el claro malestar de su socio de Gobierno foral, el PSE.

El marcaje soberanista se produce en vísperas de que Ortuzar se disponga en las próximas semanas a contactar con todos los partidos, salvo Vox, para explorar si existe suficiente masa crítica y voluntad de diálogo a favor de un nuevo pacto estatutario. El acuerdo PNV-PSE apuesta por la actualización del Estatuto con un respaldo lo más amplio posible. Ortuzar defiende que el nuevo Estatuto debe reconocer la nación vasca, un nuevo sistema de garantías, la singularidad del autogobierno y la bilateralidad.

La polémica que puede reactivarse en el Parlamento Vasco revela diferencias de forma y de fondo ya observadas en los debates de la ponencia en la legislatura 2016-2020 cuando PNV y EH Bildu acordaron un documento de bases que recogía el derecho a decidir, la consulta habilitante y la bilateralidad como elementos esenciales de un nuevo marco jurídico de sesgo confederal.

Posteriormente, un grupo expertos encomendado por el Parlamento Vasco elaboró un anteproyecto en el que se plasmó un amplio acuerdo sobre la modernización del autogobierno, los nuevos derechos sociales y la actualización del modelo a Europa. El derecho a decidir – que no se recogía en el texto común y sí en las enmiendas particulares– fue el caballo de batalla que bloqueaba el cierre de un pacto.