Quién es quién en el caso De Miguel

Exburukide del ABB, exprocurador en las Juntas Generales de Álava y exconcejal del Ayuntamiento de Vitoria. Responsable del Centro de Empresas e Innovación de Álava localizado en el Parque Tecnológico de Álava hasta su detención.

Miembro del Araba buru batzar, exgerente del instituto alavés de Bienestar Social y supuesto promotor de algunas de las sociedades investigadas. En un cuaderno suyo aparecieron las anotaciones que demostrarían el pago de comisiones tras contratos ‘a dedo’.

Bilbao, Bajo y Gaztelu son las esposas de De Miguel, Tellería y Ochandiano, respectivamente. Eran socias y titulares de un tercio de las participaciones de Kataia Consulting, la empresa sobre la que supuestamente pivotó el entramado delictivo. Aintzane De Miguel, hermana de ‘Txitxo’, se encargaba de llevar la contabilidad, crear las «facturas falsas que justificasen los ilícitos cobros» y controlar las cuentas del resto de sociedades «satélites».

Fue el gérmen del ‘caso De Miguel’. El constructor Jon Iñaki Echaburu, dueño del Grupo Loizate, constituyó junto a la abogada y empresaria vizcaína Ainhoa Alberdi -la mujer que destapó el caso- la mercantil Urbanorma Consulting. Esta empresa fue adjudicataria, sin que mediara concurso público, del contrato para gestionar la ampliación del Parque Tecnológico de Álava.

Hay imputados cuatro miembros de una misma familia. Iosu Arruti era administrador único y socio junto a su padre, Jesús Arruti Odriozola, de la mercantil Sidepur, empresa contratada por el Ayuntamiento de Zambrana para impulsar el desarrollo industrial del municipio. Iosu Arruti captó supuestamente a un grupo de inversores catalanes para liderar el proyecto y cobró presuntamente por trabajos que no han sido documentados desviando parte de esos fondos a sociedades de su amigo De Miguel.

Otras cinco personas vinculadas con la trama de Zambrana, destapada en su día por EL CORREO, figuran en la lista de imputados. Una es Justi Angulo, alcaldesa del munipio alavés por el PNV desde 1995 hasta junio de 2007. Se le acusa de contratar a Sidepur para impulsar una fallida macrorrecalificación de más de 1,2 millones de metros cuadrados y levantar un polígono industrial en el pueblo sin haber cumplido supuestamente con la legalidad vigente. En este bloque, se incluye a los socios catalanes captados por Iosu Arruti para liderar la operación.

El magistrado señala a Gurutz Larrañaga, viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes del Gobierno vasco desde 2003 a 2009. Presuntamente firmó adjudicaciones injustificadas a Kataia Consulting, Errexal y Ortiz Muga, pero no fue él quien las concertó supuestamente, sino Xabier Sánchez Robles, director de Juventud y Acción Comunitaria.

Iñaki San Juan, exedil del PNV en Leioa, era administrador de las mercantiles Errexal y Ortzi Muga. Recibió una veintena de contratos sospechosos del Departamento vasco de Cultura. Por su parte, Prudencio Hierro ejercía como gerente de Ezkibel y de Gestión de Recursos Baio, empresa relacionada con el pago de unas obras realizadas en el piso de Ainhoa Bilbao, esposa de Alfredo de Miguel, en la localidad vizcaína de Gorliz.