La cifra de manifestaciones en Gipuzkoa baja un 37% fuera de periodos electorales

Así, en 2022 se celebraron 1.664 convocatorias de este tipo en el territorio, mientras que al año siguiente la cifra se redujo a 1.419 y, un año más tarde, a 1.051 –ver gráfico adjunto–. Es decir, una reducción del 37% desde 2022 a 2024. Hay que recordar que en 2023 se celebraron elecciones municipales y forales en los tres territorios vascos –entre ellos en Gipuzkoa– y como las calles se se suelen calentar con meses de antelación, por eso 2022 fue el ejercicio donde hubo más marchas.

Bingen Zupiria, consejero del ramo del Ejecutivo autonómico, en declaraciones a este periódico que en estos tres ejercicios analizados –cuando era portavoz del Gobierno de Iñigo Urkullu–, corroboró junto al exlehendakari que «en algunos casos denunciamos que se estaba produciendo una presión social muy importante a través de manifestaciones y movilizaciones que nos encontrábamos en todas partes y que especialmente en las capitales causaron malestar en una parte importante de la población».

Desde Seguridad, preguntados al respecto, matizan que no todas las movilizaciones que se convocaron fueron por motivos políticos, «pero es verdad que coinciden en el tiempo casualmente». Además de para presionar al Gobierno de turno en funciones por cuestiones políticas, cada territorio acoge cada año numerosas movilizaciones por razones económicas –amenazas de EREs en empresas, despidos, renovaciones de convenio...– o sociales –sanidad, violencia machista, solidaridad con conflictos internacionales...–, aunque desde Lakua no las tienen identificadas con este criterio respecto a Gipuzkoa. Lo que sí precisan es que en las estadísticas oficiales se contabilizan las manifestaciones celebradas y cuyo número de participantes «sea superior a 20, conocidas por la Ertzaintza».

¿Pero cómo se convocan las manifestaciones? Cuál es el procedimiento? ¿Qué requisitos hay que cumplir? El consejero Zupiria explica que el principal es el de la «mera comunicación». Es decir, transmitir esa voluntad al departamento que él dirige. «Y en el 99% de los casos, salvo que esa iniciativa coincida con otra concentración o con alguna situación de riesgo para la seguridad pública, no hay ninguna objeción a que se produzcan manifestaciones o concentraciones. Por lo tanto, en principio, no se prohíben ni se autorizan las manifestaciones. Se comunican y se hacen», relata.

Esa comunicación, que debe realizarse «con hasta 24 horas de antelación», se convierte en conflicto de calado cuando se omite. Es decir, cuando la Ertzaintza detecta que un grupo de personas toma la calle para hacer sus reivindicaciones sin tener la autorización. Valga como ejemplo lo sucedido el pasado 23 de julio en Vitoria, cuando una acampada no anunciada de Gazte Koordinador Sozialista (GKS), el movimiento juvenil que surgió en 2018 de una escisión de EH Bildu, en protesta por la negativa recibida a contar con su presencia en el recinto festivo de la capital alavesa derivó en un incidentes contra la Policía autonómica con el resultado de cuatro personas detenidas y siete agentes heridos.

Zupiria asegura que los problemas surgen cuando son movilizaciones no comunicadas –en alusión a este caso–. Y el procedimiento de la Ertzaintza y también de las policías locales ante esas situaciones suele ser la de identificar a los responsables de esa concentración. En el caso de GKS en Vitoria no hubo aviso. No hubo ninguna comunicación. Por lo tanto, es por eso por lo que acude la defensa», argumenta.

La memoria reciente de Zupiria alcanza a describir otro caso de características similares que sucedió en Bilbao en 2023. Se trató de una concentración de «unas 200 personas, la mayoría jóvenes», que acudieron a la delegación del Gobierno en la plaza Moyúa sin previo aviso. ¿Qué sucedió después? Lo cuenta el propio consejero: «Interrumpieron el tráfico y crearon un caos enorme. La Ertzaintza acudió al lugar e intentó que se desplazaran de la carretera a la plaza. Además, identificó a las personas que participaron en esa concentración. Tuvieron su correspondiente sanción, que fue recurrida y en última instancia el tribunal correspondiente ha dado la ración al departamento de Seguridad y ha obligado a esas personas a hacer frente a una sanción cercana a los 2.000 euros en cada uno de los casos».

Volviendo a las estadísticas facilitadas por Seguridad, ¿cuáles son los municipios guipuzcoanos con una mayor actividad en las calles en esta materia? Lógicamente, San Sebastián e Irun son las que más convocatorias acogen en sus calles ya que son las más numerosas en cuanto a población. La capital tiene más de 180.000 habitantes y la localidad bidasotarra, algo más de 60.000.

En el caso de Donostia, celebró 356 manifestaciones en 2022, 315 en 2023 y 295 en 2024. En total, 966 en tres ejercicios. La cifra de Irun, por su parte, se eleva hasta las 304 siendo 2023 el año más agitado con 109 movilizaciones. Prácticamente, una cada tres días. El tercer puesto de esta estadística lo ocupa Hernani con 207 manifestaciones. Un municipio muy activo ya que, pese a ser el séptimo más poblado, fue el tercero con más movilizaciones. En el lado contrario de la balanza figuran Aia, Elduain, Elgeta, Itsasondo, Legorreta, Segura y Zaldibia con una marcha registrada en sus calles en los últimos tres años.