Izquierda abertzale y pactos con el juez, más necesidad que virtud

En todo caso, estos acuerdos judiciales, que ya sirvieron hace casi diez años para que los miembros de las antiguas direcciones de Batasuna, ANV y EHAK eludieran la prisión en el llamado 'caso Segura', sirven al mundo de Sortu para implementar medidas enmarcadas en la «justicia transicional», que defienden que debe aplicarse allí donde se busca superar «conflictos políticos».

En 2016, los 35 dirigentes políticos, como el ahora eurodiputado de EH Bildu, Pernando Barrena, se enfrentaban a un proceso judicial donde se acusaba a aquellos tres partidos políticos de estar instrumentalizados por ETA. En aquel tiempo, en el que la violencia armada había cesado y estaba a punto de culminar el desarme, los encausados, en un movimiento entonces inédito, decidieron aceptar condenas que oscilaban entre año y medio y dos años de cárcel, lo que propiciaba que eludieran la prisión, a cambio de reconocer «su instrumentalización por parte de ETA» y alcanzar un acuerdo en el que «renuncian a cualquier actividad relacionada con la violencia» y reconocen el «daño» a las víctimas. AVT y Dignidad y Justicia, dos colectivos de víctimas de los más críticos con ese mundo, aceptaron el acuerdo.

En esa línea se enmarca lo ocurrido este lunes en el juicio por humillación a las víctimas de ETA por la celebración de recibimientos en los pueblos a expresos que eran excarcelados, algo que resultaba lacerante para los familiares de asesinados. Aunque la izquierda abertzale llevaba tiempo haciendo pedagogía interna para acabar con este tipo de actos y reducirlos al ámbito privado o familiar del expreso, se produjeron varios casos y el tema acabó a juicio. Con la decisión ahora de los encausados, entre ellos el exmiembro de ETA y exdirigente de Sortu Antxon López Ruiz, 'Kubati', de asumir que esos 'ongi etorris' «humillaban» efectivamente a las víctimas, los acusados han logrado evitar la cárcel y profundizar en esa estrategia de Sortu, de enmarcar la autocrítica en el «reconocimiento del daño» y la «reparación de las víctimas». Covite volvió a afear este pacto judicial y exige decir que «humillar estuvo mal». De hecho, el pasado viernes no acudió al homenaje anual del Congreso a las víctimas del terrorismo por la presencia del grupo parlamentario de EH Bildu, que sí está participando en los últimos años en este tipo de actos.

Aunque en su día, el mundo de Batasuna consideró que estos acuerdos podrían ser a su vez un «modelo para los presos», de momento, los reclusos de la disuelta ETA siguen otro carril, al estar ya condenados de antemano, aunque también con matices semánticos, como el de Henri Parot, que ha logrado un permiso tras una carta manuscrita en la que dice que «el daño causado nunca debió ocurrir».

También ha habido acuerdos judiciales en otros ámbitos, como el conocido el jueves, por el que 23 acusados por los incidentes en un mitin en Errenteria del entonces presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en 2019, han aceptado un delito electoral a cambio de condenas menores. Ha sido un pacto con la Fiscalía que ha evitado incluso el juicio, en este caso dilucidado en la Audiencia de Gipuzkoa.