El Gobierno Vasco trabajará «pico y pala» por el traspaso de los aeropuertos vascos

La próxima fecha clave será la del 1 de octubre, cuando ambos gobiernos se sentarán en la mesa para negociar sobre una de las competencias que mayor complejidad técnica entraña. Un encuentro en el que la consejera de Autogobierno y principal figura negociadora del equipo del lehendakari Imanol Pradales, Maria Ubarretxena, tratará de reconducir las reticencias del Gobierno central. «Madrid nos ha dicho que no a todo», puntualizan, y recuerdan que el 'no' en primera instancia al traspaso de las competencias pendientes no es una situación novedosa. Ya ocurrió en su día con Prisiones, y se repitió en julio cuando el ministerio de Trabajo, liderado por la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, se negó al acuerdo sobre la gestión del paro, que forma parte del primer bloque del régimen económico de la Seguridad Social, también sellado en el pacto entre PNV y PSOE para facilitar la investidura de Pedro Sánchez en noviembre del 2023.

Los tres aeropuertos vascos, que cuentan con la condición de interés general, son competencia exclusiva del Estado. En todo caso, desde el Ejecutivo vasco afirman que esa condición no es insalvable y que es posible buscar «otras fórmulas negociadoras». Y el hecho de que el 49% del gestor aeroportuario Aena, que cotiza en Bolsa, provenga de fondos de inversión privados (el 51% sí pertenece al Estado) dificulta sobremanera el traspaso íntegro. También ha sobrevolado la posibilidad de que Euskadi pueda tener participación a través de una filial, aunque no parece que sea la opción que más satisfaga al Gobierno central.

Ambos ejecutivos firmaron en julio, en momentos previos al encuentro que Pradales y Sánchez protagonizaron en Moncloa, las bases para la cita del próximo 1 de octubre, donde se acordó «establecer mecanismo de participación en materia aeroportuaria que faciliten una mayor implicación interinstitucional», además de reforzar la «cogobernanza». Entre los aspectos «estratégicos» plasmados en ese documento, al que ha tenido acceso DV, se apunta a la participación de Euskadi en «nuevas rutas, incentivos o inversiones» en los tres aeropuertos vascos. También la supervisión de la calidad del servicio, la coordinación logística con trenes y autobuses o la sostenibilidad ambiental.

Ubarretxena no llevará una propuesta concreta a la reunión de la semana que viene ya que en primer lugar se deberán producir unas conversaciones de tanteo para conocer el punto de partida que pretende marcar el Ejecutivo de Pedro Sánchez. En todo caso, desde Euskadi aseguran que «van a pelear» y a «trabajar pico y pala» ese pacto y que hay una presión política, el acuerdo de investidura entre jeltzales y socialistas, que obliga al cumplimiento del Estatuto de Gernika. Por si fuera poco, el tiempo apremia y la fecha límite para completar las transferencias pendientes, final del 2025, podría acelerar las negociaciones. Fuentes del Gobierno Vasco recalcan que no han recibido ninguna petición para alargar esos plazos.

Todo esto se pondrá sobre la mesa el miércoles de la semana que viene, cuando Ubarretxena se desplazará a Madrid para participar en la primera subcomisión en materia aeroportuaria. Un foro en el que Euskadi tratará de amarrar vía negociación la citada gestión conjunta de los tres aeródromos vascos. No será su única visita a Madrid, ya que la consejera Ubarretxena se trasladará con abundante frecuencia a la capital durante todo otoño. Ya avisó el lehendakari a finales de agosto en el inicio del curso político que «si hace falta nos atornillaremos a la silla en Madrid hasta que el Gobierno cumpla lo pactado».

La negociación transferencial se cruzará en otoño con las maniobras del Gobierno central para que los partidos que conforman el bloque de investidura apoyen los Presupuestos Generales del Estado. Una ardua tarea visto que tanto Podemos como Junts ejercen una fuerte presión sobre Sánchez. Bajo este contexto, encarrilar el Estatuto de Gernika podría ser un buen motivo para que el PNV conceda sus cinco votos en el Congreso de los Diputados al Ejecutivo de coalición conformado por el PSOE y por Sumar.