El Gobierno Vasco se reunirá en breve con Bolaños para pedirle más juzgados que palíen la sobrecarga de trabajo

Así lo ha dado a conocer la propia San José durante su comparecencia en el Parlamento Vasco. Y es que la saturación que sufren los juzgados vascos -acumulan retrasos con una sobrecarga de 18.000 casos más al año, con datos del 2023- llevará al Gobierno Vasco a solicitar formalmente la apertura de nuevos juzgados. Una reclamación que también ha verbalizado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSPJV), que el pasado mes de abril consideró prioritaria la creación en 2024 de dos nuevos juzgados en Euskadi: el de Primera Instancia número 9 de Donostia-San Sebastián y el de lo Social número 13 de Bilbao, debido a la alta carga de trabajo que vienen soportanto en estas salas.

Así lo aprobó el TSJPV. La propuesta, de hecho, ha sido ya remitida al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para su elevación al Gobierno central, quien será el encargado de determinar el número de nuevos juzgados a crear este ejercicio y los que le corresponden a Euskadi.

Y es que San José ha resaltado que es necesario trabajar para lograr una mayor agilidad en los juzgados, «porque una Justicia menos lenta es de mayor calidad», ha defendido. De ahí que haya anunciado que «para esa mayor agilidad, en unos días -ha dicho sin especificar la fecha exacta-, nos reuniremos con el ministro de Justicia para trasladarle la necesidad de contar con más juzgados que permitan atender la demanda, medida clave para paliar la lentitud». Un aumento que, en todo caso, se planteará desde el equilibrio territorial.

La consejera de Justicia, que ha cerrado este miércoles en la Cámara de Vitoria la ronda de comparecencias de todos los miembros del Gobierno Vasco, ha comparecido con su equipo al completo, entre ellos, los viceconsejeros de Justicia y Derechos Humanos, Alfonso Gómez y Alfredo Retortillo, respectivamente, y el director general de Gogora, Alberto Alonso. Y, según ha detallado la consejera, su departamento se ha marcado un triple objetivo para esta legislatura: modernizar la Justicia, implementar un nuevo modelo penitenciario y abrir un nuevo ciclo en las políticas de memoria. Una memoria, ha recalcado, «deslegitimadora, crítica e inclusiva, no sólo enfocada en las víctimas, sino para poder construir una sociedad decente». «Justicia, víctimas y memoria», ha resumido como ejes esenciales.

San José, que ha puesto el acento en la necesidad de fomentar una Justicia accesible e igualitaria para todos los ciudadanos -con el foco puesto especialmente en la población más vulnerable- también ha mostrado su compromiso «expreso» por avanzar en la euskaldunización -la parlamentaria de EH Bildu le ha afeado los «problemas de los vascoparlantes en la justicia»- y para garantizar la gratuidad en la prestación de la Justicia. Además, ha adelantado que durante su mandato se actualizará la Estrategia Vasca de Justicia Restaurativa, en vigor hasta 2025, siempre, ha dicho, centrando la atención «en la reparación del daño causado» y «el reconocimiento del daño injusto cometido». Con las víctimas, ha incidido, «siempre en el centro».

Por otro lado, la consejera San José también ha anunciado que la administración penitenciaria -Euskadi asumió la competencia de Prisiones hace ya tres años- contará esta legislatura con «entidad propia» dentro de la estructura del Gobierno. ¿Cómo? Con la creación de una dirección específica de servicios penitenciarios. Y es que las funciones que se desempeñan en esta área estaban hasta ahora dispersas en otras direcciones ya existentes. Eso sí, San José ha querido dejar claro que desde el punto de vista presupuestario «solo tiene incidencia en la creación de una dirección y una secretaría de alto cargo».

San José, que también ha hecho referencia al centro penitenciario de Zubieta, no ha dado detalles sobre la fecha exacta en la que se prevé la apertura de la nueva cárcel de Gipuzkoa. Aunque ya se baraja la posibilidad de que la inauguración se lleve a cabo en el primer trimestre del próximo año, cuando se trasladará a la población reclusa desde la cárcel de Martutene. Eso sí, ha manifestado que la semana pasada tuvo la oportunidad de conocer las instalaciones y ha resaltado la importancia que supone para el Gobierno Vasco la asunción de esta cárcel porque, ha dicho, «nos va a permitir resolver a corto plazo los problemas de ocupación» que existen en las cárceles vascas. En la actualidad, la población reclusa gira en torno a 1.600 personas.

Además, se ha comprometido a aprobar la Relación de Puestos de Trabajo de Prisiones «antes de que acabe el año», un paso necesario para la primera OPE de funcionarios de prisiones vascos, y ha asegurado que se presevará el acuerdo alcanzado por el anterior equipo del departamento que dirige con ACAIP-UGT.

Igualmente, San José ha detallado los retos estructurales en este ámbito. Y, según ha resaltado, el primer problema relacionado con la gestión penitenciaria es la salud mental y, junto a ella, la de adicciones o «las situaciones que pueden concluir en muerte por suicidio». Además, ha destacado la Justicia terapéutica; una forma de hacer justicia, ha explicado a preguntas de los grupos parlamentarios, «que trata el impacto emocional que genera en las personas el tránsito por el sistema judicial»..

Además, ha adelantado que buscará mejorar la comunicación con las víctimas de delitos. De ahí que su departamento creará un nuevo protocolo de información para darles cuenta de las situaciones cambiantes de los victimarios que les afecten, como podría ser un cambio de grado, por ejemplo.

A preguntas también de los grupos de la oposición respecto a los presos de ETA, la consejera ha asegurado que «nadie espere de mí un trato distinto a los presos» de la organización terrorista. Y, ante las críticas por la concesión de los terceros grados, sí ha reconocido que, efectivamete, se han revocado algunos de ellos, si bien ha querido puntualizar que, además de los relativos con delitos de terrorismo, también ha habido otros casos de distinta índole delictiva. «Nosotros no haremos distinciones porque, de hacerlo, sería prevaricar», se ha defendido.

Además, ha tildado de «error político» tratar a los presos de ETA como «colectivo». «Nosotros no vamos a a conceder ese estatus diferenciado: dentro de los centros penitenciarios el tratamiento a todas las personas es individualizado», ha recalcado San José, que en todo caso también ha manifestado que «sería bueno que salgan reconociendo el daño causado». Además, ha recordado al PP, ante las críticas de la parlamentaria Laura Garrido, que durante el Gobierno de Aznar se concedieron libertades provisionales y terceros grados a condenados por terrorismo, «incluso cuando ETA aún mataba» y que, sin embargo, «siempre contó con el respeto de la oposición».

Respecto al área de Memoria y Derechos Humanos, la otra rama de su departamento, la consejera San José ha defendido la necesidad de contruir «una memoria crítica claramente deslegitimadora de cualquier vulneración de derechos humanos por motivación política, y con visión intergeneracional».

San José ha apostado en este sentido por trasladar a los jóvenes «lo que ha pasado» para evitar que vuelva a suceder. Por ello, y a modo de resumen, ha señalado que «ha habido grupos terroristas que decidieron organizarse para eliminar al diferente, siendo ETA la organización terrorista que más persistió en el tiempo en toda Europa»; ha señalado también que «ha habido personas que, haciendo un uso ilegítimo del poder, policial o judicial, decidieron sobre la vida y la integridad de las personas también con fines políticos»; y, por último, que «hubo una dictadura que comenzó con una sublevación contra el Gobierno legítimo de la República española y el Gobierno legítimo de Euskadi, que provocó una guerra civil en donde se asesinó, esclavizó, torturó y se hizo desaparecer a personas, y que utilizó todos los resortes de poder para imponer un sistema totalitario que vulneraba los derechos humanos».

A este respecto, la consejera ha calificado de «inadmisible éticamente» que la imagen de los victimarios «y los símbolos que les representan ocupen espacios públicos», en alusión a los carteles y fotografías de presos e ETA. Y ha pedido en este sentido «la no revictimización» de las víctimas. Por ello, ha defendido que una «sociedad democrática plena debe ser proactiva para rechazar expresamente y poner los medios a su alcance para impedir la exhibición acrítica de los victimarios».

En este sentido, ha informado de que el Consejo de Participación de Víctimas del Terrorismo «tiene avanzada una posición» que «supondría una reforma legal acotada», en la que se incluiría un régimen sancionador, en una línea similar a lo que ya se recoge en la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi. «Vamos a esperar a que esos trabajos finalicen y estudiar su propuesta», ha incidido.

Por todo ello, y después de subrayar que su departamento se dispone a desarrollar el texto de la Ley vasca de Memoria Histórica y Democrática, ha asegurado que «nuestra dignidad como sociedad, la Euskadi decente que queremos construir, pasa por tener viva esa memoria crítica que no deje un agujero negro, un espacio impune, una pregunta sin responder, una pena sin cumplir y una reinserción sin completar». Igualmente, y sobre los casos de terrorismo aún sin resolver, ha dicho que lo «deseable es que quien tenga información la aporte». «El silencio es cruel», ha replicado.

Además, ha replicado a la parlamentaria de EH Bildu Eraitz Sáez de Aguilar que su departamento «no va a entrar en esa batalla de los relatos que marca la teoria del conflicto» después de que la dirigente de la coalición soberanista le haya reclamado «una memoria compartida, de todos, porque lo vivido atraviesa muchos cuerpos y todos deben poder hablar, no sólo algunos». »Las vulneraciones de derechos fueron resultado de la decisión de alguien y no de conflictos«, ha dicho San José.

San José ha destacado también el proyecto Herenegun y ha hablado de la actualización del programa Adi Adian. «Estamos escuchando sugerencias de las propias víctimas para poder ampliarlo», ha adelantado. Además, ha puesto en valor la labor de Gogora, «que comienza un nuevo ciclo». De hecho ha resaltado que el Instituto de la Memoria se va a abrir a la Universidad y a la academia, «al rigor histórico».