Urkullu «reprueba» la corrupción y muestra su «respeto» por el fallo del Tribunal Supremo

Urkullu ha mostrado así su «más absoluto respeto a las decisiones adoptadas por la Justicia». «Estas decisiones -ha dicho- deben ser acatadas y cumplidas, respetando también el curso de los procedimientos judiciales». Por ello, el lehendakari ha ratificado su «más firme rechazo ante unos hechos que son contrarios al ideario y a los valores éticos que defendemos y por los que queremos significarnos».

Minutos antes era el portavoz del Ejecutivo autonómico quien se pronunciaba al respecto. Y es que la pregunta era inevitable: ¿El Gobierno Vasco tomará medidas de inmediato tras ratificar el Tribunal Supremo las principales penas en el caso De Miguel? De momento, el gabinete de Urkullu ha preferido ser prudente hasta poder estudiar y analizar al detalle el fallo que ratifica las condenas impuestas en 2019 por la Audiencia de Álava a varios exdirigentes del PNV. Eso sí, Bingen Zupiria ha manifestado este martes que «en la medida en que nos encontremos ante un fallo que ratifica las condenas que en su día se establecieron, y por lo tanto, es una sentencia firme, desde el Gobierno Vasco manifestamos nuestra intención de respetarlo, acatarlo y cumplirlo». Y que, por tanto, «actuará en pocos días».

El portavoz del Ejecutivo de Vitoria, en la rueda de prensa habitual tras el Consejo de Gobierno, ha sido interpelado en varias ocasiones por la posibilidad de que el departamento de Desarrollo Económico tome cartas en el asunto toda vez que el cabecilla de la trama, el exdiputado foral de Álava Alfredo de Miguel, ocupa la plaza de gerente de una entidad pesquera pública e incluso ha llegado a representar a este organismo público -filial de la fundación Hazi- en varios foros oficiales.

Zupiria ha augurado que «durante algunos días van a haber alguna duda sobre el carácter firme o no de este fallo y sobre la posibilidad de que exista algún recurso a instancias superiores», pero que, en cualquier caso, «no es el Gobierno Vasco quien decide el momento en el que se cumplen las condenas» que en este caso ha fallado el Tribunal Supremo por diversos delitos relacionados con la corrupción. «Es una cuestión que se dilucidará en pocos días y el Gobierno Vasco acatará y cumplirá lo que dicten esas sentencias», ha vuelto a insistir el también consejero de Cultura y Política Lingüística.

Zupiria ha reiterado que el Gobierno Vasco analizará por tanto el fallo y que después «ajustará» su actuación con lo que la ley y los convenios laborales en vigor establezcan sobre esta cuestión. «Y si efectivamente estamos ante una sentencia en firme, debemos actuar en consecuencia», ha vuelto a manifestar el portavoz del Ejecutivo después de que saltara la noticia de que De Miguel mantenía su puesto de funcionario y toda la oposición en bloque -e incluso con las críticas del PSE, socio de los jeltzales- reclamara su inmediata destitución y su salida definitiva de la Administración pública vasca, al igual que Koldo Ochandiano, otro de los condenados.

En todo caso, Zupiria ha mostrado en nombre del Gobierno Vasco su «más firme rechazo ante hechos que han sido probados» y que, ha dicho, «son contrarios al ideario y a los valores éticos que como Gobierno defendemos».

Las reacciones ante el fallo del Supremo no se han hecho esperar. El primero ha sido el presidente del PP Vasco, Carlos Iturgaiz, quien ha afirmado que con la sentencia al PNV se le «acaban las excusas para tapar el escándalo de corrupción» por el caso De Miguel. Además, ha advertido de que «urgen explicaciones» tanto del partido jeltzale como del lehendakari Urkullu.

EH Bildu, también a través de las redes sociales, ha hecho una primera valoración asegurando que «es imposible que toda la trama de corrupción del caso De Miguel ocurriera sin que la cúpula del PNV conociera lo que estaba pasando». «Ese modelo de gobierno y de gestión está agotado y no tiene cabida en nuestro país», ha manifestado la coalición soberanista, que después ha celebrado una rueda de prensa de urgencia. En ella, Unai Urruzuno ha asegurado que «queda en evidencia que estamos ante un hecho de una trama, de una red que cobraba comisiones ilegales después falsificar y manipular contratos públicos». «Ha existido una trama liderada por dirigentes del PNV en Araba que durante años ha realizado este tipo de prácticas que al final el único objetivo era enriquecerse de erario público», ha insistido Urruzuno.

A su juicio, «es muy grave que aun habiendo una sentencia condenatoria en primera instancia, este señor -ha dicho en alusión a De Miguel- haya seguido ejerciendo responsabilidad en una empresa pública ligada al Gobierno Vasco; y también creemos que es denunciable que este señor y esta trama de dirigentes del PNV en Araba hasta ahora no hayan obtenido ningún tipo de represalia o toque de atención por parte de su partido».

Por su parte, Miren Gorrotxategi, portavoz de Elkarrekin Podemos en el Parlamento Vasco, ha manifestado a través de Twitter que «Ya hay sentencia firme de la mayor trama de corrupción en Euskadi». «Ahora -ha insistido- el PNV ya no tienen excusas: De Miguel debe dejar de hacer labores de representación de una entidad pública. Hay que acabar con esta vergüenza».

A través de un comunicado, el PSE ha mostrado su «confianza en la justicia» y ha manifestado «el máximo respeto» a las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo. «Manifestamos nuestra satisfacción por el hecho de que conductas delictivas e inaceptables desde un punto de vista ético se vean sancionadas y expulsadas del ámbito político e institucional, de forma que se preserva la confianza de la ciudadanía en los poderes públicos, la Justicia y el Estado de Derecho», ha continuado el PSE, que ha «confiado» en que «las consecuencias del fallo ratificado se apliquen a la mayor brevedad en el ámbito laboral de las personas vinculadas con el Gobierno Vasco» para así «despejar las dudas que se han planteado sobre el desempeño de su actividad y, más recientemente, sobre las labores de representación del propio Ejecutivo autónomo».