El Gobierno Vasco mantendrá las condiciones laborales de Prisiones y abre un plazo de dos años para seguir negociando

Fuentes del Departamento de Justicia han señalado que con este acuerdo «se mantienen la jornada y los horarios» del personal penitenciario, además de mejorarse las condiciones de antigüedad. Además, Gobierno y sindicatos se han dado dos años para «trabajar más en profundidad» sobre las condiciones laborales que tendrán los trabajadores de los centros penitenciarios a partir del 31 de diciembre de 2023. El sindicato ELA ha criticado el acuerdo al considerar que «hipoteca el cambio de modelo penitenciario propugnado por el Gobierno Vasco».

Antes de que este viernes se haga efectiva la transferencia, una de las cuestiones que estaban pendientes es cómo se iban a transferir los cerca de 600 funcionarios que trabajan en las tres cárceles vascas, aunque el personal laboral global asciende a 700 personas. Finalmente, el Gobierno Vasco ha optado por la continuidad a la espera de que la negociación posterior en los dos próximos años le permita introducir cambios de calado. El propio sindicato Acaip-UGT ha advertido que «esto es el principio de una negociación para poder acordar toda la estructura del personal de las prisiones vascas desde cero». Aunque ha destacado que este pacto permite garantizar las condiciones de trabajo del personal penitenciario mientras «se acuerda toda la estructura de personal desde cero».

El acuerdo permite que el 1 de octubre, fecha en la que se ejecuta el traspaso de personal, exista «un marco jurídico estable y claro» para que el personal de los centros penitenciarios en Euskadi pueda seguir desempeñando sus funciones en los diferentes centros de trabajo. El acuerdo, firmado en la mesa delegada de la Administración General vasca, será trasladado al Consejo de Gobierno para su aprobación.

UGT ha aclarado que «hay que tener en cuenta que, a diferencia de otras transferencias, el personal de Prisiones no son cuerpos nacionales, como por ejemplo Justicia, ni existen cuerpos correlativos en la Administración vasca que permitan una incorporación automática». Por lo que ha advertido que «hay que generar toda la estructura del personal desde cero. Este acuerdo no es el final, sino el principio para establecer las condiciones de trabajo en las prisiones vascas». La vigencia del acuerdo se establece hasta el 31 de diciembre de 2023, para poder negociar todos los aspectos necesarios para un sistema penitenciario nuevo.

El sindicato ELA ha rechazo firmar la propuesta trasladada por el Gobierno Vasco en la mesa sectorial y ha denunciado que «este acuerdo laboral hipoteca el cambio de modelo propugnado por el Gobierno Vasco». Ha añadido que «el acuerdo ha sido firmado en minoría y no recoge las peticiones realizadas por ELA». Por ello, el sindicato se ha concentrado este mismo lunes ante Lakua en señal protesta.

El sindicato nacionalista ha indicado que «el documento para el acuerdo presentado por el Gobierno no ha obtenido ni tan siquiera el apoyo del 15% de la representación de la sectorial de la Administración autónoma». Ha lamentado que, «una vez más, el Gobierno Vasco firma un acuerdo en minoría, con UGT (coaliado estatal de Acaip en este ámbito), sin respetar los más elementales principios democráticos, ni las mayorías legítimamente elegidas por las trabajadoras y trabajadores públicos».