El futuro Estatuto recogerá un blindaje de competencias y nuevos derechos sociales

La negociación tropieza hoy con el mismo obstáculo doctrinal. Los socialistas descartan un hipotético pacto sobre el derecho a la autodeterminación porque, en su opinión, implicaría abordar previamente una reforma de la propia Constitución. A su vez, tanto el PNV como EH Bildu coinciden en que el salto que dé el nuevo Estatuto vasco debe ser cualitativo para ampliar un fondo de poder político que sea más ambicioso que el actual modelo autonómico y se sustente en el reconocimiento de la 'plurinacionalidad' del Estado.

No obstante, el diálogo de 2018 ya establecía un importante terreno de encuentro entre los expertos designados por los tres partidos y la propuesta por Elkarrekin Podemos. Y las actuales conversaciones constatan un acercamiento en temas de calado. Por ejemplo, en relación con el reconocimiento de la identidad nacional vasca, el papel de Euskadi en Europa o en torno al necesario blindaje de competencias para evitar una erosión normativa desde el Estado o la cronificación de litigios al respecto.

Los partidos trabajan también por la incorporación de nuevos derechos sociales en el texto del nuevo Estatuto, en concreto en el Título I. Nuevos derechos que los negociadores quieren situar como uno de los epicentros de la discusión para que la reforma del Estatuto sea un sinónimo de bienestar social, de prosperidad económica y de buen funcionamiento de los servicios públicos, no solo de reafirmación identitaria.

El nuevo pacto contemplará como derechos sociales los relativos al bienestar social, por ejemplo, a una vivienda digna, a la renta básica o garantía de ingreso, a cuidados dignos, a la salud mental, a un medio ambiente sostenible, y a la igualdad y no discriminación por orientación sexual e identidad de género.

El PNV se muestra confiado de que, al final, el acuerdo sobre el nuevo estatus salga adelante. El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Díez Antxustegi, señalaba el pasado miércoles su convicción «personal» de que el proyecto iba a prosperar.

De hecho, el gran problema que pesa en este momento sobre la viabilidad del nuevo estatus de autogobierno es que no dé tiempo en la actual legislatura estatal a que las Cortes Generales sancionen el proyecto una vez negociado en Madrid tras ser aprobado por la Cámara vasca. Un eventual adelanto de las generales para 2026, por ejemplo, dejaría en la práctica sin margen de maniobra a la legislatura española para aprobar el nuevo marco y someterlo al final a un referéndum en el País Vasco. El lehendakari Imanol Pradales ha situado en junio de 2026 el plazo para los partidos cierren un pacto.