La Fiscalía pide 30 años de cárcel para Alfredo de Miguel

Para el principal implicado, el exburukide del PNV Alfredo de Miguel, el fiscal reclama 30 años prisión como presunto autor de una veintena de delitos –ya sea autor o inductor–, como blanqueo de capitales, coacciones, prevaricación y cohecho pasivo. Además, reclama para el ex diputado foral de Administración Local el pago de una multa por un valor cercano a 1,2 millones de euros. Si finalmente el tribunal le declara culpable, sólo cumplirá un máximo de 12 años de reclusión, puesto que sólo se puede cumplir el triple de años de la pena individual máxima solicitada. En este caso, 4 años por cohecho pasivo.

Esta petición de pena supone una rebaja sustancial –casi a la mitad– con respecto al escrito de calificaciones provisionales que el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, en el que solicitaba un total de 54 años de prisión –con un cumplimiento efectivo de 15 años) y el abono de 15 millones de euros en multas.

Para los otros dos supuestos cabecillas de la trama, Aitor Telleria y Koldo Ochandiano, el ministerio público reclama la misma pena de cárcel, 13 años, así como el pago de una sanción de 600.000 euros por haber cometido una decena de delitos, entre ellos asociación ilícita, blanqueo de capitales, coacciones, cohecho pasivo y prevaricación. Para ambos, al final de la fase de instrucción y antes de la vista oral, el fiscal había pedido 32 años de reclusión.

Mientras, para Ainhoa Bilbao Lasa, Araceli Bajo López e Iratxe Gaztelu-Urrutia Sánchez, las parejas de los tres principales acusados, el fiscal solicita 5 años de prisión y multas por 350.000 euros para cada una por asociación ilícita y blanqueo de capitales. A su nombre estaba la compañía-pantalla, Kataia Consulting, con la que la trama cobraba de las presuntas comisiones ilegales.

Tras más de 10 meses de vista oral y casi 9 años después del inicio de las investigaciones, el fiscal cree probado que los tres principales acusados idearon a partir de 2005 la «creación de un entramado societario y personal» para, «aprovechándose de las relaciones políticas y administrativas» que mantenían debido a su condición de altos cargos del PNV, obtener un «ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas».

Sobre las mujeres de los tres procesados, los fiscales Josu Izaguirre y Manuel Pedreira estiman que «colaboraron consciente y activamente» en la constitución de las sociedades mercantiles y en la gestión del dinero logrado gracias a comisiones ilegales.

Con respecto a Aintzane de Miguel, hermana del presunto cabecilla de la trama, el ministerio fiscal reclama que sea condenada a 42 meses de prisión por sendos delitos de falsedad en documento mercantil –antes le pedía 13 años–. De esta manera, podría entrar en la cárcel cuando durante la vista oral, su abogado estuvo a punto de firmar un pacto –la acusada rompió a última hora el preacuerdo al que habían llegado– por el que iba a obtener la absolución a cambio de incriminar a su hermano.

Si la rebaja en la petición de condenas es sustancial con respecto a los principales acusadas, el fiscal plantea en su escrito de conclusiones definitivas una drástica reducción de penas para los imputados que en las últimas semanas alcanzaron un pacto para admitir los hechos de los que estaban acusados.

En concreto, pide la absolución para los empresarios catalanes, Plàcid Casas, Francesc Fernández Joval, Ramón Tomàs y Joaquim Sabater. Los dos primeros confesaron en la vista oral haber pagado comisiones a De Miguel por la operación urbanística en Zambrana, pero sus delitos estarían «prescritos».

Para los cuatro imputados de la familia Arruti –el padre Josu, su hijo Josu, su hija Estibaliz y el marido de ésta, Gorka Errasti–, relacionados con varias empresas que trabajaron con los responsables de la trama, el ministerio fiscal pide la libertad o como máximo penas que no alcanzan los dos años de prisión, por lo que al carecer de antecedentes, no entrarían en la cárcel. En el caso de Josu Arruti hijo, el empresario del PNV que admitió en la vista oral haber actuado como mediador de la trama y haber cobrado una mordida de 161.000 euros sí debería hacer frente a una multa económica de 250.000 euros.

También firmó un acuerdo con la Fiscalía, Prudencio Hierro, el constructor que afirmó en el juicio haber pagado las obras de la casa de Gorliz de la mujer de De Miguel. Gracias a su confesión en el juicio, tampoco entraría en la cárcel puesto que sólo piden para él una pena de 3 meses por falsedad documental.

Aunque no pactó con la Fiscalía, la que tampoco entraría en la cárcel es la exalcaldesa de Zambrana, Justina Angulo, que sólo podría ser condena a 10 años de inhabilitación –en un inicio el ministerio fiscal pedía para ella 4 años de reclusión–.

En su misma situación está Gurutz Larrañaga, el viceconsejero del Gobierno vasco que firmó las adjudicaciones de varios trabajos a las empresas de la trama De Miguel. Para él se pide una década de inhabilitación por un delito de prevaricación continuada.

El resto de procesados que no pactaron con la Fiscalía durante la vista oral se enfrenta a penas de cárcel, que en algunos casos llegan hasta los 8 años de reclusión. Es el caso de Xabier Sánchez Robles, el exdirector de Juventud durante el Gobierno del lehendakari Ibarretxe, que gestionó los contratos irregulares firmados entre el Ejecutivo autónomo y las empresas con las que operaba De Miguel. El administrador de una de ellas, Errexal, el exconcejal de Leioa del PNV Iñaki San Juan, se enfrenta a 7 años de cárcel, mientras que Josu Montes, responsable de Ortzi Muga –otra de las firmas del entramado– podría ser condenada a 6 años de cárcel.

Seis años también podría cumplir, si el tribunal hace suyas las tesis del fiscal, el titular del grupo Loizate, el constructor Jon Iñaki Echaburu.

Implicados en parte de la trama relacionada con la ampliación del Parque Tecnológico de Álava, en Miñano, también se enfrentan a penas de cárcel los siguientes imputados: el empresario Sergio Fernández, de la empresa Stoa, para el que piden 7 años y medio de prisión; el exgerente del parque Alfonso Arriola (5 años y 9 meses); y la exdirectora del complejo Miren Bilbao (4 años).

En el caso del expresidente de los parques tecnológicos vascos, Julián Sánchez, su pena llegaría a los 21 meses, por lo que no entraría en prisión.