Familiares de uno de los ertzainas asesinados en Itsasondo denuncian el tercer grado a Mikel Otegi

Tras recibir el escrito, la viceconsejera de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia, Arritxu Marañón, se ha reunido con familiares de Mendiluce para explicarles que la medida responde a la «legalidad» y expresarles la disposición del Gobierno Vasco a apoyarles en todo lo que necesiten, según fuentes familiares. Los allegados del ertzaina asesinado han agradecido el encuentro, ya que, recuerdan, en una anterior ocasión, hace dos años, el anterior Ejecutivo no les atendió.

El crimen tuvo lugar la mañana del 10 de diciembre cuando Mikel Otegi vio como los ertzainas Iñaki Mendiluce y José Luis González, uniformados, se aproximaban a su caserío. En ese momento disparó sendos cartuchos contra los agentes, que estaban situados a menos de dos metros, y no les dio opción de defenderse. Los agentes iban a comunicarle una infracción de tráfico, pero no les dio tiempo a hablar. La Audiencia Nacional consideró que Otegi actuó «fruto de su ideología» y del odio que tenía a la Ertzaintza, La sentencia narra que nada más asesinar a los agentes alardeó a través de la radio del coche patrulla de que había matado a «dos cipayos» y, minutos después, le comentó a un vecino: «Dos hijos de puta menos». Durante el traslado aseguró: «Yo les he matado gratis, y no como vosotros», dijo a los ertzainas que le trasladaban. Posteriormente huyó tras ser absuelto por un jurado popular y se integró en ETA, hasta que fue de nuevo arrestado en Francia.

En el escrito, los familiares de Mendiluce afirman que hoy confirman lo que ya vaticinaron en 2023 cuando este recluso de ETA «acudió 'sin vigilancia' al dentista -por 'economía de gasto', justificó entonces Jaime Tapia, magistrado asesor de la que era consejera de Justicia, Beatriz Artolazabal-». «Estábamos en lo cierto. La política penitenciaria, gobernada en primera instancia por el nacionalismo y la izquierda abertzale como moneda de cambio para gobernar en Madrid, diseñó un escenario ficticio que proyectase la supuesta buena conducta y falta de peligrosidad de un etarra. Incluso si ello implicaba permitirle deambular libremente para acudir al dentista, y pese a que en su historial figuraba una fuga de la justicia de más de seis años. Ya disfruta de su ansiado tercer grado», manifiestan en su carta.

La familia Mendiluce denuncia que «en la práctica, el cálculo de su tercer grado no puede ser más aritmético, habiendo superado apenas la mitad de la suma de sus diversas condenas firmes en España y Francia, solicita el tercer grado». Exponen que «gracias a la doctrina del doble cómputo penal» del Tribunal Constitucional de 2008, un terrorista condenado en firme, por el doble asesinato de dos ertzainas, por pertenencia a banda armada, por tenencia ilícita de armas y, según añaden, «responsable directo, de una orfandad, de un suicidio materno, del fallecimiento por cáncer de dos personas, así como de secuelas psicológicas y físicas en varias más», está hoy «en la calle» tras haber cumplido en España «apenas» trece años de prisión.

Lamentan que «esta es sin duda la representación de la profanación más aberrante en la que uno puede pensar al tener en cuenta que este año se cumplen treinta años desde el atroz, inhumano e injustificable asesinato de José Luis e Iñaki». Consideran en el escrito que esta es «la guinda en el pastel para dos familias, y una sociedad, que no solo sufrió la pérdida de dos de sus seres más queridos y comprometidos con la paz y la lucha contra el terror respectivamente, sino que el clima político de impunidad, sectarismo ideológico y que coarta la identidad personal sigue reinando en un pueblo que entre las dos dictaduras -la de Franco y la de ETA- está a años luz de donde debiera estar actualmente sin ninguna de ellas».

Y añaden que ambas familias tuvieron que soportar, primero, el asesinato de sus seres más cercanos; después, la absolución dictada «por un jurado popular amenazado y manipulado por ETA»; más tarde, la fuga del asesino durante más de un lustro; y finalmente, las circunstancias de la concesión de su tercer grado, «otorgado sin concurrir en él las exigencias legales de arrepentimiento, colaboración con la justicia y abono de la responsabilidad civil a la que fue condenado y respecto de la cual se declaró insolvente».

Los familiares de Mendiluce, expresan que aun así, «nos vemos obligados a considerarnos 'afortunados', ya que a diferencia de los más de 300 asesinatos todavía sin esclarecer, en este caso Otegi sí ha sido condenado». Desde el punto de vista de la convivencia, apuntan que han asistido durante más de diez años, «atónitos, a una política de olvido velado que condiciona la memoria colectiva sobre ETA». «Los pasos institucionales resultan, en el mejor de los casos, exiguos; y una sociedad cobarde e infantilizada, instalada en el 'y tú más' y la supuesta 'no traumatización de las nuevas generaciones', prefiere -como ha sucedido en nuestro propio caso- rebautizar los asesinatos de Iñaki y José Luis como un simple 'trágico accidente'», remarca la familia de Iñaki Mendiluce.