Los expertos del estatus apuran hasta el final para aminorar el choque del derecho a decidir

El letrado propuesto por el PNV. Mikel Legarda, ha presentado en los últimos días sendas propuestas retóricas sobre la «capacidad» de decidir de pueblo vasco sin emplear expresamente una terminología autodeterminista en el preámbulo y en la disposición adicional, en un intento de ampliar el consenso y atraer a la sensibilidad no nacionalista, frontalmente reacia a cualquier veleidad soberanista que desborde el marco constitucional.

Sin embargo, el empeño del letrado propuesto por el PNV parece que en principio va a caer en saco roto y no va a servir para trenzar un acuerdo mayoritario y transversal, que es el último objetivo del lehendakari Iñigo Urkullu y del presidente del EBB, Andoni Ortuzar. La apuesta jeltzale es doble: por un lado, recuperar a quienes se quedaron fuera del consenso estatutario en 1979 -la izquierda abertzale- y, por otra parte, atraer a los partidos no nacionalistas a un nuevo punto de encuentro: la capacidad de decidir mediante un pacto con el Estado. Una especie de puente entre el modelo estatutario y el derecho de autodeterminación sobre la percha de los derechos históricos que reconoce tanto el Estatuto como la Constitución a través de su actualización en el ordenamiento jurídico.

Pero estas referencias, aunque puedan rebajarse semánticamente, mantienen la división entre los juristas. De entrada, Iñigo Urrutia, propuesto por EH Bildu, considera que no son coherentes con las bases acordadas con el PNV porque implican una renuncia al derecho de decidir. A su vez, el letrado escogido por el PP, Jaime Ignacio del Burgo, sostiene que, por razones diametralmente opuestas, el texto rezuma inconstitucionalidad. El jurista propuesto por el PSE, Alberto López Basaguren, experto sobre el federalismo, no comparte para nada cualquier iniciativa que rebase unilateralmente el actual modelo constitucional autonómico que apunte hacia una estructura confederal. A pesar de todo, López Basaguren ha tenido un papel relevante en la redacción de una parte importante del articulado.

La recta final del trabajo de los expertos finaliza con cierta sensación de Día de la Marmota, de vuelta a la casilla de salida. El derecho a decidir y su supuesta plasmación en un proyecto viable con el actual ordenamiento jurídico sigue siendo un enorme escollo político. Durante los últimos meses, el PNV ha alentado la búsqueda de un consenso más amplio sobre el derecho a decidir pactado con el Estado que resultara viable con la Constitución. En esencia, porque el recorrido del proyecto depende de su negociación con las Cortes Generales y su aprobación, antes de un referéndum en Euskadi, necesita una mayoría absoluta en el Congreso como ley orgánica.

Sin embargo, hasta ahora, la cuadratura del círculo no ha sido posible. Todo ello a pesar de que la dinámica de trabajo del grupo ha permitido un cierto acercamiento entre López Basaguren y Legarda que ha posibilitado avanzar en otros acuerdos de la reforma estatutaria de forma notable, según reconocen fuentes próximas a este equipo, comprometido a una confidencialidad en sus trabajos que ha saltado por los aires casi desde el primer momento.