El PSE exige al PNV que De Miguel abandone las labores de representación del Gobierno Vasco

La incomodidad en el socio minoritario del Gobierno Vasco es evidente. Al PSE-EE no le ha gustado nada conocer que Alfredo de Miguel, exdirigente del PNV condenado a 13 años de cárcel por corrupción, está ejerciendo labores de representación oficial como gerente de una filial de la fundación Hazi, dependiente del propio Ejecutivo autonómico que los socialistas integran. La formación liderada por Eneko Andueza exige a su aliado, el PNV, que el antiguo 'número dos' de los jeltzales en Álava sea apartado de dichas labores y que, «en cuanto sea posible legalmente» –esto es, cuando se resuelvan los recursos pendientes–, se actúe «con toda la contundencia posible» frente al condenado.

Desde que la Audiencia de Álava dio a conocer el fallo del 'caso De Miguel' en diciembre de 2019, cuando ambas formaciones ya gobernaban en coalición las principales instituciones vascas, el PSE-EE siempre ha optado por una posición muy medida al respecto. Sin quitar gravedad al asunto, los socialistas han preferido valorar el trabajo realizado por la Justicia durante la investigación y han evitado criticar a los nacionalistas, no sin congratularse de que este tipo de conductas «reprochables» se hayan topado con condenas judiciales que ayudan a que la ciudadanía mantenga su «confianza» en los poderes públicos.

En cualquier caso, las ejecutivas encabezadas por Idoia Mendia, primero, y Eneko Andueza, ahora, siempre han querido marcar distancias con el mayor escándalo de corrupción de Euskadi. Y tres años después de la sentencia, lo siguen haciendo. Fuentes de la dirección avalan la tesis del Departamento de Desarrollo Económico, en manos del PNV, de que De Miguel continúa en su puesto «porque no es posible adoptar ninguna decisión mientras la sentencia no sea firme». En cambio, no comulgan con que el condenado, pendiente del recurso al Supremo, pueda desempeñar mientras tanto labores de representación oficial.

«Si De Miguel desarrolla otras actividades, que puede ejercer otra persona contratada, aunque estén vinculadas al desempeño de su trabajo, como pueden ser las labores de representación, lo que debe hacer es delegar estas funciones. Y si no es así, el Departamento debe adoptar la decisión de que recaigan en otro trabajador o cargo», señalan en un escueta nota emitida este martes para reaccionar a las informaciones publicadas. El PSE-EE también recuerda la existencia de la Comisión de Ética Pública, un órgano dependiente de la consejería de Gobernanza Pública, «encargada de dirimir estas cuestiones».

Lo que en todo caso también exige el socio minoritario de la coalición en Lakua es que «en cuanto sea posible legalmente, el Gobierno vasco responda con toda la contundencia posible ante un caso de la gravedad del que nos ocupa» y que, en consecuencia, «un condenado por corrupción asuma todas las consecuencias de sus acciones delictivas», finaliza el comunicado.