Seis encuentros con los presos del EPPK para gestar el cambio de estrategia

Desde entonces, el Foro ha mantenido hasta seis citas con dirigentes del EPPK, aunque también ha celebrado otros contactos discretos con dirigentes de partidos y sindicatos y responsables institucionales. Cinco de esos seis encuentros tuvieron lugar en la prisión de Granada, aunque el último se mantuvo el pasado mes de mayo en la cárcel de Logroño. Esta línea de comunicación se ha mantenido abierta a pesar de que las restricciones por la pandemia han complicado la relación. En nombre del EPPK han participado los presos Jon Olarra y Ainhoa Mujika. En las próximas semanas tendrá lugar una nueva entrevista.

No obstante, esta estrategia se intensificó al final del verano de 2020, sobre todo a partir de un informe que el Foro Social elaboró con las conclusiones de una jornada celebrada en septiembre con siete víctimas del terrorismo. En aquel encuentro patrocinado por el Foro en San Sebastián participaron, entre otras, Maixabel Lasa, viuda del exgobernador civil Juan María Jáuregui; su hija María; Iñaki García Arrizabalaga, hijo del delegado de Telefónica asesinado por los Comandos Autónomos, y Alberto Muñagorri, que perdió una pierna al estallar a su paso una bomba en Errenteria cuando era un niño de 10 años en 1982. También intervinieron en la jornada Josu Elespe, Naiara Zamarreño y Gorka Landaburu. La conclusión era clara: había que empatizar con quienes han sufrido la violencia desde «la defensa de los derechos de todas las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación». El Foro Social Permanente mostraba su voluntad de «generar espacios de diálogo y escucha entre ellas».

El portavoz del Foro, Agus Hernán, confía en que la posición anunciada por el EPPK contribuya a mejorar la convivencia y genere un 'ecosistema' que ayude a desmantelar la estrategia de excepcionalidad que, en su opinión, aún persiste en la política penitenciaria.

De entrada, Hernán piensa que la decisión comunicada por el EPPK no obedece a una espiral de reciprocidad con el Gobierno central. Pero, al mismo tiempo, no oculta su esperanza de que alimente «un clima» favorable a la adopción de determinadas medidas que impliquen la aplicación ordinaria de la ley penitenciaria. De hecho, encuadra en esta apuesta los traslados de los reclusos a las prisiones más cercanas a sus lugares de arraigo social y familiar; que se reactive la progresión ordinaria de grados y que no se obstaculicen los permisos penitenciarios a los que tienen derecho los internos que se encuentran, por ejemplo, en segundo grado y han cumplido un cuarto de su condena.

Son decisiones que, en principio, competen a las Juntas de Tratamiento Penitenciario, que deben ser refrendadas por el Gobierno Vasco, en lo que compete a las cárceles de Euskadi, y por Instituciones Penitenciarias, a las del resto de España, si bien en el supuesto de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional presente recursos, los jueces de vigilancia penitenciaria tienen la última palabra.

El otro capítulo ante el que el Foro Social Permanente se mantiene expectante es el de la Justicia restaurativa y la reintegración de los reclusos que deciden emprender un proceso de empatía y reconciliación con sus víctimas. Tras la última transferencia de Prisiones, compete al Gobierno Vasco la concreción de esta política.