Sánchez retira a la embajadora española en Israel y decreta el embargo de armas

El nuevo escenario se produce después de que Pedro Sánchez diera un paso que sitúa, aún más si cabe, a España como uno de los países más beligerantes frente a lo que el Gobierno ya califica, sin ningún tipo de ambages, como «genocidio» contra la población palestina y el ministro de Exteriores, con el anuncio – en una declaración institucional sin prensa en el Palacio de la Moncloa– de nueve medidas de presión contra el Gobierno de Netanyahu, entre las que se incluyen la aprobación, hoy mismo, de un real decreto ley para «consolidar jurídicamente» el embargo de armas ya supuestamente en vigor o la prohibición de acceder a territorio español a aquellas personas que «participen de forma directa» en la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la franja de Gaza.

«Como saben, España no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí –reconoció el presidente–. Pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo porque hay causas por las que merece la pena luchar, aunque no esté en nuestras únicas manos ganarlas».

Convencido de que la inmensa mayoría de la sociedad española comparte su visión de este asunto y de que, le agradecerá que sitúe a España «en el lado correcto de la historia», Sánchez hizo así un movimiento de dudoso impacto internacional pero valiosos réditos internos.

La llamada a consultas de la embajadora es, en realidad, sobrevenida y fue comunicada como respuesta a la acusación de «antisemitismo» del Gobierno israelí, que además achacó a Sánchez la utilización del conflicto como cortina de humo para tapar su «corrupción», y anunció que prohibirá la entrada al país a la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz y la ministra deJuventud e Infancia, Sira Rego. Pero la batería de nueve medidas –que llega tras intentar, sin éxito, que la UE, imponga sanciones al Estado judío– ha sido largamente meditada y, en cierto modo, responde también a las exigencias de unos aliados políticos que, tras estallar el 'caso Cerdán', el pasado junio, exigieron al presidente tomar medidas que justifiquen la continuidad de la legislatura de cara al electorado progresista.

Sánchez fue contundente en su discurso y, tras insistir en que España sigue defendiendo el derecho de Israel a un Estado propio en el que pueda sentirse seguro y condenar una vez más los ataques terroristas de Hamás,    acusó a Netanyahu de ejecutar «un ataque injustificable contra la población civil palestina» que ha provocado ya la muerte de 63.000 civiles, 250.000 personas en riesgo de desnutrición aguda y casi dos millones de personas desplazadas de su hogar, la mitad menores de edad. «Esto – denunció– no es defenderse, no es ni siquiera atacar, es exterminar a un pueblo que está indefenso».

Además de sanciones el presidente anunció más ayuda humanitaria, un refuerzo del apoyo a la Autoridad Nacional Palestina y el boicot a productos que provengan de asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania.