El tercer grado a ocho presos abre un frente entre el Gobierno Vasco y víctimas de ETA

El Colectivo de Víctimas del terrorismo (Covite) confirmó este lunes lo que ya anticipó este periódico, que ya ha solicitado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional una revisión de estas concesiones para revertir esta situación. A su juicio, ninguno de los ocho internos quiere «reinsertarse».

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, se reunió el 16 de febrero con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, para agradecerle la supervisión de la concesión de terceros grados. «Confiamos plenamente en el trabajo que está haciendo la Fiscalía. Estamos tranquilos porque la última palabra sobre las progresiones de grado y liquidaciones de condenas de los presos de ETA la tiene el tribunal sentenciador, es decir, la Audiencia Nacional y no los gobiernos, ni el central ni el vasco», aseguró este lunes. La Fiscalía ha echado atrás en los últimos meses la progresión a tercer grado de Jon Crespo, Iñigo Gutiérrez y Unai Fano. El Gobierno Vasco, no obstante, ha dado luz verde a la semilibertad de este último.

Covite señala que estos ocho reclusos -entre ellos el veterano exdirigente de la banda José María Arregi Erostarbe, 'Fiti'- son «miembros de ETA orgullosos de su pasado criminal, que cuentan con todo el apoyo logístico y propagandístico de la izquierda abertzale», de cuya «disciplina mafiosa», asegura, «no se ha desvinculado, ya que sigue controlando a los presos de ETA a través de múltiples visitas, llamadas telefónicas y mecanismos de presión».

Estos presos, según Covite, «siguen vinculados a la izquierda abertzale y al EPPK», y no han dado «ni un mínimo gesto o señal de reinserción». Covite subraya que la Audiencia Nacional valora «el arrepentimiento por el daño causado a las víctimas, el abandono de las ideas que condujeron a la comisión de actos delictivos de terribles consecuencias y la desvinculación de la organización». Según Covite, el único preso de ETA que podría salvarse de cumplir este requisito es 'Fiti', «gracias a su avanzada edad, razón por la que se le podría otorgar el tercer grado exclusivamente por razones humanitarias». 'Fiti' tiene 75 años.

El Gobierno Vasco aseguró este lunes que el tercer grado «cumple escrupulosamente le ley». La consejera de Justicia e Igualdad, Beatriz Artolazabal, señaló que estas medidas y el resto de las 160 progresiones de grado, cumplen el reglamento penitenciario. Artolazabal precisó que las juntas de tratamiento realizan un trabajo «riguroso, objetivo y científico» en el que evalúan la personalidad, la historia individual, la situación social y familiar, el historial delictivo y la duración de la pena. «Debemos cumplir la ley y el reglamento penitenciario de forma escrupulosa desde la imparcialidad y no desde el corazón», dijo.

Por su parte, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, abogó este lunes en Radio Euskadi por «despolitizar» los terceros grados y «dejar trabajar a los profesionales». «Hablamos de cumplir con la visión reinsertadora que la Constitución otorga a las penas privativas de libertad», dijo. Mientras, el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, denunció que el traspaso de Prisiones ha servido «para colocar un puente de plata hacia la liberación de asesinos que ni se arrepienten ni ayudan a resolver asesinatos».