Covite advierte de que el caso Atristain «no es extensible» a otros presos de ETA
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo que preside Ordóñez recuerda que las sentencias del TEDH «solo pueden aplicarse a otros presos de ETA» mediante la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, advierte de que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el caso del preso de ETA Xabier Atristain no puede aplicarse «a la práctica totalidad» de los reclusos de la banda terrorista en España, como exige Sortu, ya que «el único procedimiento para verse beneficiados de dicha sentencia del TEDH es mediante la interposición de un recurso individual de casación ante el Tribunal Supremo, que es el órgano judicial competente para decidir si estima o no esas peticiones».
Atristain fue excarcelado después de que el citado tribunal considerara que el hecho de que no se le permitiera elegir a un abogado de su confianza durante su período de detención incomunicada vulneró su derecho a un juicio justo.
Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, confía en que esos recursos «no prosperarán« en el Tribunal Supremo e incide en que «en ningún caso» es el Gobierno quien debe decidir si se aplica o no de forma extensiva al resto de etarras la sentencia de Atristain.
Afirma además que lo sucedido con la derogación de la 'doctrina Parot' «nunca debió haberse producido» puesto que el TEDH «solo ordenó la excarcelación de la etarra Inés del Río», que fue quien presentó la demanda ante el Tribunal de Estrasburgo, al igual que ha ocurrido con Atristain. Ordóñez recuerda además que al contrario de lo que se suele afirmar, el TEDH «nunca ordenó la aplicación extensiva y urgente» de la derogación de la 'doctrina Parot' a las decenas de etarras a los que se les aplicó. «Fue el Gobierno presidido por Mariano Rajoy quien ordenó a la Audiencia Nacional, que no era el órgano competente para hacerlo, que lo hiciera de esa manera, arremetiendo así contra la separación de poderes y asestando una herida mortal a nuestro Estado de Derecho», apostilla.
En palabras de Covite, en aquel momento el Ejecutivo de Rajoy estaba «cumpliendo con las exigencias de ETA en este final negociado que vivimos, rubricadas en el acuerdo de Gernika de 2010 que ETA y su entorno político acordaron con Zapatero». «Una de ellas era expresamente la derogación de la 'doctrina Parot', lo cual se hizo con trampas al Estado de Derecho», expone.
El deseo de Covite es que esa situación «no se vuelva a producir» con el caso Atristain ya que, a su juicio, «sería un escándalo y otro atropello al Estado de Derecho y a la separación de poderes como lo fue en su momento la derogación de la 'doctrina Parot'«.
Sobre la reclamación de Sortu de que se lleve a cabo la excarcelación masiva considera que se trata de «una muestra más de que sigue siendo el brazo político de ETA, puesto que aprovecha cualquier ocasión para exigir impunidad para los etarras presos, erigiéndose en su portavoz y en quien vela por sus intereses». Remarca que lo hace, además, «mintiendo, como siempre». «No es verdad que haya habido una conculcación de derechos fundamentales de los presos de ETA, como aseguró ayer el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, ni que estos sean 'víctimas' del Estado», cita.
En opinión de Ordóñez, «el fervor y el entusiasmo» con el que Sortu defiende que los presos de ETA deben ser excarcelados de forma masiva muestra «el cinismo de la izquierda abertzale cuando dicen sentir el dolor de las víctimas, puesto que, si así fuese, no llamarían 'presos políticos' a los asesinos de ETA ni estarían todo el día aprovechando cualquier ocasión para exigir su excarcelación».
