El Congreso rechaza la pretensión del PP de frenar la reforma de la 'Ley Mordaza' que propone el PNV

El Congreso ha rechazado este jueves la pretensión del PP de mantener en vigor la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, bautizada por sus detractores como 'Ley Mordaza', por lo que su reforma continuará su tramitación parlamentaria. El impulsor de esta reforma en la Cámara baja es el PNV, que durante el debate ha reclamado que se pongan en marcha «en breve» los trabajos en ponencia y ha confiado en que la Mesa del Congreso no lleve a cabo una «labor obstruccionista» como la que se dio en las dos legislaturas anteriores y que imposibilitó concretar la reforma legal.

El PP ha defendido en el pleno una enmienda a la totalidad a la proposición de ley de reforma presentada por el PNV para tratar de echarla por tierra, pero se ha queda solo en su intento. El Congreso tomó en consideración el pasado septiembre la propuesta del PNV con el apoyo, entre otros, del PSOE y Unidas Podemos, que este jueves se han posicionado de nuevo a favor de que continúe su tramitación.

La iniciativa del PP solo ha cosechado el apoyo de sus diputados, por lo que la modificación de la 'Ley Mordaza' seguirá su andadura en el Congreso. Hace dos legislaturas la Cámara ya estuvo debatiendo sobre esta reforma, pero nunca llegó a ver la luz por las sucesivas convocatorias de elecciones generales. Los populares han censurado al PSOE por querer cambiar ahora una norma que ha estado aplicando durante el estado de alarma, donde a su juicio se ha mostrado como una herramienta legal «imprescindible». Han denunciado la «hipocresía» del Gobierno en este asunto.

Por parte del PNV, su dipitado Mikel Legarda ha defendido la necesidad de concluir el trabajo que se inició hace dos legislaturas para mejorar esta ley. Ha señalado que, «en la búsqueda de un equilibrio más garantista entre el binomio seguridad-derechos y libertades, debe primar la interpretación más favorable a la plena efectividad de los derechos fundamentales y libertades públicas«, singularmente en »los derechos de reunión y manifestación, la libertades de expresión e información, la libertad sindical y el derecho de huelga«.

El debate de esta propuesta de los populares ha estado regado de alusiones a la corrupción del partido liderado por Pablo Casado, a propósito de la declaración del que fuera tesorero del partido Luis Bárcenas contra el expresidente del gobierno Mariano Rajoy.