EH Bildu rescatará el preacuerdo de Loiola para atraer al PSE al debate del nuevo estatus

Desde la Mesa Política de la izquierda independentista se han lanzado mensajes indirectos al PSE con esta idea: la vía trazada en el preacuerdo de Loiola de 2006 es «el único puente posible, la única solución de consenso entre el PSE y nosotros, ahí nos podemos encontrar las diferentes tradiciones y sensibilidades del país».

Este borrador del pacto fue negociado en 2006 entre representantes del PNV, PSE y de la izquierda abertzale como una propuesta que pretendía la normalización política de Euskadi en el contexto del proceso de diálogo con ETA en Ginebra y Oslo que aceleró el final de la violencia y que pretendía que se mantuviera el alto el fuego de la organización terrorista.

Tanto los socialistas como los jeltzales interpretaron entonces que la línea dura de ETA reventó aquella mesa de negociación –que se llevó a cabo en el santuario de Loiola con presencia de Iñigo Urkullu y Josu Jon Imaz, por parte del PNV; de Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria y Olatz Dañobeitia, de la izquierda aber-tzale, y de los socialistas Jesús Eguiguren y Rodolfo Ares.

El preacuerdo alcanzado pedía el reconocimiento nacional del País Vasco, defendía que «todos los proyectos políticos puedan ser defendidos y materializados», y hablaba del respeto a los «procedimientos legales y las normas vigentes». También establecía que los acuerdos adoptados por los representantes de la voluntad mayoritaria vasca fueran «respetados por las instituciones del Estado» y que los procedimientos legales pudieran ser revisados para que no fueran «un límite a la voluntad popular».

Aquel texto apuntaba también que a la ciudadanía vasca le asisten los convenios internacionales sobre los derechos sociales y políticos. Proponía, además, un órgano común entre Euskadi y Navarra.

Sin embargo, las conversaciones de Loiola no terminaron con fumata blanca. Según concluyeron los representantes del PNV y del PSE, tras un parón para examinar la marcha de aquel diálogo, la izquierda abertzale se echó para atrás del preacuerdo. A la representación de la antigua Batasuna le entraron serias dudas sobre el alcance semántico de determinadas expresiones a la hora de impulsar realmente un nuevo marco jurídico-político. La desconfianza pesaba de forma determinante. En ese sentido, los soberanistas plantearon un nuevo texto que exigía que, en el plazo de dos años, el proyecto de un nuevo estatuto para Euskadi y Navarra fuera sancionado en referéndum en ambas comunidades. Aquella exigencia de un nuevo marco con ese plazo y con ese ámbito territorial no fue aceptada por los socialistas ni por el PNV, que vieron detrás la mano de la línea dura de ETA. La mesa de Loiola certificó su fracaso definitivo en medio de un fuego cruzado de reproches y acusaciones.

Tras el colapso de las conversaciones de Loiola y Ginebra, Otegi y Etxeberria llegaron a la conclusión de que el modelo estratégico dirigido a la negociación con el Estado español estaba prácticamente agotado. La primavera de 2007 tocaba a su fin; ETA había vuelto a las armas, tras anunciar la ruptura de la tregua. El cambio estratégico en la izquierda abertzale estaba ya en camino y la ponencia 'Zutik Euskal Herria' –que acabaría imponiéndose en ese mundo– plasmaba esa mutación trascendental hacia el fin del terrorismo.

La posibilidad de retomar la vía de Loiola choca con un radical cambio de contexto. Tiene como trasfondo el debate sobre la actualización del autogobierno vasco una vez que las últimas elecciones catalanas, que han desactivado la mayoría absoluta independentista, pueden empujar también a las direcciones de PNV y a EHBildu a templar sus posiciones más soberanistas en una coyuntura en la que el respaldo la secesión de Euskadi respecto a España se encuentra bajo mínimos.

Pese a constatar este enfriamiento de la pulsión soberanista, PNV y EH Bildu creen que tampoco se puede dilatar por más tiempo la actualización del modelo del autogobierno de Euskadi. Para ello abogan por una relación bilateral, por el reconocimiento 'nacional' vasco y por fijar nuevas garantías. El objetivo es explorar cauces al derecho a decidir mediante un ensamblaje de los derechos históricos con el vínculo confederal con el Estado y, más a la larga, con una directiva europea de claridad similar a la de Canadá.

Los socialistas vascos se muestran muy críticos al debate en estos términos y rechazan que una reforma implique dar un salto cualitativo de la autonomía a la autodeterminación. Señalan que la sociedad vasca no vive obsesionada por los debates identitarios, pero asumen que la actualización del autogobierno incorpore el blindaje de nuevos derechos sociales.