Begoña Gómez acude hoy al juzgado para conocer la imputación de Peinado

Se trata del delito que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid investiga en la pieza separada que abrió el pasado marzo por el supuesto uso de su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, para las gestiones del día a día de su ya extinta Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Este sábado también han sido citados para esa misma notificación –que el juez Peinado podría haber efectuado perfectamente a través de procuradores – los otros dos imputados en esta pieza separada: la propia Álvarez, quien sigue ostentando el cargo de directora de Programas de la Secretaría de Presidencia del Gobierno, y el hoy delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien ejercía como jefe del gabinete técnico de la citada Secretaría General de Presidencia cuando Álvarez empezó a trabajar para Gómez en 2018. En su declaración como imputado en mayo, Martín se desvinculó por completo del nombramiento de la asesora, formalizado poco después de que Sánchez llegara a Moncloa tras la moción de censura que ganó a Mariano Rajoy.

Como en las anteriores ocasiones, el decanato de los juzgados de Madrid ha autorizado «ante el riesgo para su integridad física» que la mujer del jefe del Gobierno pueda acceder a la sede de Plaza de Castilla a través del garaje y dentro del vehículo de la comitiva oficial, ahorrándose así el paseíllo ante una posible nube de curiosos, manifestantes y periodistas.

Aunque Gómez sigue imputada por otros cuatro delitos además de la malversación -tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional-, la decisión de Peinado de desgajar este ilícito en una pieza separada es la que le permitiría enjuiciarla ante un jurado popular pese a no ser funcionaria pública.

Este miércoles, el instructor -en su auto de «transformación del procedimiento al tribunal del jurado»- dejó claro que en su resolución de avanzar hacia el cierre de este caso ha pesado el hecho de que el 10 de septiembre tanto Gómez, que solo respondió a su abogado y a preguntas muy tasadas, como Álvarez, quien guardó silencio, se negaran según su criterio a esclarecer qué trabajos efectuó realmente la asesora para la cátedra.

«Ninguna de las dos investigadas contestaron a pregunta alguna que le hubiera podido formular, bien este instructor o la representación de las acusaciones populares, e incluso el representante del Ministerio Fiscal o cualquiera de los letrados», constataba en su escrito el juez, quien infiere de ello que las dos imputadas rechazaron, en consecuencia, «esgrimir argumentos en su descargo».

Según la interpretación del instructor, el puñado de preguntas que se avino a responder Gómez (todas ellas formuladas por su abogado, el exministro socialista del Interior Antonio Camacho) «no permiten ser tenidas en cuenta en sentido exculpatorio», ya que –explicaba el juez el miércoles- los correos electrónicos aportados a la causa a mediados de este septiembre por el que fuera vicerrector de Relaciones Institucionales de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, confirmarían que, efectivamente, Álvarez trabajaba para la controvertida cátedra extraordinaria. La mujer de Sánchez defendió hace dos semanas en el juzgado a preguntas de Camacho que Álvarez solo hizo alguna gestión muy puntualmente para la cátedra y como favor personal.

Esas vagas respuestas en el juzgado y esos 'mails' remitidos por la Complutense, sostiene Peinado, han otorgado «verosimilitud» a la acusación de malversación contra Álvarez «que hasta ahora no podía determinarse de una forma concreta». En estos momentos de la causa, sin embargo, "nos encontramos -arguye el magistrado- ante indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos», lo que le ha permitido la «trasformación de las diligencias previas» en un «procedimiento para el juicio ante el tribunal del jurado».