La Audiencia Nacional pide la extradición del empresario vasco Alejandro Hamlyn, que reside en Emiratos Árabes

Así lo confirmó el propio empresario en conversación con este periódico el pasado mes de mayo en sus primeras declaraciones a un medio español. Según su versión, reside en una casa alquilada en Dubái, de donde no puede viajar a España porque tiene una «travel ban», una prohibición de abandonar el país como consecuencia de una deuda local de 30.000 dirhams, que al cambio actual son unos 7.000 euros.

Pero la petición activada ahora por el juez Francisco de Jorge, según ha adelantado 'Abc', responde a un tercer caso judicial en el que está investigado Hamlyn. Se trata del presunto soborno a un policía de la Audiencia Nacional a cambio de información confidencial de bases de datos reservadas. El magistrado ya había activado el 24 de junio una orden de detención contra el empresario de Getxo, nieto del histórico naviero José María López Tapia, tras no presentarse en el juzgado para declarar por estos hechos como investigado. Según el razonamiento de Francisco de Jorge, entre abril y noviembre de 2020 Hamlyn mantuvo «un gran número de conversaciones» con Javier Luis Muñoz de Morales, un agente que, según la investigación, habría proporcionado «información reservada» sobre diferentes personas y procedimientos.

Una transmisión de datos realizada, «en numerosos casos, como consecuencia de contraprestaciones económicas». En concreto, la mujer de agente habría recibido cada mes 4.250 euros del Grupo Afesa. Por todo ello, Hamlyn podría haber cometido un delito de revelación de secretos, otro contra la intimidad y un tercero de cohecho activo, que podrían llevar aparejadas penas que podrían alcanzar los 16 años de prisión.

El juez estima que la supuesta deuda que impide salir a Hamlyn de Emiratos Árabes Unidos es una «excusa difícilmente sustentable ante un razonamiento lógico ya que la presunta deuda que alega como impedimento para poder salir, independientemente de la veracidad o no de la misma, es de una cuantía que para una persona de su situación económica no resulta complicado de poder satisfacer, siendo por lo tanto un mero pretexto difícilmente creíble para tratar de justificar, sin base lógica alguna, su incomparecencia (...) del día 24 de junio».

Por todo ello y con el apoyo de la Fiscalía, el juez reclamó el 2 de julio al Ejecutivo que solicitara formalmente su extradición. Además, libró una comisión rogatoria a Emiratos Árabes en la que pide diversa información sobre la supuesta «travel ban» que le prohíbe salir de aquel país y pregunta a las autoridades locales si, en caso de depositarse una fianza suficiente, se levantaría la medida, así como si sería válido que una tercera persona la prestara sin el consentimiento del propio Hamlyn.

Mientras tanto, el empresario de Getxo se enfrenta a una petición fiscal de 60 años de cárcel por fraude fiscal y pertenencia a organización criminal por su participación en la 'mafia de la gasolina'. La vista oral de este caso arrancó el pasado 30 de junio sin la presencia de Hamlyn, considerado por la Fiscalía el cerebro de la trama y que podría ser juzgado en rebeldía. De hecho ya fue declarado en busca y captura por la Audiencia Nacional, que informó a Europol e Interpol de la requisitoria. Según las tesis de las acusaciones, el empresario vizcaíno y los otros 14 acusados habrían cometido un presunto fraude fiscal de más de 154 millones de euros en la tributación de IVA a la Hacienda pública.

Respecto al tercer caso en el que está implicado Hamlyn, el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ha imputado a la «fontanera» del PSOE, Leire Díez, por cohecho y tráfico de influencias, a cuenta de sus supuestas maniobras para, entre otros objetivos, tratar de desacreditar el trabajo de la UCO en las investigaciones más sensibles que afectan al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez.

El juez Arturo Zamarriego la ha citado como investigada el próximo 11 de noviembre. Ese mismo día el instructor también tomará declaración como testigo al abogado Jacobo Teijelo, actual letrado de Santos Cerdán y en cuyo despacho de Madrid el pasado febrero tuvo lugar la reunión para conspirar contra la UCO durante una videoconferencia con Alejandro Hamlyn.

En esa cita, «la denunciada ofreció» al empresario de Getxo «un acuerdo con la Abogacía del Estado y la Fiscalía para evitar su condena (en el caso de la 'mafia de la gasolina') a cambio de información sobre un supuesto caso de corrupción que implicaría al teniente coronel Antonio Balas». Este teniente coronel es el mando de la Guardia Civil que dirige el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción, la sección más compleja y amplia de la UCO.