Este lunes será el último día de la XII legislatura. A partir de esa fecha el Congreso como el Senado estarán disueltos y se pondrán ... en marcha las Diputaciones Permanentes que estarán «de guardia» mientras no se constituyan las nuevas Cortes tras las elecciones del 28 de abril.
Ha sido una legislatura abrupta y no ha podido tener peor colofón. El miércoles asistimos en el Senado a un debate que nos ha preocupado sobremanera. El contexto ha sido la aprobación por parte de Gobierno español del calendario y el plan de trabajo para traspasar las transferencias pendientes a Euskadi. Por primera vez, desde que en 1993 se aprobara el primer informe Zubia en el Parlamento, las instituciones vascas cuentan con un reconocimiento formal de que el Estatuto de Gernika debe ser completado. Ante esta realidad y sin rubor alguno, el PP aprobó una moción en el Senado para instar a paralizar la transferencia de competencias a Euskadi. En términos políticos, el Grupo Popular promovió en el Senado el incumplimiento de la ley.
El tema es más preocupante si cabe porque la iniciativa partía del senador popular vasco Iñaki Oyarzábal. Eso sí, en el momento de la verdad no se atrevió a defender su moción y se ausentó. Debió comprender que es incompatible pedir en Madrid que no se cumpla el Estatuto y pretender en Euskadi representar a la institución foral. Debió entender que resulta imposible explicar a las y los alaveses un voto contrario a sus intereses. Es obvio que no fue casualidad que Oyarzábal no estuviese ni siquiera presente en el debate ni en su votación y, sin embargo, se reincorporase al plenario justo en el siguiente punto del orden del día.
La defensa de la moción por parte del PP resultó lamentable. Llamó la atención que la ponente que ofreció la «cobertura» a Oyarzábal en defensa de la no aplicación, desarrollo y cumplimiento del Estatuto comenzase su defensa con una loa a la manifestación de la Plaza de Colón. Según afirmó, gracias a esa manifestación habían conseguido que «el kamikaze de la Moncloa» convocase elecciones y evitaron que «Pedro Sánchez vendiera y fragmentase España». Fin de la doble cita.
El PP entiende que dialogar significa rendirse, curioso concepto del ejercicio de la democracia. Lo más preocupante es que el PP considere que pedir el cumplimiento del Estatuto significa «vaciar España» y que ceder nuevas competencias a las Comunidades Autónomas va en contra de la sacrosanta unidad que quieren defender a toda costa, incluyendo el incumplimiento de la ley si es preciso. Mi preocupación crece cuando compruebo que los argumentos utilizados por el PP en 2019 son los mismos que utilizó AP para votar en contra del Título VIII de la Constitución hace 40 años. Su oposición frontal a ese Título se mantiene igual.
El PP identifica el cumplimiento del Estatuto con «ambiciones nacionalistas», lo que convierte automáticamente esta ley orgánica en intolerable. La doble vara de medir es evidente y un ejemplo paradigmático que da la razón al portavoz de PDeCAT, Jordi Turull, en su defensa ante el Supremo, cuando afirmaba que «es una ganga ir vestido de constitucionalista, porque se puede incumplir la Constitución cuando se quiera».
La política está en horas bajas; nunca una profesión tan noble había sufrido tanto y el último Pleno ha sido la peor forma de poner fin a la legislatura. La falta de argumentos o su falta de consistencia han superado todos los límites. Han pasado solo 26 años desde que el PP apoyara el 'Informe Zubia' en el Parlamento Vasco. Solo 26 años desde que el PP reconociera la necesidad de la transferencia a Euskadi de la competencia sobre instituciones penitenciarias. Hoy el clima es claramente más propicio a alcanzar ese acuerdo pero nos encontramos con una oposición frontal a materializar esa o cualquiera de las transferencias. Como el senador Cazalis afirmó al defender nuestra posición, el PP «está rompiendo todos los frágiles consensos que durante años se han ido construyendo», tiene que ser consciente de sus actos y valorar sus consecuencias.
El texto aprobado a instancias del PP, con Oyarzábal oportunamente ausente, es un despropósito. Como afirmó el lehendakari, es «un desatino que supera todos los límites». Es inconcebilbe que un partido, el PP, posibilit e que una Cámara legislativa inste al Ejecutivo a incumplir el Estatuto, una ley orgánica que forma parte del bloque de constitucionalidad. No oculto mi preocupación porque, poco a poco, este modus operandi se está imponiendo en el día a día del debate parlamentario. Se está instalando en las Cortes, y asumiendo de manera acrítica, esta burda manera de hacer política. Esta última inciativa pone de manifiesto la impunidad con que se defienden posiciones a sabiendas de que chocan frontalmente con la Constitución. Lo hacen quienes tanto alardean y claman en su defensa. Ante esta loca carrera involucionista que se ha impuesto en el foro madrileño solo nos queda aferrarnos al modelo vasco. Es más necesario que nunca trasladar el rigor y la capacidad de alcanzar acuerdos que ha caracterizado y caracteriza a la representación vasca. Es necesario reivindicar otra forma de hacer política y poner pie en pared para evitar que se atente contra nuestro autogobierno, nuestros derechos y nuestro futuro.
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