Bloqueo institucional

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano constitucional al que corresponde, entre otras funciones, efectuar los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo, agotó su mandato en diciembre de 2018 (hace casi tres años). Como consecuencia de ello y de la última reforma de su ley reguladora, las vacantes que se produzcan en los más altos tribunales no podrán ser cubiertas. El Partido Popular se niega a renovar el CGPJ porque su composición actual le beneficia, pero hay que advertir de que, si se procediera al nombramiento de 20 nuevos vocales de la misma forma que se hizo en 2013 y en anteriores ocasiones, mediante un perverso reparto de las vocalías entre los partidos con representación parlamentaria, nada habríamos ganado. Esa forma de proceder es radicalmente inconstitucional según advirtió el Tribunal Constitucional en su sentencia de 1986 sobre el tema. La crisis del CGPJ solo puede resolverse atribuyendo a los jueces, tal y como nos reclaman desde instancias europeas, el nombramiento de la mayor parte de los vocales del CGPJ.

Otras instituciones no esenciales pero sí muy relevantes como el Tribunal de Cuentas o el Defensor de Pueblo también tienen su mandato caducado. La Defensora del Pueblo terminó su periodo de cinco años hace más de cuatro, en 2017 y desde entonces ejerce sus funciones «interinamente» y con notable acierto Francisco Fernández Marugán, pero las Cortes no han cumplido aún con su obligación de nombrar al titular de la institución. El Tribunal de Cuentas, al que, entre otras cosas, corresponde velar por el sometimiento de toda la actividad económica del sector público al principio de legalidad, también ha expirado su mandato y en todo caso su composición es fruto de un reparto de los puestos entre los dos principales partidos políticos.

Finalmente, el defensor jurídico de la Constitución y órgano encargado de arbitrar y resolver en última instancia todos los conflictos jurídico-políticos, el Tribunal Constitucional, tiene a un tercio de sus miembros con su mandato finalizado desde noviembre de 2019.

Nada de esto –y podríamos seguir con más ejemplos– es normal. Las principales instituciones del país tienen su mandato caducado desde hace años. Esto es algo que ya había ocurrido en el pasado en relación a alguno de los mencionados órganos, pero nunca habíamos asistido a un escenario de bloqueo general de todas las instituciones. En todo caso, este colapso es el colofón de un problema estructural de nuestro sistema constitucional: la colonización partidista de instituciones que deben permanecer al margen de la lógica de los partidos. Durante años las fuerzas políticas establecieron de facto un 'sistema de cuotas' mediante el cual –en función de su peso político en las Cortes– designaban a candidatos de su confianza para ocupar puestos en el CGPJ, Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional, etcétera. Este reparto de puestos era y es contrario a la lógica constitucional que exige que estos cargos se cubran por personas que, por su trayectoria y méritos, susciten un amplio consenso. Con todo, durante muchos años se funcionó así. Actualmente, como consecuencia del aumento de la polarización política, unos partidos incapaces de llegar a ningún acuerdo constructivo en el marco de las diferentes políticas públicas, incluidas las de Estado, incumplen también sistemáticamente sus obligaciones de renovar los órganos constitucionales.

En este contexto de 'anormalidad' muchos reclaman lógicamente que los partidos, y especialmente el Partido Popular, principal beneficiado de la situación, vuelva a la mesa de negociaciones. El bloqueo es inaceptable. Ahora bien, como el sistema de 'cuotas' actualmente vigente también lo es, debemos exigir a los partidos que procedan a renovar todos estos órganos con lealtad a la Constitución, consensuando nombres de indiscutible prestigio y sin vinculaciones partidistas. Esto parece un objetivo utópico visto que los hechos demuestran que la voracidad partidista no tiene límites. Baste señalar el nombramiento por Sánchez como fiscal general de una persona de su absoluta confianza, o el hecho de que la primera medida de Díaz Ayuso como presidenta de Madrid fuera hacerse con el control de la televisión autonómica. Por esta vía, nuestra democracia se degrada y la confianza ciudadana se debilita.