La nueva esclavitud cubana se instala en España

«Lo que nos debían pagar por las medallas se lo quedaba el gobierno y sólo la cuarta parte es para los atletas, el entrenador, el médico y el fisio», denuncia L. L., que compitió en los mundiales de Francia y España y que tiene ahora 36 años. «Jugadoras de otros países nos decían cuánto les iban a pagar por las suyas. El oro, 15.000 dólares; la plata, 10.000. Yo volví con dos medallas de plata y sólo me pagaron 945 dólares». Hasta que desertó después del campeonato de 2018 en Barcelona, ella pertenecía a las «misiones internacionalistas», un plan de exportación de mano de obra, desde médicos hasta músicos.

«La exportación de personal profesional especializado, particularmente sanitarios, sigue siendo la principal fuente de ingreso» de la isla, dice el relator especial para la Esclavitud Contemporánea de Naciones Unidas, Tomoya Obokata. En una investigación que sigue abierta, la ONU estima que hay unas 50.000 «presuntas víctimas no identificadas», sobre todo médicos repartidos en 67 países desde los años sesenta, entre ellos España. Trabajan en «condiciones laborales precarias y de explotación» y su reclutamiento se realiza mediante «convenios» firmados entre las corporaciones de aquel país con «empresas, ayuntamientos o comunidades autónomas».

En una carta remitida a Cuba, con copia al gobierno español, Obokata asegura que «en España, deportistas, artistas, músicos, bailarines y otros profesionales cubanos trabajarían a través de empresas de la isla que retendrían una gran parte de su salario». Enumera además los «presuntos abusos a los derechos fundamentales», como la privación de sus libertades, debido a la confiscación de pasaportes y «toques de queda», y con salarios que «no permiten una vida digna».

Este periódico confirmó que esta investigación cuenta con, al menos, tres testimonios de personas que fueron explotadas en España. Los de un especialista deportivo, un mecánico naval y un ingeniero electricista. El primer caso sucedió hace cinco años y los otros dos a principios de siglo. Las jornadas sumaban entre 54 y 77 horas a la semana, sólo uno conocía el contenido de su contrato, otro no sabía ni siquiera su destino, ninguno podía dormir fuera del lugar asignado ni podían traer a sus familias para que les acompañaran, lo que la ONU califica como una «separación familiar prolongada» que incluía a sus hijos menores de edad.

También carecen de intimidad: «Fui regañada por mantener relaciones personales con una competidora española, e informada de que se me iba a sancionar por dos años de separación del deporte al llegar a Cuba», advirtió una de estas personas. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos responde a este periódico que, aparte de estas declaraciones, «no tenemos mayor información de primera mano sobre la situación de personas trabajadoras de Cuba en España», aunque está atenta de la deserción reciente de atletas.

«A España vienen deportistas y artistas como bailarines, músicos, dramaturgos, actores. No son de primera categoría ni consolidados, sino dependientes de compañías cubanas», asegura Javier Larrondo, presidente de Prisioners Defenders, una organización establecida en Madrid y que colaboró con Naciones Unidas en sus pesquisas.

En España, no obstante, «es mínimo lo que pasa, entre 100 y 200 casos al año», calcula Larrondo. «Pero cada país suma». El Ministerio de Exteriores no respondió sobre posibles convenios para importar mano de obra de Cuba, aunque durante la pandemia el gobierno de la Comunidad Valenciana amagó con traer médicos cubanos para la emergencia.

Los deportistas y los músicos que recalan en España tienen «contratos de corta duración. Como el de una banda musical con un ayuntamiento», explica Larrondo, que prepara la entrega de 1.400 testimonios a la Comisión Europea. «Son cosas puntuales. Los deportistas o licenciados en Educación Física pueden dar también cursos de formación o conferencias. No están en el mismo sitio durante meses, pero también viajan en una situación de indefensión, control y vigilancia. Si hay dinero, las autoridades cubanas lo retienen».

Por ejemplo, cita Larrondo, «una banda del nivel de Buena Vista Social Club cobra unos 5.000 euros por concierto. Pues al cantante principal le dan 300 y a los demás músicos, menos. El resto va a la empresa de promoción estatal. No van a hablar nunca, aunque hayan desertado, porque viven de su imagen pública y tienen familia atrapada en Cuba».

Entre las sanciones que documentan si alguien escapa está la prohibición de regresar a Cuba en ocho años. Las tres personas que brindaron su versión a Naciones Unidas fueron castigadas y ninguna pudo regresar a visitar a los suyos, aunque lo intentaron. A través de su misión permanente, Cuba respondió a Tomoya Obokata, en dos ocasiones, la más reciente el 19 de enero. «Los profesionales cubanos no son víctimas de explotación laboral (...), se garantiza el derecho a la jornada de trabajo de ocho horas, al descanso semanal, a disfrutar de vacaciones remuneradas», indicó por carta. «Es absolutamente falso que se restrinja la libertad de movimiento, se viole su derecho a la privacidad y se vulneren sus comunicaciones o que se hallen bajo vigilancia de funcionarios del gobierno. Sólo se emplean las medidas de seguridad individuales y colectivas necesarias para su salvaguarda y protección».

España no sólo sirve como destino de profesionales en las «misiones internacionalistas». También es refugio de los que han logrado huir durante su estadía en otros países, como Catar, Brasil, Italia, Arabia Saudí o Eritrea. «Te venden la idea de que vas a salvar pueblos que tienen poco acceso a la salud, pero tiene un interés económico», mantiene J. S., médico nacida cerca de La Habana hace 38 años. Después de dos misiones en Venezuela y Brasil, ella y su pareja se establecieron en la costa española en 2019, porque «no podíamos seguir viviendo en Cuba».

En su país natal ganaba 25 dólares al mes. «Con el salario de un médico especialista no tienes ni para comprarte un televisor ni una lavadora», prosigue J. S. «Puede parecer poca cosa, pero estás condenado a vivir en la casa de la familia. En mi primera misión, en Venezuela en 2011, me pagaban 125 dólares mensuales en una tarjeta que sólo podía utilizar en Cuba. Allí nos daban un estipendio en moneda local, muy poco. No pagábamos alquiler porque vivíamos cinco personas en una casa de dos habitaciones. Yo dormía con mi esposo en una cama personal. Así dos años. Siempre hay alguien en la casa que reporta a la seguridad del Estado. No podíamos llegar después de las seis de la tarde. Estuve dos años y fue traumático».

Su segunda misión, en Brasil, comenzó en 2015. «Tú te buscabas dónde vivir. La mayoría, en la precariedad más absoluta para ahorrar y comprar cosas que llevar cuando regresas». Del convenio con Brasil de la época del primer gobierno de Lula Da Silva, J. S. calcula que le daban sólo el 20% de lo que cobraban sus colegas locales, pero asegura que nunca recibió una copia de sus condiciones laborales.

En uno de los contratos de un ingeniero biomédico con el Ministerio de Salud de Etiopía se especifica en una de sus cláusulas que el salario pagado por un hospital de Adís Abeba por sus servicios era de 2.500 dólares mensuales, «de los cuales 790 dólares se te pagarán en moneda nacional (…) y el remanente de 1.710 dólares será transferido al gobierno de Cuba», estipula el documento. En ese centro sanitario también laboraban ocho ingenieros y 14 médicos, y vivían todos juntos.

La vigilancia es extrema. Detectan incluso si uno de los trabajadores de las misiones deja de enviar remesas a su madre o familiares, como le pasó a L. M., un ingeniero biomédico destacado en África. Las autoridades detectaron su cambio de comportamiento y le interrogaron. También le retiraron su pasaporte oficial cuando su esposa llegó a visitarle. Ambos lograron escapar en un periplo de películas de espías, que les llevó hasta España.

L. L. también está en la península. «Tenía 30 años y me iban a sacar de la selección, y me quedaba sin futuro», recuerda. «Pensé que no me quedaba otra que aprovechar el mundial. Éramos 18 deportistas, tres entrenadores y el de seguridad. Tuve suerte porque después yo fui a jugar un torneo al que me habían invitado y los demás regresaron a La Habana. Fui con otra jugadora y mi entrenador, que retenía mi pasaporte. Al regreso de Tenerife hicimos escala en la madrugada y él se durmió en un banco del aeropuerto. Yo cogí mi mochila y por la primera puerta me fui».

¿Las condiciones de trabajo de las misiones cubanas son una forma de esclavitud contemporánea? «Totalmente esclavo. Les faltaba sacar el látigo y darnos. No te dejan moverte, como si estuvieras preso, te quitan tus documentos y te pagan menos de lo que corresponde», responde L. L., que ahora trabaja de camarera. «En todo el tiempo que llevo aquí no me arrepiento de lo que hice». La investigación de un secreto a voces prosigue en la ONU.