Se vende antigua VPO en el centro Donostia por 637.000 euros

Una vivienda de protección oficial (VPO) se puede vender. Existe un mercado regulado y controlado por las instituciones según el cual el adjudicatario de un piso de iniciativa pública puede ponerlo a la venta cuando lo estime necesario. Pero debe hacerlo a un precio que en Euskadi establece el Gobierno Vasco y a una persona o familia que cumpla con los requisitos legales para acceder a una VPO. En síntesis, sería el traspaso vigilado de una vivienda protegida de un necesitado a otro y a un precio acorde a la naturaleza del inmueble.

Es difícil hacer trampas en estas operaciones, dado que el Gobierno Vasco actúa de garante y debe conceder en última instancia el plácet para que el notario autorice la compraventa, previa certificación de que el adquiriente cumple los requisitos establecidos (renta, no tener otra vivienda, patrimonio limitado...) y la operación se efectúa al precio fijado para evitar la especulación.

Cada año se producen en el País Vasco en torno a 1.000 compraventas de VPO en estas condiciones.

Desde 2003, todas las VPO que se construyen en Euskadi mantienen esta consideración para siempre. Es la única comunidad, junto con Baleares, en que es así. Navarra prepara un cambio en su normativa para ser la tercera.

En el resto de España. y en el caso de las VPO vascas levantadas antes de 2003, la situación es diferente. Pasado un periodo de tiempo establecido (habitualmente 20 años), la vivienda protegida pasa a ser libre de pleno derecho. Quiere esto decir que se puede vender al mejor postor al precio que se desee, sin la 'vigilancia' del Gobierno Vasco. Ahora bien, existe una contraprestación. Se llama 'derecho de superficie', según el cual ese piso pasa a ser libre pero por un tiempo limitado, de modo que transcurrido ese plazo la vivienda debe ser devuelta a la institución promotora (Gobierno Vasco, ayuntamiento...). El plazo más común del derecho de superficie son 75 años.

Del total de 75.000 VPO existentes en Euskadi, la amplia mayoría (unas 65.000) están construidas de 2003 en adelante, por lo que han sido, son y serán VPO siempre, y si se venden debe hacerse bajo las condiciones señaladas. Pero existen unas 10.000 levantadas en 2002 o antes que, habiendo sido adjudicadas en su día como protegidas, han podido pasar a ser libres o están a punto de hacerlo.

Es el caso de un piso que se ha puesto recientemente a la venta en Atotxa (Donostia), donde anteriormente se ubicaba el campo de fútbol. Forma parte de una promoción de VPO levantada en 2002 por el Ayuntamiento cuyo precio de venta ha desatado la polémica en la ciudad. El propietario pide 637.000 euros por una vivienda de 100 metros cuadrados, exterior, tres habitaciones, ascensor, plaza de garaje, trastero y estratégicamente ubicada en un emplazamiento cercano al centro de la ciudad, al barrio de Gros, y a las estaciones de Renfe y autobuses. La polémica ha surgido ante las dudas sobre si es legal pretender ese dinero por una antigua VPO.

La respuesta es sí. El director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda del Gobierno Vasco, Mario Yoldi, explica que las viviendas acogidas a la antigua normativa, como esta, pasado el tiempo establecido (en este caso los 20 años habituales), pasan al mercado libre, por lo que el vendedor puede reclamar el precio que desee. Pero remarca que el comprador de una VPO anterior a 2003 debe tener en cuenta si está bajo el régimen de 'derecho de superficie', porque en ese caso habrá de devolverla en un futuro a la institución promotora.

En el caso de Atotxa, el anuncio ya indica que se trata de un piso con 'derecho de superficie' durante 75 años, por lo que al haber transcurrido 20 desde su construcción, el comprador de esta vivienda deberá devolverlo dentro de 55 años (en 2077). En este caso a Etxegintza, la sociedad pública de vivienda del Ayuntamiento de San Sebastián.

Yoldi recuerda que hace años el Gobierno Vasco ofreció a los titulares de VPO con derecho de superficie la posibilidad de comprar ese derecho. De este modo, desaparecía la 'espada de Damocles' que supone saber que llegará el día en que la vivienda deberá ser devuelta a la Administración. A cambio de esa plena propiedad, el requisito era que la vivienda se mantenía en el régimen de VPO toda la vida, renunciando a la mutación a libre.

De los 10.000 titulares susceptibles de acogerse a la medida, lo hicieron «unos 4.500», apunta Yoldi, que añade que gracias a ello el Ejecutivo autonómico ingresó «en una época de crisis y fuerte caída de ingresos, 55 millones de euros que se pudieron destinara a políticas de vivienda». El resultado es que quedan en Euskadi más de 5.000 viviendas antiguas VPO que ahora son libres pero con derecho de propiedad, y como tal serán recuperadas por el Gobierno o ayuntamiento correspondiente dentro de varias décadas. Como el caso del piso de Atotxa.

Temas

• Viviendas de Protección Oficial (VPO)