Citan como investigados a tres técnicos de Medio Ambiente por el derrumbe del vertedero de Zaldibar

Fuentes del Departamento de Medio Ambiente han señalado que «en el proceso judicial iniciado por el derrumbe del vertedero de Zaldibar han llamado a declarar a varias personas, entre ellas a tres técnicos de medio ambiente, que finalmente han sido citados a declarar como investigados». En concreto, a dos de ellos se les cita como técnicos pertenecientes al servicio de Inspección de la viceconsejería de Medio Ambiente que «intervinieron en la concesión a Verter de la autorización ambiental integrada de 2011 que dotó de efectividad a la autorización de 2007 y que permitió el inicio de la explotación del vertedero». A una tercera técnico, en este caso mujer, se le cita «al intervenir en las inspecciones programadas del año 2017». Desde el Gobierno Vasco recalcan que «estamos colaborando en todo el proceso porque somos los primeros interesados en esclarecer lo sucedido».

El derrumbe del vertedero de Zaldibar, gestionado por la empresa Verter Recycling, se produjo el 6 de febrero de 2020 a primera hora de la tarde y sepultó a los dos empleados que se encontraban en la zona de la báscula en ese momento, Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán. El cuerpo de Sololuze fue recuperado en agosto de 2020, pero el de Beltrán no pudo ser localizado. El operativo de búsqueda organizado por el Gobierno Vasco se dio por concluido en mayo de 2021.

La Comisión Europea concluyó el pasado octubre que las autoridades competentes «no violaron» la legislación de la UE en el derrumbe del vertedero de Zaldibar y «avaló la actuación» del Gobierno Vasco en todo el proceso, según ha destacado la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia. Pero ese aval de la Comisión Europea no cerró el proceso judicial que sigue abierto en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Durango, que se hizo cargo del caso al día siguiente del derrumbe de la escombrera.

En el sumario judicial constan informes como el de la Ertzaintza, que aprecia «indicios de criminalidad» y de haber puesto en «riesgo grave» el entorno natural y la salud de las personas. También varios estudios que alertaban desde 2018 de importantes problemas de estabilidad en la escombrera, o de que los residuos que contenía no estaban autorizados. Incluso la Inspección de Trabajo emitió un informe en el que consideraba que existía una «relación causal» entre las dos muertes y el «incumplimiento» de las obligaciones de la empresa para la protección de la seguridad de los trabajadores. La investigación que se abre ahora deberá determinar si los técnicos de Medio Ambiente cometieron alguna negligencia en su labor.

Los responsables de la empresa Verter Recycling -el dueño del vertedero, José Ignacio Barinaga; su sobrina, María Arrate Bilbao; y el ingeniero jefe de la planta, Juan Etxeberria- reconocieron en julio de 2021 su responsabilidad por las muertes de los dos trabajadores al admitir que, a pesar de conocer los riesgos, no tomaron ninguna medida para paralizar la actividad en el basurero. Llegaron a un acuerdo con las familias de las víctimas para indemnizarlas por valor de 2.750.000 euros. A cambio, las penas de cárcel que se les impusieron fueron bajas y no tuvieron que ingresar en prisión.

En la actualidad, el vertedero de Zaldibar sigue sin estar sellado. El requerimiento que el Gobierno Vasco hizo a comienzos de febrero a Verter Recycling, la empresa gestora, para que completara en seis meses el sellado provisional del depósito no se ha cumplido. Tampoco se ha llevado a efecto el abono de los 28,6 millones de euros que el Ejecutivo autónomo reclama a la compañía por las labores de estabilización que acometió en el terreno y la búsqueda de los cuerpos de Sololuze y Beltrán. La entrada en liquidación de Verter es el motivo de este retraso.