Las residencias deberán devolver el dinero a los usuarios por la afección tras 149 días de huelga

Resuelto el problema legal, serán formalmente los centros los que se encarguen de compensar a las familias por las horas de atención no prestadas en los días de movilización (los servicios mínimos decretados por el Gobierno Vasco obligan a que haya un 70% de personal y un 10% más en las horas de mayor actividad). Lo harán, como pronto, a principios del año que viene, bien abonándoles la cantidad en la cuenta corriente, bien descontándosela de la mensualidad que cada usuario paga. Esta misma semana la Diputación informará por carta a las familias del proceso a seguir, y más adelante, en un segundo envío, se les detallará la cantidad exacta que les corresponde recibir.

En su día, la diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, indicó que ya se había puesto en marcha el proceso para descontar a las empresas el dinero por esas horas no prestadas, ya que las residencias han venido recibiendo la misma tarifa de la Diputación, pero se han ahorrado los costes salariales de las trabajadoras en huelga, por lo que estaban percibiendo dinero de más. Así, en Juntas Generales, y a preguntas del grupo EH Bildu, Peña indicó que la cuantía total ascendía a 710.788,2 euros, una cifra que se había calculado en base a diferentes parámetros y que ahora habrá que actualizar, porque faltaba por cuantificar el impacto de las huelgas de octubre y noviembre, a las que han seguido otra convocatoria más -que termina hoy mismo- y la que está prevista que se inicie mañana, salvo que ELA la desconvoque a última hora.

Para establecer la cantidad que se devolverá a los usuarios, la Diputación explica que se evaluará centro a centro, y día a día, qué horas se han prestado y cuáles no. En aquellos donde no se haya cumplido el mínimo exigido por decreto -algunas residencias cumplen por encima de ese catálogo legal-, se aplicará la compensación y de ahí se obtendrá una cifra de familias afectadas, porque el seguimiento a los paros está siendo diferente en cada centro (tanto en residencias, con mayor incidencia, como en centros de día).

El 60% del coste de una plaza suele ser de financiación pública, y por eso en función de la cifra que se obtenga, la Diputación descontará ese porcentaje a las empresas directamente. El 40% restante deberá repartirse entre las familias, en base a lo que cada usuario pague. Ese copago se calcula según unos baremos públicos, que tienen en cuenta los ingresos de la persona y su grado de dependencia. Como máximo, un usuario paga el 70% de la plaza. El cálculo al detalle se hará a final de año, y una vez determinado, se remitirá una segunda carta a los usuarios para informarles de la cantidad a percibir.

De no haberse llegado a esta solución, las posibilidades para devolver las cantidades a las familias se complicaban mucho por cuestiones legales, al tratarse de un precio público y un servicio ya prestado, sin apenas margen de maniobra desde la Administración, explican fuentes de la institución foral. La otra opción posible era descontar el 100% de la cantidad a las empresas, y que la cantidad se quede en las arcas forales, pero el Departamento de Políticas Sociales ha intentado esta vía nueva para tratar de compensar a las familias en un conflicto laboral que sigue alargándose, con el objetivo de resarcirles «por las molestias e inconvenientes ocasionados por efectos de esta huelga», se indica en la carta que se remitirá esta semana a los usuarios.

En ella también se informa de que, al margen del mecanismo para compensar económicamente a los usuarios afectados por los paros, la Diputación ha decidido no incrementar las aportaciones económicas que deberían realizar las personas usuarias por efecto del incremento de determinadas pensiones de viudedad este año. «Esta medida supone un ahorro de 425.315 euros para el conjunto de los usuarios», hacen saber en el escrito desde el Departamento de Políticas Sociales.

En caso de que se mantenga la huelga y haya nuevas convocatorias a lo largo del próximo año, la Diputación seguirá el mismo procedimiento para reclamar ese dinero pagado de más a las empresas y devolver las cuantías proporcionales a los usuarios.