El rechazo de Bergara a la planta de residuos complica el plan de reciclaje del Gobierno Vasco para 2030

A través de un decreto de alcaldía, el Consistorio bergararra dejó sin efecto el informe de compatibilidad urbanística emitido el 23 de julio a la empresa Valogreene Paper BC para la instalación de una planta de gestión de residuos en el polígono Larramendi. Lo fundamenta en que la actividad reseñada para la emisión de la citada licencia «no coincide ni con la actividad que se recoge en el proyecto que se somete a la autorización ambiental integrada, ni con la actividad que se somete a exposición pública el 23 de septiembre en el Boletín Oficial de la CAV».

El alcalde de la localidad, Gorka Artola (EH Bildu), ya avanzó el pasado viernes en rueda de prensa que el proyecto presentado por Valogreene «no presenta a día de hoy las garantías ambientales y sanitarias necesarias». Según precisó, el proyecto presentado por la firma alicantina en el Ayuntamiento no coincide con el que entregó al Gobierno Vasco. Aseguró que al buzón municipal llegó el plan para «una planta de producción ecológica de cargas minerales para la industria», mientras que al departamento de Medio Ambiente se pidió el visto bueno para la «actividad de gestión de residuos no peligrosos».

El propio Ayuntamiento informó ayer de su decisión a la consejería de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, que de esta forma, y al menos de momento, se queda sin una de las diez patas sobre las que había sustentando el plan para poder cuadrar a futuro la gestión de los residuos en Euskadi, que se vino abajo con el dramático derrumbe del vertedero de Zaldibar y el cierre de instalaciones como las de Mutiloa y Larrabetzu.

Según expuso el martes la consejera Arantxa Tapia, la capacidad de vertido de residuos no peligrosos para la próxima década en los diez vertederos en activo es de unos 4.000.000 de metros cúbicos, cuando la previsión es que la economía vasca necesitará en ese plazo de tiempo una capacidad de vertido de hasta 7.500.000 metros cúbicos.

Para hacer frente a semejante volumen de desechos, el Plan de Prevención y Gestión de Residuos del País Vasco 2030 recoge varias líneas de actuación: bajar progresivamente en la próxima década del actual 37% al 15% los desechos que van a los vertederos, reducir un 30% los residuos que se generan y reutilizar el 85% de los considerados no peligrosos convirtiéndolos en materiales secundarios.

El plan cuenta con una inversión de 97 millones de euros. En su borrador, se planteó la opción de construir una gran planta pública de tratamiento de residuos. Sin embargo, finalmente el Gobierno Vasco apostó por diez plantas más pequeñas y fraccionadas por sectores industriales en distintos municipios de Euskadi.

La propia Arantxa Tapia se refirió el martes a las dos únicas ubicaciones que han trascendido públicamente: la de Bergara, para residuos de papel y de iniciativa privada; y la de Zumarraga, para la valorización de plásticos. En el caso concreto del proyecto en el polígono bergararra, aseguró que se encontraba «bastante avanzado».

El proyecto que ha encontrado ahora el rechazo municipal, suponía una inversión global de 20 millones de euros, con una previsión de 45 puestos de trabajo entre directos e indirectos, incluidos los derivados de la propia construcción de la infraestructura. Estaría concluida para marzo de 2023 y se calculaba procesar 122.000 toneladas anuales de papelote, lodos y otros residuos, de manera que, mediante el procedimiento de pirólisis, se pudieran obtener 22.000 toneladas al año de cargas minerales para su utilización en los sectores de la construcción e industria química. Satisfaría así la necesidad de «no solo revalorizar, sino también que después se pueda utilizar como material», apuntaba el martes Tapia.

Desde el primer momento, el emplazamiento de esta planta en Bergara ha generado dudas y reparos en la población, especialmente en los barrios más cercanos al polígono de Larramendi, Basalgo –donde se ubica la parcela donde irá la planta–, San Juan y Ubera, así como la de plataformas como Ekologistak Martxan, que presentó alegaciones al estimar el impacto ambiental y para la salud. La preocupación también se extendió al propio Ayuntamiento, tras recibir hace unos días las conclusiones del estudio medioambiental que encargó a la empresa Fitcher. Según admitió la corporación municipal la semana pasada, «las dudas que tenía inicialmente el gobierno local han aumentado» tras tener conocimiento del nuevo informe, que no se ha hecho público.

Y así se lo trasladaron en una reunión a la viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental, Amaia Barredo, a la que pidieron una prórroga de 15 días naturales para presentar alegaciones, cuyo plazo acababa el próximo lunes y aún no ha sido prolongado.

Mientras tanto, los vecinos de Bergara se siguen movilizando. Por un lado, desde hoy hasta el domingo continuará la colocación de mesas en la Plaza, Irala kalea y frontón para recoger firmas y alegaciones en contra de la nueva planta de incineración de recursos de la industria papelera. Asimismo, esta tarde, a las 19.00 horas, se ha convocado una concentración bajo el lema 'Bergarako Larramendin erraustegiri ez' ('No a la incineradora en Larramendi de Bergara').