La reapertura de fronteras el 21 de junio aliviará la comunicación en la muga de Irun

Cuando parecía que la batalla estaba perdida y que la petición realizada por los alcaldes de Irun y Hendaia, entre otros, de reabrir la circulación habitual en la muga antes de julio iba a quedar en saco roto, el presidente Pedro Sánchez sorprendió ayer al anunciar que desde el próximo domingo, día 21, se abrirán las fronteras en la Unión Europea. La decisión llegó de forma inesperada, ya que el Gobierno ha insistido en varias ocasiones que hasta el 1 de julio no se planteaba dicha reapertura, pero finalmente esta se adelantará por la presión de la Comisión Europea, ya que la mayoría de países del entorno reabren sus fronteras a partir de hoy.

Así, a partir de las 00.00 horas del domingo, desaparecerán previsiblemente los controles policiales en el puente de Santiago, que han formado parte del paisaje de la muga desde mediados de marzo. Comenzará a recuperarse así la habitual circulación entre vecinos del Bidasoa y de Iparralde y se agilizará el paso por este tramo que ha martirizado a centenares de personas que viven a un lado de la frontera pero tienen su trabajo, su vida social o su familia al otro lado.

La decisión del Ejecutivo de Sánchez trae consigo que el plan de reconstrucción tras el azote de la pandemia de coronavirus se inicie ya este domingo, una vez decaiga el estado de alarma y las fronteras con los países de la zona Schengen -cerradas desde el pasado 17 de marzo- vuelvan a reabrirse sin necesidad de cuarentena para los viajeros que entren a España. En el caso de Portugal, a petición del Gobierno luso, la apertura se retrasará al 1 de julio. Los otros objetivos principales de la hoja de ruta diseñada por el Gobierno central pasarán por la educación y la vuelta a las aulas en el mes de septiembre, y el relanzamiento de la industria de los sectores de la automoción y del turismo, para el que se cuenta con un plan de impulso que es presentará el jueves. Así lo adelantó ayer Pedro Sánchez a los líderes autonómicos en la decimocuarta videoconferencia que han mantenido desde el pasado 14 de marzo. Esta será la última de todas, ya que la próxima se celebrará en julio de forma presencial, como modo de escenificar la llegada de la llamada nueva normalidad a la política.

La apertura de las fronteras pone sobre la mesa la carta del turismo, el músculo económico del país, para iniciar la partida de una recuperación sobre la que planean la sombra de los recortes y de los eventuales rebrotes. De nuevo, el equilibrio entre la salud y el PIB como el gran dilema de esta crisis sanitaria. Aunque Sánchez no restó ayer gravedad a la situación y aseguró que «la amenaza de la pandemia no ha terminado», sí calificó de «éxito» la desescalada. «Los datos son mejores de los que yo me esperaba», llegó a reconocer.

En cuanto a la llegada de viajeros de terceros países, los que no tengan como origen la zona Schengen, se elaborará una «lista de países seguros» cuando estos cumplan tres requisitos: el estado de la epidemia en su territorio, reciprocidad y controles sanitarios. Esto se pondrá en marcha a partir del 1 de julio.

Pero la entrada de turistas en el país reabre el debate de los casos importados. El Gobierno se muestra convencido de que se producirán nuevos brotes de la enfermedad y al mismo tiempo confía en el sistema sanitario para detectarlos precozmente. Pero el anuncio tuvo una buena acogida entre los presidentes autonómicos, que lo calificaron de positivo para transitar hacia la normalidad y no cronificar el problema, como dijo el castellano-manchego Emiliano García Page, aunque sigue generando dudas.

La principal de ellas es establecer un plan para hacer frente a los rebrotes que no pase por volver a reactivar el estado de alarma. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, propuso a Sánchez crear planes nacionales para esos eventuales nuevos contagios, y otro específico en el aeropuerto de Barajas.

La otra duda se cierne en torno al reparto del fondo de 16.000 millones a las comunidades autónomas. Al respecto, el lehendakari, Iñigo Urkullu, pidió «claridad» en materia de disposición de recursos. Mientras el presidente catalán, Quim Torra, reclamó los 15.000 millones que, según el Govern, Cataluña necesita «para no verse asfixiada».