Un protocolo firmado en 2011 obliga a consensuar el enlace del TAV con Euskadi y Navarra

El Ministerio de Transportes, que en aquella legislatura tenía la denominación de Fomento y lo dirigía José Blanco, era el que asumía el encargo de licitar el estudio y redactarlo porque corresponde a sus competencias, pero a diferencia de otros proyectos donde el Estado decide y ejecuta, en el protocolo firmado hace catorce años se especifica negro sobre blanco la participación de las dos instituciones autonómicas implicadas y el consenso que debe haber por las tres partes en la elaboración del estudio informativo.

El protocolo en cuestión lleva incluido en su título el concepto de la «codirección del estudio informativo» del corredor ferroviario cantábrico-mediterráneo de alta velocidad en el tramo comprendido entre Pamplona y la Y Vasca. Tiene estampadas las firmas de Víctor Morlán, secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras en la última legislatura de Zapatero; de Iñaki Arriola, consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco que tuvo a Patxi López de Lehendakari; y de Laura Alba, homóloga en el Gobierno de Navarra de Miguel Sanz con fecha del 21 de febrero de 2011 en Madrid.

El estudio está dirigido por un técnico de Fomento al que se le suman dos coordinadores, uno de Euskadi y otro de Navarra, y el protocolo establece que «todas las decisiones que afecten a la concepción global del estudio informativo se consensuarán entre las administraciones participantes», que deberían haberse reunido «al menos» con una periodicidad semestral.

El estudio informativo es el paso previo y necesario en el proceso de elaboración de un proyecto como el del TAV, donde se tratan todos los aspectos técnicos a tener en cuenta. El protocolo no hace referencia a si la decisión final de si el TAV conecta Navarra por Ezkio o Vitoria es únicamente del Ministerio, pero sí transmite implícitamente que ese paso final deberá ser consensuado en tanto que el proceso y el resultado final se habrá conseguido tras la participación de las tres instituciones, que durante todos estos años ha tenido diferentes colores políticos.

Fomento, con el popular De la Serna al frente del Ministerio, publicó su último estudio informativo con su respectivo informe de impacto ambiental a finales de 2017, en el que se optaba por la alternativa de Vitoria al considerarla que estaba mejor valorada.

En ese proceso acordado en el protocolo de encontrar el consenso para la solución final, tanto el Gobierno Vasco como el navarro presentaron en marzo de 2018 sus informes de alegaciones con el fin de mejorar el estudio y tener la información más completa posible, pero esa interlocución, que no ha cumplido con la periodicidad semestral establecida, se quedó en el limbo desde el momento en el que el Ministerio de Transportes –ya con los socialistas en el gobierno– no ha respondido a las alegaciones expuestas por las dos comunidades autónomas, que concluían que, contra lo expuesto en el estudio informativo, la alternativa más adecuada era la de Ezkio-Itsaso.

Este marzo se cumplen siete años de aquel informe de alegaciones, y lo único que se conoce públicamente es que el gobierno central sí ha aceptado estudiar la tercera vía propuesta por los técnicos del Gobierno Vasco, que se trata de una mejora de la de Ezkio al rodear el trazado la sierra de Aralar y contar con una conexión directa con las vías en dirección San Sebastián y Francia. Sin embargo, tanto tiempo después, el estudio informativo y el de impacto ambiental están caducos debido a los procedimientos legales, por lo que es necesario volver a hacerlos y redactarlos.

El Ministerio está tratando de realizar las catas y sondeos en la sierra de Aralar para elaborar su estudio geotécnico, cuyas conclusiones se tendrán en cuenta en un nuevo estudio informativo que estará basado en criterios técnicos y en el que tanto Euskadi como Navarra deberían participar y estar de acuerdo tanto en el proceso de producción como en su resultado. Se espera que eso suceda durante este 2025, ya que las primeras previsiones apuntaban a finales de 2024 como fecha para conocer ese informe del Ministerio de Transportes.