Prisión y multa de 4,5 millones para una red de contrabando de tabaco de Orio

La condena es producto de un acuerdo al que han llegado la Fiscalía de Gipuzkoa, que en el proceso ha estado representada por Estela Rodríguez, y los letrados de la defensa. Los acusados han aceptado devolver 4,5 millones de euros, de los cinco en los que estaba valorado el tabaco que fue intervenido en la operación que ha dado lugar a este caso y que fue ejecutada por el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), una unidad adscrita a la Agencia Tributaria. La Fiscalía rebajó las penas de prisión que inicialmente pedía y que para alguno de los encausados ascendía a nada menos que diez años.

Los hechos objeto de este procedimiento se remontan a los años 2012 y 2013. Los cuatro guipuzcoanos y uno de los ciudadanos libaneses conformaban una red que se dedicaba a la introducción ilegal en el país de grandes cantidades de tabaco procedente de países no comunitarios para luego ser distribuidas bien en España, Reino Unido e Irlanda.

Para el transporte del tabaco, los encausados poseían un remolcador bautizado como 'White Eagle'. El buque tenía 32 metros de eslora y navegaba bajo pabellón de Honduras o Panamá, según su conveniencia. La organización lo había acondicionado para transportar tres contenedores con capacidad para 1.250.000 cajetillas. Dos de ellos eran de doce metros y el tercero, de seis.

La Fiscalía sostuvo que durante 2012 y principios del año siguiente, el navío realizó al menos cinco transportes de tabaco desde el puerto del Famagusta, en Chipre, que constituía su base de operaciones, hasta las costas españolas, aunque la organización hacía constar como destino oficial Sudáfrica o Senegal.

La operación de la Agencia Tributaria se inició con la vigilancia del remolcador por medios aeronavales del SVA. En los meses de julio y agosto de 2013, tres de los acusados pusieron en marcha los preparativos para realizar un envío de tabaco a España, que la organización tenía almacenado en Chipre. Con esta finalidad, uno de los oriotarras viajó hasta el citado país, donde tramitó los documentos necesarios al tiempo que adquirió varias tarjetas telefónicas de prepago, que las distribuyó entre los miembros de la organización para que pudieran comunicarse y coordinarse entre sí de forma segura, concertar reuniones y recibir las oportunas instrucciones del presunto cabecilla, afirmó la Fiscalía.

En esta ocasión, sin embargo, los acusados, con el fin de dificultar el seguimiento de la carga y ocultar su verdadero destino, decidieron establecer Egipto como punto de partida del transporte. Al parecer, lo hicieron porque pensaron que Chipre ya no era seguro. Así, contactaron con una empresa de Port Said dedicada a la reparación de buques, almacenaje y trámites aduaneros, y a continuación estudiaron qué ruta era las más favorable para llevar a cabo la operación.

En los meses siguientes, se terminó de diseñar el plan para transportar el tabaco de Chipre a Egipto. Finalmente, la mercancía llegó a Port Said por mar, a bordo de otro barco, en tres contenedores. En total había 2.000 cajas de la marca American Legend y 467 de Gem Red Cigarretes, valoradas en 4,9 millones de euros.

Los containers fueron cargados en el remolcador que el 22 de noviembre se hizo a la mar bajo pabellón hondureño rumbo a la costa de Menorca, «si bien para ocultar el destino real», argumentó la Fiscalía, los encausados hicieron constar en los documentos que el puerto de descarga era Lomé, capital de Togo.

Tras diez días de singladura, el barco consiguió arribar a la zona de Cala Porter, en la costa sur de Menorca, y en las horas posteriores comenzó la descarga del tabaco. Sin embargo, cuando llevaban alijadas tres cuartas partes, en concreto 1.711 cajas, valoradas en 3,5 millones de euros, interrumpieron la operación por causas que se desconocen. Mientras la mercancía era guardada en un almacén seguro, el barco se hizo de nuevo a la mar, si bien se quedó a pocas millas de distancia «a la espera de una nueva ocasión para descargar el resto del tabaco en la misma zona».

Finalmente, la tarde del 4 de diciembre de 2013, el barco fue abordado por el buque de operaciones especiales 'Fulmar' y se intervinieron otras 696 cajas preparadas para alijar y con un valor de 1,3 millones de euros. También fueron detenidos los seis miembros de la tripulación. Inmediatamente después del abordaje, funcionarios de SVA del País Vasco iniciaron la segunda fase de la operación y procedieron a la detención y puesta a disposición judicial de los dos principales dirigentes de la organización, y de una tercera persona. En el marco del dispositivo se procedió al registro de sus domicilios en Orio y San Sebastián, donde residía el capitán del remolcador.

Tras la conformidad alcanzada, el presunto cabecilla de la red ha sido sentenciado a dos años de prisión por delito de contrabando y a otros dos por pertenencia a grupo criminal. Otros dos encausados han sido sentenciados por idénticos ilícitos y el cuarto integrante ha sido condenado a penas que suman dos años y siete meses.

Los cuatro se comprometieron a pagar una multa de 4,5 millones de los que uno ya ha sido abonado, de forma que a los encausados les ha sido aplicada la atenuante de «reparación de daño». La cantidad restante ha de ser abonada en un plazo de cuatro años y once meses.