70 presos y dos sanitarias denuncian falta de salubridad y espacio en la cárcel de Donostia

En su denuncia, manuscrita y a la que ha tenido acceso este periódico, el recluso se acoge al procedimiento de Habeas Corpus, que salvaguarda su libertad personal y obliga a la jueza que se encontraba de guardia –la titular del juzgado de Instrucción nº 4– a una resolución en un máximo de 24 horas para verificar la veracidad de los hechos denunciados, o a su archivo. Los firmantes ruegan que la remitente comunique el contenido del documento a otras instituciones como el juzgado de vigilancia penitenciaria de Bilbao (el único en Euskadi), el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, la Fiscalía del País Vasco, Ararteko, el alcalde de Donostia, Eneko Goia; el Comité Europeo de Derechos Humanos y a la Organización Sindical de Reclusos y Exreclusos.

En su texto, los 72 que firman aseguran que el penal se está dando una «masificación horrorosa», con «cuatro personas por celda» en estancias previstas para dos «y están pensando en poner a cinco personas», lo que califican como «inhumano» y, además, añaden, «no para de entrar gente». Esta prisión, que «a primeros» de 2025 será sustituida por la nueva construida en Zubieta, según confirmó ayer el consejero vasco de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, cuenta en la actualidad con más de 350 internos. Y en ella, según los denunciantes, «se están concentrando muchas enfermedades, como la sarna», que vinculan a la alta densidad de reclusos y a una presunta falta de limpieza, o la «tuberculosis».

También apuntan una «falta de personal» en diferentes ámbitos como las oficinas, donde solo habría dos funcionarios que «no dan abasto y no tramitan bien todas las documentaciones», tanto personales como judiciales, con lo que algunas «se traspapelan, desaparecen o tardan en llegar a sus destinos hasta dos meses o más».

Señalan también a la junta de tratamiento –que se ocupa de evaluar a la población reclusa, valorar sus progresiones y regresiones de grado, concesión de permisos, etc.–, que llevaría «años sin funcionar bien», con «falta de coordinación» entre sus integrantes porque varios «no se hablan entre ellos», lo que menoscabaría su «derecho a la reinserción social».

Además, reclaman «una junta nueva» porque en la actual, afirman, «hay mucha gente con condenas cortas, con derecho a poder salir de permiso o en tercer grado y condicionales» que podrían salir de prisión «con pulseras telemáticas», pero «la junta de tratamiento no hace nada» por acelerar esos procesos. También denuncian que «los pocos funcionarios que han entrado»a trabajar últimamente, procedentes en su mayoría de bolsas de trabajo, «no tienen ninguna experiencia».

En este clima, la denuncia asegura que «la gente se está volviendo loca (en la cárcel). Hay muchas peleas» en las que se llegan a utilizar «cuchillas de afeitar» tanto para autolesionarse como para agredir a otros internos:«A uno le han cortado la cara, otras tres personas se han cortado y se han tirado al vacío de la parte alta de la cúpula» (aproximadamente una altura de casi un segundo piso, calculan), que se han saldado con roturas de tobillos o cadera». A la salida del hospital al que fueron trasladados como consecuencia de las lesiones sufridas, estos presos han sido «mandados a Vitoria (en referencia a la prisión alavesa de Zaballa)».

«También –concluyen– han tenido con tratamiento radiactivo», según detallan, a un interno pese a que el personal médico habría advertido que «no se podía hacer el tratamiento en el centro penitenciario porque podía poner en peligro la salud de los internos y los funcionarios», pero la dirección habría «hecho caso omiso a los médicos».