Las pistas del impuesto turístico municipal

El espejo en que puede mirar esta doble normativa bien podría ser el camino desarrollado por Cataluña y Baleares, las dos comunidades autónomas donde ya se aplica este tributo, que tiene una cobertura autonómica porque los efectos del turismo son más homogéneos territorialmente allí que en Euskadi. Puede ser una pista de lo que se imponga aquí.

Cataluña fue la primera comunidad autónoma que aprobó el Impuesto sobre Establecimientos Turísticos, que se cobra desde 2012. Allí el gravamen se divide en dos tramos: el autonómico (ahora entre 1 y 3,50 euros) y un recargo municipal que por ahora solo le está permitido a Barcelona (4 euros). La Ciudad Condal recibe íntegramente el tramo local y la mitad de lo que recaudan sus establecimientos por el tramo autonómico.

El impuesto se ha ido actualizando al alza con los años. De hecho, el recargo municipal no empezó a cobrarse hasta 2021. Estas subidas progresivas, unidas al aumento continuo de visitantes, ha hecho que los 6,5 millones que la capital catalana ingresó en 2014, se hayan multiplicado por 16, hasta 106,5 millones en 2024. De esa cantidad, tres cuartas partes (81,5 millones) proceden del recargo de 4 euros que aplica el Ayuntamiento, en tanto que el tramo autonómico aporta 25 millones.

El segundo caso más cercano es el de las Islas Baleares, donde este gravamen se mantiene activo desde el año 2016 y se conoce oficialmente como 'ecotasa'. Al igual que en Cataluña, el impuesto se cobra en todos los alojamientos turísticos de las islas y cruceros tanto a los turistas como a los residentes de Baleares cuando se alojan en un establecimiento.

En este caso las tarifas no hacen excepciones por isla; es decir, en Palma no se paga más que en Ibiza, pero sí varían en función del tipo de temporada. De esta manera, el montante a abonar es más elevado entre mayo y octubre que entre noviembre y abril. En temporada baja, la horquilla varía desde los 25 céntimos a pagar en un hostal al euro en un hotel, mientras que en temporada alta oscila entre un euro y los cuatro en el caso más caro. Dependiendo del año y de la afluencia de turistas a las islas, Baleares recauda alrededor de 140 millones de euros anuales a partir de este canon que revierten en diferentes proyectos ligados estrechamente con el propio turismo.

En ambos casos, aunque el pago de la tasa turística se considera universal, existen exenciones, una cuestión que deberán estudiar ahora las haciendas vascas. En Cataluña, por ejemplo, están libres de pagar este gravamen los menores de 16 años, las estancias que se realicen por fuerza mayor, como pueden ser catástrofes naturales o los actos violentos, o las pernoctaciones que haga cualquier persona por motivos de salud, al igual que su acompañante. También se excluyen las estancias subvencionadas por programas sociales de una administración pública de cualquier estado miembro de la Unión Europea.

En Baleares también existen excepciones aunque varían ligeramente respecto al caso catalán. En el archipiélago balear quedan exentas de la ecotasa las estancias de menores de 16 años y también los pasajeros de cruceros cuyos barcos tengan su puerto base en las islas. Además, a partir del noveno día de pernoctación en un mismo establecimiento, el impuesto se reduce un 50%.

Más allá del ámbito estatal, la tasa turística está implantada en más de un centenar de ciudades de una veintena de países europeos, prácticamente en la totalidad de capitales y en la mayoría de localidades importantes. En estos casos, existen diferentes modelos de tarifas. Por un lado, las ciudades que cobran un canon fijo, como puede ser París, Roma, Lisboa o Bruselas, y por otro las localidades donde el turista debe abonar un porcentaje del precio de la estancia. Este último es el caso de Berlín, Amsterdam o Viena, por ejemplo.

Definido el procedimiento para aprobar este tributo en Euskadi –marco jurídico foral e impuesto municipal– queda ahora por escribir la letra pequeña . Es decir, el diseño técnico y la plena cobertura legal de la normativa que regule cuánto dinero se cobrará a los turistas por pernoctar en según qué alojamientos, quiénes estarán exentos y a qué se destinará lo recaudado.

Después de años de negociación, con mesa de trabajo incluida, el Gobierno Vasco ha cedido a la pretensión del PNV de que, como la mayoría de impuestos en Euskadi, este también sea territorial y no autonómico. Una cuestión, en apariencia irrelevante, pero que explica el retraso acumulado en la aprobación de este gravamen. La competencia, por tanto, recaerá sobre cada territorio, por lo que serán las diputaciones las que regulen y elaboren la norma foral que creará un marco jurídico para que las localidades que deseen implantar el impuesto turístico se acojan a él, siendo los propios consistorios los destinatarios de la recaudación.

Esta doble normativa, y la necesidad de que los ayuntamientos interesados tengan que esperar a que las Juntas aprueben primero la norma foral, aventura que el cobro del impuesto turístico no será efectivo hasta bien entrado 2026. La norma foral debe aprobarse en las Juntas Generales, el parlamento guipuzcoano, donde el gobierno PNV-PSE, con un total de 24 junteros, a dos de la mayoría absoluta, deben contar con el apoyo de algún partido de la oposición –EH Bildu (22), PP (3), Elkarrekin Podemos (2)– para sacar esa regulación adelante. La Diputación se ha marcado el final del presente año para presentar una propuesta normativa.

Después de su aprobación, será el turno de los ayuntamientos decidir si van a querer implementar el impuesto turístico, consideración que someterán a debate y votación en sus respectivos plenos. Las haciendas forales deberán elaborar la horquilla de precios a cobrar y establecer si el impuesto dependerá de variables como la categoría del alojamiento, el tipo de temporada o el número de noches.

El recargo a las pernoctaciones es una cuestión que siempre ha defendido en Euskadi el Ayuntamiento de San Sebastián, la capital que más claramente ha mostrado signos de saturación turística y que ve en el impuesto una vía clara para reforzar los servicios municipales.

Donostia no quiere utilizar lo recaudado para promocionar el turismo, como hacen otras ciudades, sino para paliar los efectos del turismo en la ciudad y en la vida cotidiana de sus vecinos. Así, lo recaudado con este impuesto se incorporará en los Presupuestos municipales para reforzar servicios como limpieza, seguridad, transporte o mantenimiento urbano.

En espera del marco que definan las Juntas Generales de Guipuzkoa, el alcalde donostiarra, Eneko Goia (PNV), calculó a principios de año que los dos millones de pernoctaciones que registra cada año la ciudad podrían dejar con el impuesto «entre 7, 5 y 8,5 millones de euros» en las arcas municipales. Esta cantidad es lo que cuesta el servicio de limpieza viaria durante medio año.